La consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha replicado la alarma lanzada por la Diputación de Cádiz, tras hacer público que la administración autonómica, ahora con gobierno de derechas, ha decidido no renovar el convenio de colaboración que mantiene desde 1985 para el mantenimiento de los Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA) en la provincia y la atención de personas con drogodependencia (cuenta hoy día con 6.700 usuarios, y un centenar de profesionales).
Desde Salud se sostiene que se ha trasladado a las corporaciones locales, que los fondos que aporta para contribuir al mantenimiento de estos centros “deben ser solicitados como subvención extraordinaria para poder concederse”.
De este modo se lamenta que la Diputación gaditana, con gobierno de PSOE y La Línea 100×100, “haya acusado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de no querer continuar con la concesión de subvenciones, cuando la entidad provincial ha sido informada, tanto por correo electrónico como por correo certificado, de que ante la imposibilidad de proceder a la concesión de la subvención mediante convenio de colaboración, se iba a buscar una alternativa como son las subvenciones excepcionales, por lo que se le ha remitido ya modelo de solicitud, relación de documentación a adjuntar y aclaraciones sobre posibles dudas”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, dicha consejería trata de aclarar que la atención a las personas con problemas de adicciones “no ha corrido peligro nunca”, puesto que “desde el principio se ha manifestado la voluntad e interés en mantener la red de adicciones íntegramente y la colaboración con las entidades locales, destinando a las diputaciones los fondos que han solicitado”.
LA VERSIÓN DE LA JUNTA
Así, se añade, deben solicitar “cuanto antes” la subvención extraordinaria para tramitarla en plazo, antes del cierre presupuestario y abonar las cantidades. Las subvenciones de la Junta de Andalucía para la atención a las personas con problemas de adicciones por parte de diputaciones y ayuntamientos, venían siendo reguladas por la Orden de 21 de julio de 2005. En 2010 entra en vigor, el Decreto 282/2010, de 4 de Mayo, que por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de concesión de subvenciones de la administración de la Junta, que establecía un plazo de seis meses para adecuar las bases reguladoras a dicho reglamento.
La consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que tenía las competencias en materia de adicciones durante los últimos años, admitía las solicitudes de convenios en los términos marcados por la Orden de 2005 sin que ésta fuese actualizada, tal y como se recoge en la normativa posterior.
En febrero de 2019, las competencias en materia de drogas y adicciones pasan a la consejería de Salud, y en el momento en que las propuestas de concesión de subvención instrumentalizadas mediante convenio, se remiten a la Intervención Central del SAS, a fin de que proceda a su preceptiva fiscalización, la referida intervención emite informe de reparo el 17 de octubre, al no estar la Orden de 21 de julio de 2005, adaptada a la normativa vigente.
No obstante, desde la asesoría jurídica del SAS se ha valorado la viabilidad, en aras de solucionar la situación y continuar con el sostenimiento de la red pública de drogodependencias, de poder conceder subvenciones excepcionales. “De dichas circunstancias han tenido conocimiento todas las entidades locales afectadas, entre ellas la Diputación de Cádiz”, se reitera.
La atención anual a las personas con drogodependencia en Cádiz se presupuesta en unos 6 millones de euros de los que la Diputación aporta algo más de 3,9 millones de euros. La Junta, por su lado, contribuye hasta ahora con algo menos de 1,9 millones, según el convenio que parece que se da por roto. Con el total se sostienen los 16 centros de la provincia y se pagan las nóminas de un centenar de profesionales.
CUESTIONAN LA “FALTA DE SENSIBILIDAD” DE LA JUNTA
En la misma jornada del jueves, Adelante Andalucía y UGT han reaccionado a esa posibilidad de que la Junta dejara de aportar fondos para la atención de la drogodependencia a través de las diputaciones provinciales.
En el caso de la coalición de Podemos e IU, ha anunciado que va a solicitar en el Parlamento andaluz la comparecencia del consejero de Salud, Jesús Aguirre, y la de la consejera de Políticas Sociales, Rocío Ruiz, para que den puntual información al respecto. Para la parlamentaria Ángela Aguilera “la suspensión de los fondos territoriales para los centros territoriales de atención a la drogodependencia es una cuestión muy grave; no se pueden quedar desatendidos. Esto nos demuestra una vez más que estamos ante un gobierno andaluz con muy poca sensibilidad social”.
Por su lado, desde la sección sindical de UGT en la Diputación gaditana se mantiene que con esta decisión de la Junta (de no renovar el convenio), lo que pretende el Gobierno andaluz “es el desmantelamiento de los servicios públicos en nuestra provincia con la consiguiente de destrucción de empleo público, abandonando un servicio imprescindible como es el de la atención a una parte altamente vulnerable de nuestra sociedad, como son las personas con problemas de adicciones”.
