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El pleno de la Diputación exige carga de trabajo para Navantia San Fernando y acepta una auditoría externa en el Consorcio de Bomberos

Redacción Firmado por Redacción
20 de diciembre de 2017
/tiempo de lectura: 7 minutos/
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La Diputación de Cádiz ha celebrado este miércoles 20 su pleno mensual de diciembre y el último de 2017, en un tono distendido y con un alto grado de consenso, ya que han prosperado un gran número de las mociones sometidas a votación: en concreto 14 de las 18 presentadas por los grupos políticos. Un consenso que se ha hecho más notorio en aspectos claves para el desarrollo económico de la provincia, como la pesca, las infraestructuras ferroviarias o la carga de trabajo para Navantia en San Fernando, sobre los que se han alcanzado acuerdos cas unánimes.

Pero sin duda el punto que ha ofrecido la imagen más infrecuente ha sido en el que se ha informado sobre las medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales que ha puesto en marcha el equipo de Gobierno. El diputado de Servicios Económicos, Jesús Solís, ha comparecido con tres cajas con copias de las facturas sin pagar ni conformar correspondiente al anterior mandato, con gobierno del PP presidido por José Loaiza.

Dicha morosidad la ha atribuido Solís a estas facturas de las que no se tenía conocimiento. También ha recordado al portavoz de la derecha y expresidente que la cifra de deuda reconocida pendiente de pago es 2 millones inferior a la que en 2015 presentaba la institución cuando estaba en manos del PP. Loaiza, por su lado, ha defendido que el incumplimiento de los plazos que prevé la ley de pago a proveedores es independiente y anterior a la aparición de estas facturas.

Finalmente, según informan desde la Diputación en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, las copias de las facturas han sido entregadas a Loaiza quien ha mostrado su disposición a reunirse con Solís para aclarar a qué se corresponden y dar solución a estos impagos que han florecido a estas alturas de mandato.

 

Mientras, la versión de los conservadores del debate de este punto es que el responsable de Hacienda sigue “sin aclarar” las razones por las que la institución provincial adeuda 14,1 millones de euros a proveedores y ha señalado que “culpar a Rajoy, Montoro o al anterior gobierno provincial del PP es otra mentira y una obsesión de Irene García”. Es más, se ha dejado caer que la actual presidenta “gasta sin medida como Francisco González Cabaña y niega la realidad como Zapatero”.

A juicio de Loaiza, “la única razón por la que Diputación no cumple con el periodo medio de pago a proveedores es el gasto sin medida y sectario por parte de la presidenta, el colapso en Hacienda por la desastrosa gestión de Solís y el desprecio por el dinero público tanto de una como del otro”.

NAVANTIA, LA ALGECIRAS-BOBADILLA Y PESCA

Por otro lado, durante la sesión ha estado presente la situación del astillero de Navantia San Fernando, con apenas carga de trabajo, frente a lo que ocurre en las plantas de la capital y de Puerto Real. El acuerdo no ha sido unánime en todos los puntos, ante la postura contraria de Ganemos Jerez a que la empresa pública ejecute los controvertidos encargos para Arabia Saudí –las famosas corbetas de las que, por otro lado, hace meses que no se sabe nada-, mientras que IU se ha abstenido.

Los términos del acuerdo promovido por el PSOE aprobado incluyen una petición al Gobierno central para de que dé explicaciones por sacar a concurso público la construcción de un nuevo Buque de Acción Marítima Intervención Subacuática (BAM-IS) para la Armada española, en lugar de adjudicarlo de manera directa a la factoría isleña, y no dar cumplimiento a convenios vigentes que establecen la adjudicación directa a esta planta. Del mismo modo se pide que se haga valer dicho acuerdo de 2001 que establece que esta sede de Navantia es la preferente en construcción naval militar del Estado.

Asimismo la moción demanda que se garantice la carga de trabajo y se formalicen los acuerdos de construcción de corbetas para Arabia Saudí, como fue anunciado hace dos años.

