A mediados de junio se produjo el cierre “desordenado” de la clínica iDental localizada en El Puerto (junto a otras de la franquicia en el resto del país), con el consiguiente perjuicio para un numeroso grupo de pacientes que, de la noche a la mañana, vieron cómo sus tratamientos buco-dentales se suspendían sin preaviso, y tener, una gran parte de ellos, que continuar pagando puntualmente las financiaciones vinculadas a dichos tratamientos sin finalizar.
Un perjuicio que, a día de hoy, también comparten, aunque en el plano laboral, los numerosos trabajadores (muchos de ellos dentistas) que han perdido su puesto de trabajo, incluso con nóminas atrasadas ya de dudoso cobro.
Al respecto y en coordinación con la delegación territorial de Salud de la Junta de Andalucía y asociaciones de consumidores, el Colegio Oficial de Dentistas de la provincia de Cádiz envió una circular a sus colegiados solicitando colaboración para que realicen a los afectados por este cierre informes de exámenes buco-dentales que certificarán qué parte de los tratamientos presupuestados están realmente ejecutados, respaldando documentalmente sus reclamaciones ante las correspondientes instancias, mediante la representación legal que libremente designe cada paciente.
Dichos informes permitirán a estos pacientes gaditanos reclamar posteriormente el perjuicio económico que se les haya ocasionado, e igualmente solicitar la paralización de las financiaciones vinculadas, certificando que no se han culminado los tratamientos.
A día de hoy, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, se han inscrito unos 70 dentistas voluntarios de la provincia que se han prestado a realizar, de forma desinteresada, dichas exploraciones; facultativos, que “en poco más de una semana, han realizado ya un centenar de exploraciones y sus respectivos informes a los primeros pacientes afectados”.
Por tanto, el paciente afectado por el cierre de iDental de El Puerto de Santa María (sólo si tiene tratamientos sin comenzar o finalizar) puede seleccionar alguna clínica del listado habilitado en la web del colegio (AQUÍ) y contactar con ella con el fin de recibir el examen buco-dental y el informe que indicará qué parte de los tratamientos presupuestados están realmente ejecutados. Para ello, deberá llevar consigo el DNI y los presupuestos que le facilitaron en la clínica reclamada, para que el facultativo voluntario pueda realizar su trabajo.
“SE NECESITA UN CAMBIO LEGISLATIVO”
El doctor Ángel Rodríguez Brioso, presidente del Colegio de Dentistas de Cádiz, se hace eco de la postura del Consejo General de Dentistas y cree fundamental que las clínicas dentales “dejen de estar en manos de empresarios ajenos al sector odontológico”, ya que lo que prima en ellos en la mayoría de las ocasiones es obtener el mayor beneficio en el menor tiempo posible, para lo que se necesita un cambio legislativo que defienda que la mayoría del patrimonio social y del número de socios en este tipo de sociedades corresponda a los propios dentistas.
Además, y en relación a ello, el Colegio gaditano insiste en ver necesaria la regulación de la publicidad sanitaria, ya que la mayoría de estas clínicas low cost desarrollan un modelo de publicidad muy agresivo, llegando, bajo el punto de vista del presidente, al presunto engaño muchas veces.
Desde el Colegio de Dentistas se quiere también informar y advertir a la población del riesgo que supone pagar o financiar en su totalidad y por anticipado el coste de los tratamientos odontológicos, algo que suele ser habitual en algunas cadenas o clínicas dentales. Se pone de manifiesto que con este tipo de financiación, en caso de que, debido a circunstancias ajenas al paciente, el tratamiento no pudiera terminarse o llevarse a cabo, el paciente mantendrá una deuda económica con las financieras por un tratamiento que nunca llegará a recibir. “Lo recomendable sería abonar los importes correspondientes a los tratamientos que se hayan realizado, sobre todo, en caso de clínicas de ‘no facultativos’, sobre los que la organización colegial no puede ejercer su tarea de control”, se subraya. Asimismo, se recuerda que el dentista que le atienda “debe tener nombre, apellidos y número de colegiado”.
EL AYUNTAMIENTO HABILITA UN “SERVICIO ESPECIAL” PARA LOS AFECTADOS
Por su lado, el alcalde de El Puerto, David de la Encina, junto al concejal de Comercio, José Luis Bueno, se reunían días atrás con una representación de personas afectadas por el cierre de iDental, a las que mostró voluntad de colaborar con ellas en sus reivindicaciones.
En concreto, desde el Consistorio se van a disponer varios puntos de atención a las personas afectadas y se va a elaborar información específica para que estas personas tengan conocimiento de los pasos a dar para poder tramitar su reclamación: además de en la propia OMIC, en la OAC, en el Centro Cívico y en la Oficina de Atestados y Asuntos Judiciales de la Policía Local.
La propuesta del Gobierno local pasa también por designar desde Policía Local a una persona conocedora de los procedimientos de reclamaciones que pueda canalizar todas las dudas y conseguir una unidad de acción y coordinación, en Policía Local, junto con el personal técnico de la OMIC.
Los representantes municipales también han anunciado que se van a iniciar contactos con el Colegio de Abogados para estudiar la posibilidad de que un letrado de oficio se pueda centrar en exclusiva a asesorar y defender estos casos.
