Más de 13.000 hogares gaditanos tienen reconocido actualmente el Ingreso Mínimo Vital (IMV), nuevo derecho aprobado por Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos a finales de mayo que establece una renta garantizada a familias y personas vulnerables. En la provincia, en los primeros cuatro meses, se han presentado alrededor de 43.000 solicitudes.
Los datos los revelaba el jueves la Subdelegación del Gobierno, horas antes de la protesta promovida este viernes a mediodía por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ante la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Cádiz para reclamar un IMV “que llegue a todas las personas y en especial las más desfavorecida, que se simplifiquen los trámites teniendo en cuenta la brecha digital y se contrate más personal para acabar con la indefensión ciudadana”.
Este colectivo subraya en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que ha apoyado este nuevo derecho puesto en marcha, “y nos parece positivo”; no obstante, considera que “es preciso dar un toque de atención al Gobierno para que ponga personal suficiente, para que simplifique la tramitación y para que se puedan acoger todos los sectores que lo necesitan”.
La Apdha sostiene que desde que el pasado 15 de junio se lanzara formalmente el tan anunciado Ingreso Mínimo Vital, “somos muchos los colectivos que hemos visto cómo esa ventanita que se abría para las personas en situación más vulnerable, se ha cerrado en la práctica”. “Nos parece un avance social y una cuestión de justicia esta prestación imprescindible para intentar paliar las desigualdades sociales que sufren las personas y colectivos con más dificultades en nuestra sociedad. Sin embargo, queremos poner en evidencia las importantes deficiencias que la ley que implementa el IMV tenía ya de partida”, se apostilla.
Al respecto, se subraya que los requisitos establecidos en dicha ley “hacen que el acceso resulte, en numerosas ocasiones, imposible la práctica a sectores sociales en situación de gran vulnerabilidad o excluidos como las personas sin hogar, personas migrantes en situación administrativa irregular o las trabajadoras sexuales. Añádase la tramitación telemática que no está al alcance de la mayoría de los sectores vulnerabilizados a los que supuestamente se quiere dar respuesta”.
Pero, además, “se hace imprescindible acreditar la situación de pobreza que, a falta de desarrollo reglamentario, está provocando que muchos colectivos, los excluidos de los excluidos, se queden fuera de la ley; hasta para ser pobre hacen falta documentos que lo demuestren”, se remarca.
Y la realidad es que a día de hoy “son cientos de miles las solicitudes que no han obtenido ninguna respuesta y las personas solicitantes se encuentran en un estado de desconcierto y ansiedad, a la vez, producido por la falta de respuesta e información”.
En resumen, “lo que era una ventana de esperanza que pudiera ser una herramienta para luchar contra la pobreza y la desigualdad se ha convertido en una puerta cerrada y en una nueva forma de seguir estigmatizando tanto a personas como a colectivos concretos”, se entiende desde la Apdha.
“HAY QUE RESOLVER LAS ACTUALES DIFICULTADES DE LA LEY”
“Creemos que todas las personas deben tener derecho a una existencia y condiciones de vida digna. Ello implica que todas las personas puedan tener derecho a unos ingresos garantizados y suficientes. Pero también implica necesariamente acabar con la exclusión social, la pobreza y la sangrante desigualdad”, se insiste, y para ello se reivindica una renta social o básica para todas las personas que no dispongan de recursos suficientes, siendo consciente de que mantener este conjunto de medidas sociales “exige acometer una profunda reforma fiscal progresiva que compense a las personas desfavorecidas con unos criterios de solidaridad y de igualdad social”.
En ese camino, la Asociación Pro Derechos Humanos cree que el vigente IMV “puede ser un paso decisivo”. Aún, precisa, “podría serlo si se resuelven las actuales dificultades”, y para ello plantea como “imprescindible”: que se simplifique la burocracia; ampliar la plantilla contratando el personal suficiente para atender dignamente a la ciudadanía; que la cantidad sea suficiente para proporcionar medios para un mínimo de dignidad vital y que en la práctica no excluya de otras prestaciones complementarias; que la prestación no esté condicionada a las exigencias relacionadas con el empleo ni a los ingresos del año 2019; y que se desarrolle el reglamento para que se incluyan de forma específica y con procedimientos especiales a todos los sectores sociales más desfavorecidos hoy excluidos.
EL INSS EN CÁDIZ INCREMENTA PLANTILLA
Actualmente, en la provincia gaditana, la prestación se ha reconocido a más de 8.500 solicitantes, a los que hay que sumar los 4.665 que en junio recibieron de oficio el primer pago de oficio su derecho. El número de expedientes totales válidos, eliminando los duplicados, es de 41.930. De ellos, se han resuelto 16.201, resultando denegados 7.708.
En todo el Estado, el INSS ha reconocido en estos primeros cuatro meses a más de 136.000 hogares el IMV (y se han denegado 192.113 solicitudes). De esta forma, se calcula que la prestación llega a más de 400.000 personas, de las que prácticamente la mitad son menores. Se han recibido 975.000 expedientes válidos. El ritmo de tramitación ha ido aumentando desde septiembre.
El subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, repite que “el IMV es el mayor avance social que nuestro país ha experimentado en mucho tiempo. Estaba previsto aprobarlo a lo largo de la legislatura, habiéndose adelantado con el objetivo de paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia. Se trata de un proceso complejo que, como tal, se encuentra en pleno periodo de puesta en marcha”.
En este sentido, ha hecho hincapié en el compromiso de los empleados públicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social “que están trabajando sin descanso y de manera muy minuciosa para que la prestación llegue lo antes posible a los beneficiarios y para que no se produzcan errores en la tramitación”.
Al respecto, ha anunciado que para continuar agilizando la tramitación de esta prestación, el INSS se está reforzando a través de la contratación de “nuevos interinos” (no se concreta el número), que se están incorporando entre esta semana y la que viene.
Del mismo modo, ha recordado que, una vez reconocido, el IMV se percibe con efecto retroactivo desde el 1 de junio. A esto se une que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha ampliado hasta el 31 de diciembre el plazo de presentación de solicitudes.
Cádiz es actualmente una de las provincias en las que hay más solicitudes y donde se están resolviendo más expedientes, destaca este político del PSOE, incidiendo en que “es un proceso complicado en el que la administración está poniendo todos los medios a su alcance”.
La renta media garantizada a través de esta prestación es de 10.070 euros al año por hogar. “El IMV representa toda una política social ya que busca reducir el nivel de pobreza, pero va más allá, puesto que persigue acabar con la exclusión garantizando una mejora real de oportunidades sociales y laborales de las personas beneficiarias, incluyendo estrategias para el acceso al empleo y la formación”, sentencia Pacheco.
