La Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz (GICA) ha celebrado en Jerez su asamblea general anual, un encuentro que ha reunido a más de un centenar profesionales del sector para analizar la evolución del mercado gaditano durante el último ejercicio y abordar los desafíos que marcarán 2026.
En un contexto en el que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas en todo el Estado español, principalmente por la avaricia y especulación sin control y el desembarco de fondos buitres, y el auge en determinadas ciudades de los apartamentos turísticos que están limitando la oferta e incrementando los precios de los alquileres, estos representantes de inmobiliarias en Cádiz hablan de “actividad estable en el mercado de compraventa, pero con tensiones estructurales que afectan especialmente en el ámbito del alquiler residencial”.
Según los últimos datos del Barómetro Inmobiliario de GICA, correspondientes al segundo semestre de 2025, el mercado gaditano ha mantenido un volumen de operaciones sostenido, “con un claro protagonismo de la vivienda habitual y del comprador local”. Sin embargo, la oferta ha continuado siendo insuficiente para absorber la demanda, “lo que ha generado mayores dificultades de acceso, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias”.
A decir de la presidenta de GICA, Pepa Gavilán, la provincia de Cádiz “cuenta con un mercado inmobiliario sólido, muy vinculado a la demanda real de vivienda habitual y con escaso componente especulativo. Eso nos ha dado estabilidad, pero también ha evidenciado nuestros límites estructurales: no estamos generando suficiente oferta para atender las necesidades actuales”.
MENOS ALQUILERES Y MÁS CAROS, Y MAYOR DEMANDA
La situación del alquiler ha centrado a su vez buena parte del debate la asamblea, se relata en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz. La caída de la oferta de arrendamiento de larga duración ha sido significativa, mientras que la demanda ha seguido creciendo, “provocando desplazamientos hacia municipios periféricos y un aumento de la presión sobre determinados tramos de precio”.
“Cada vez más inquilinos han tenido que ampliar su radio de búsqueda porque no encontraban vivienda en su municipio o porque los precios superaban su capacidad económica. Esto demuestra que el problema no ha sido coyuntural, sino estructural”, interpreta Gavilán.
Por otro lado, esta asociación (que agrupa a más de un centenar de empresas del sector inmobiliario que colaboran cruzando clientes compradores y vendedores) reclama que el sector participe activamente en el debate parlamentario sobre la normativa autonómica de vivienda, con el objetivo de reforzar la colaboración público-privada y garantizar un marco estable.
Y ha insistido en la importancia de seguir avanzando en la profesionalización del sector y en la implantación de herramientas que protejan al consumidor y combatan el intrusismo.
