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UGT exige a la presidenta de la Diputación de Cádiz el cese del vicepresidente Ortiz; del “posible nepotismo” a la “persecución sindical”

Responde con dureza la “temeraria” reacción de este político del PP tras acusar al sindicato de “mentir” en su denuncia sobre la cesión ilegal de trabajadores en el Servicio de Recaudación; le recuerda más de una docena de sentencias firmes y el “derroche” por incumplirlas, y reitera el “trato preferente” a la hermana de Loaiza.

Redacción Firmado por Redacción
10 de julio de 2025
/tiempo de lectura: 4 minutos/
A A
Ortiz, en un pasado pleno provincial / FOTO: Eulogio García

Ortiz, en un pasado pleno provincial / FOTO: Eulogio García

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Tercer capítulo del rifirrafe entre UGT y el Gobierno derechista en la Diputación de Cádiz a raíz de una denuncia sindical lamentando la situación “injusta, discriminatoria y anticonstitucional” que arrastran varios trabajadores desde hace unos años en el Servicio Provincial de Recaudación, dejando caer incluso “un posible caso de nepotismo y trato de favor”, relacionado con la hermana del expresidente de la institución entre 2011 y 2015, José Loaiza.

Dicha acusación fue replicada rápidamente por el portavoz del equipo de Gobierno provincial, Juan José Ortiz, calificando de “mentiras” las afirmaciones de UGT sobre el cumplimiento de varias sentencias judiciales por este caso de cesión ilegal de 13 trabajadores al Servicio de Recaudación en el año 2019. “Se están utilizando las siglas de un sindicato para un tema que es estrictamente personal, no sindical”, llegaba a afirmar este político del PP.

Sin embargo, el sindicato denunciante y aludido ha optado por no quedarse callado, y ha respondido a Ortiz con un largo y denso comunicado en el que además pide su cese a la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, por unas declaraciones “muy desafortunadas y temerarias intentando señalar a nuestros representantes sindicales con nombres y apellidos; prácticas que pueden ser indiciarias de una posible persecución sindical”.

“Esperemos no tener que recordarle lo que significa la libertad sindical, ni tampoco otras prácticas de épocas oscuras que se daban en prisiones fascistas y franquistas de Cádiz contra sindicalistas de UGT”, se apostilla en la nota trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz.

 

DEFENDIENDO LA LEGALIDAD DE LAS SENTENCIAS

UGT acusa directamente al también vicepresidente Juan José Ortiz de intentar desprestigiar tanto a la organización sindical como a varios fallos judiciales firmes. Así, asevera que existen “once sentencias de tres salas del Juzgado de lo Social y seis sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia, más varias sanciones de la Inspección de Trabajo”, que avalan su denuncia sobre cesión ilegal de trabajadores.

En este contexto, critica que este político haya calificado estos fallos como una forma de “entrar por detrás en la Diputación” por parte de afiliados del sindicato o como un asunto personal, lo que supone “insinuar que los magistrados rozan la prevaricación”. Pero además, se le recuerda a Ortiz que “también por sentencia judicial ha entrado bajo su mandato la hermana de su compañero del PP José Loaiza”.

En este punto, se reta al diputado a que muestre primero que su director de Función Pública “presuntamente no ha cumplido directrices políticas aplicando la ‘Doctrina Loaiza’, y que enseñe el recurso de suplicación que le han practicado a la hermana del expresidente popular y exalcalde de San Fernando”. “La Diputación ha recurrido todos los pronunciamientos judiciales favorables a los trabajadores, menos el relacionado con la hermana de José Loaiza”, se sostiene.

UGT también refresca a Ortiz, “quien curiosamente es jurista”, que durante el actual mandato del PP en la institución provincial se han producido “más de una decena de sentencias no cumplidas”, y que ha sido condenada por el Juzgado de lo Social a pagar cuantías superiores a los 3.000 euros por trabajador en concepto de costas. “¿Sabe su presidenta el derroche de dinero público que supone esto?”, cuestionan.

“LE INVITAMOS A ESTUDIARSE BIEN LOS EXPEDIENTES”

El comunicado de este sindicato también pone en duda el control que ejerce Ortiz sobre su propia área: “tampoco sabe lo que ocurre en su propia Área de Asesoría Jurídica”, afirma UGT, que sostiene que algunos letrados han pedido aplazamientos judiciales por sobrecarga de trabajo. Se precisa que “no son solo dos sentencias” y se acusa al diputado popular de ocultar la realidad: “han sido más de cinco despidos nulos y trece sentencias firmes y favorables a los trabajadores del Servicio Provincial de Recaudación; a quienes les han dado bajo su mandato como vicepresidente un trato diferente que al de la hermana de Loaiza”.

“Le recomendamos reciclarse y volver a pisar la Facultad de Derecho, al menos para repasar las asignaturas de Derecho del Trabajo, de Derecho Procesal, e incluso de Penal, así volverá a aprender que un posible caso de nepotismo o trato de favor puede conllevar la prevaricación de un cargo o empleado público: artículo 404 del Código Penal”, se subraya.

“DERROCHE INNECESARIO DE DINERO PÚBLICO POR SU INEFICACIA”

“Parece mentira que sea abogado y haga el ridículo públicamente con un alegato al cumplimiento de la Ley -insisten en su contundente nota desde el sindicato-, cuando ha sido en varias ocasiones el Juzgado de lo Social quien ha condenado en costas a la Diputación por no cumplir sentencias firmes (más de 30.000 euros en costas y más de 95.000 euros en reclamaciones de cantidad bajo el mandato del PP). ¿Estos últimos importes son chantaje político, o es un derroche innecesario de dinero público por su ineficacia y la de su director de Disfunción Pública?”.

UGT también rechaza lo que interpreta como un intento de Juan José Ortiz de “manchar el histórico nombre” de su organización, “insinuando que nuestros representantes sindicales hacen mal uso de las siglas o chantajes políticos”: “defendemos y defenderemos los derechos laborales de trabajadores piensen como piensen y tengan la ideología que tengan, no somos sectarios, y jamás hacemos distinciones políticas entre las personas que defendemos o se afilian, tampoco les favorecemos laboralmente por ser afines o pertenecer a nuestra organización otorgándoles un cargo de director, máxime sin cualificación para ello”.

En resumen, este sindicato dice verse “obligado” a poner las declaraciones del vicepresidente de la Diputación en manos de su gabinete jurídico y de la Justicia.

Y se vuelve a reclamar a la presidenta Martínez del Junco “que frene el calvario judicial que están sufriendo los compañeros del Servicio Provincial de Recaudación y sobre todo el derroche de dinero público que ha provocado estos procesos judiciales por la inacción y la ineficacia de Ortiz y su director de Función Pública, estando estos últimos más pendientes de aplicar la ‘Doctrina Loaiza’ que de reconocer y decir la verdad”.

Tags: provincia de CádizUGT
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