El último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha sacado adelante un decreto ley de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares, con el que se quiere resolver una situación que en la comunidad autónoma implica a más de 300.000 viviendas ilegales y que en la provincia de Cádiz atañe a 45.000, “poniendo fin a años de caos jurídico y urbanístico con una norma basada en la protección ambiental y la simplificación de trámites”.
La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, no ha tardado en aplaudir esta aprobación. Y de la misma manera lo ha hecho la portavoz provincial de su partido, el PP, Carmen Sánchez, repitiendo prácticamente las palabras de Mestre.
“Esta norma, en cuyo desarrollo será fundamental la colaboración de los propietarios y los ayuntamientos afectados, trata de integrar, normalizar y equilibrar el territorio andaluz, además de dar una respuesta clara a los dueños de estas edificaciones repartidas por toda la comunidad”, afirma la máxima responsable del bipartito andaluz de derechas en la provincia.
Según los datos recabados por la consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, “una estimación realizada por los servicios de inspección”, en la provincia gaditana habría unas 45.000 viviendas irregulares. Por zonas, en la Bahía de Cádiz, rondarían las 16.951; en La Janda, 6.841; en la Bahía de Algeciras, 5.358; en la Costa Noroeste, 6.841; y en las Serranías de Cádiz y Ronda, 14.078.
Mestre, en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, ha insistido en que en la región “existe un grave problema generado por las edificaciones irregulares construidas al margen de la legalidad urbanística sobre las que ya no es posible adoptar medidas para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico, al haber transcurrido el plazo del que dispone la administración para actuar sobre las mismas”.
“NO ES UNA AMNISTÍA”
Con este decreto ley, “no se quiere dar una amnistía”, aclara. “Se priorizará la actuación inspectora y sancionadora, pero al mismo tiempo se da una respuesta a la problemática actual sustentándose la norma en tres pilares”, añade.
Primero, ampliar la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO) que permite que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.
Hasta la fecha no se admitía la declaración de AFO a las edificaciones aisladas en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable o las edificaciones situadas dentro de asentamientos (grupos de edificaciones) una situación que ahora se enmienda; este decreto ley permite el acceso al AFO a cualquier edificación ilegal excepto a viviendas que están aún en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia, o las asienten sobre suelos de especial protección.
Seguidamente, la obligación de que los asentamientos deben figurar en los planes generales y, una vez superado ese paso, los ayuntamientos tendrían que desarrollar un plan especial o un plan parcial para cada uno de los asentamientos. Así, en cuanto a las que se podrán regularizar de todas ellas, dependerá de si cumplen los requisitos y de la voluntad de propietarios y los propios consistorios. Se asegura que ahora se simplifica y agiliza el proceso ya que antes había que esperar una media de nueve años para aprobar un PGOU, más los 20 meses que requería un plan especial.
Por último, la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales. Los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.
Con todo ello, la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz ha insistido en valorar el “compromiso” de PP y Cs de “hacer frente a un problema ya convertido en endémico y que los anteriores gobiernos no han conseguido solucionar”. Desde la provincia, ha añadido, “se priorizará la actuación inspectora y sancionadora para que no se vuelva a producir el problema, aplicando así la competencia en materia de disciplina urbanística”.