Sí ha habido unanimidad en la petición al Gobierno de Rajoy de un calendario que permita la finalización de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla para los años 2017-2020, que garantice la dotación presupuestaria para su ejecución efectiva. La moción del PSOE insiste en la necesidad de que se tomen de manera urgente medidas por parte del Gobierno para que se puedan poner en funcionamiento las dos subestaciones eléctricas necesarias para suministrar energía a estas infraestructuras básicas para la conexión ferroviaria de la comarca del Campo de Gibraltar, así como la declaración de impacto ambiental del tramo Ronda-Antequera. Pese a que en ocasiones anteriores otras mociones sobre estas obras no habían encontrado el respaldo de la derecha, en este caso todos los grupos se han sumado a la petición.

Igualmente todos los partidos han votado a favor en dos puntos sobre el sector pesquero: a través de una moción socialista sobre la pesca del atún rojo, y de IU en referencia a los cupos de capturas de sardina, boquerón y jurel.

La moción socialista ha trasladado al conjunto de la Corporación los acuerdos alcanzados en la Mesa de la Almadraba. Una vez más la propuesta refleja disconformidad por la escasa cuota que se ha asignado a las pesquerías gaditanas y solicita a la Unión Europea un aumento del tonelaje permitido capturar, teniendo en cuenta el carácter social y sostenible que tienen las almadrabas y las artes de pesca tradicionales que se practican en la provincia. Para ello, se han pedido ayudas al Gobierno español y a la Junta de Andalucía en aras de encontrar el mayor apoyo institucional posible a estas medidas. En el caso de la propuesta sobre la sardina de IU, se incluyen instancias a la UE para que tenga una especial consideración en sus medidas para poblaciones con problemas de paro y exclusión social; a la Junta para que haga homogénea la regulación de pesca para todos los puertos; y al Gobierno, para que emprenda cambios normativos que garanticen precios mínimos, y para que impulse el cumplimiento de pagos de las ayudas.

AUDITORÍA EXTERNA EN EL CONSORCIO DE BOMBEROS

Por otra parte, en vista de las investigaciones de judicial sobre el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz y la presunta malversación de más de 7,5 millones de euros de fondos del ente público, todos los grupos han apoyado la moción de Sí se puede Cádiz para la realización de una auditoría externa en esta entidad; la misma aprobada hace unos días en el pleno del Ayuntamiento de Cádiz. La propuesta, con una enmienda del PSOE, concreta que se auditen aspectos como la relación de puestos de trabajo, la financiación, o la ejecución del presupuesto en los últimos diez años.

En materia cultural se ha instado a la Junta, a iniciativa del PP, a firmar con el Ayuntamiento de Jerez un convenio para la puesta en valor del yacimiento arqueológico Mesas de Asta. También en relación con Jerez, se ha aprobado por unanimidad y con sendas enmiendas de Sí se puede Cádiz, sobre garantías del buen cuidado a los animales, y del PSOE, con algunos aspectos técnicos para que pueda adaptarse a la normativa, la solicitud la Junta la admisión de la Doma Vaquera como Bien de Interés Cultural de Andalucía. Otra moción popular, con diferentes medidas en beneficio de la ganadería de la provincia para paliar las consecuencias de la sequía, ha salido adelante.

Asimismo, con respecto a la sequía, el extinto PA ha logrado que el pleno respalde una serie de acciones encaminadas a paliar y prevenir sus efectos, ya que según su portavoz, la vicepresidenta segunda, Maribel Peinado, «es ahora cuando aún hay agua, cundo hay que tomar medidas”. Los andalucistas también han visto cómo se aprobaba por unanimidad su moción instando al Parlamento andaluz a poner en marcha una ley contra los cortes de suministro de luz y la pobreza energética.

En materia educativa, se ha aprobado la propuesta socialista para instar a los partidos del Parlamento regional a que se modifique la ley para posibilitar la gratuidad del primer ciclo de educación infantil.

También en el capítulo de acuerdos entra la moción conjunta de Sí se puede Cádiz y Ganemos Jerez para el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (los CIEs), que ha prosperado con el único voto en contra del PP; y la instancia al Gobierno de una serie de medidas para aplicar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, en una iniciativa de IU. La sesión además ha servido para adoptar una declaración conjunta de todos los grupos políticos sobre la declaración de Shanghai sobre ciudades saludables.

Pero hay más. Durante este último pleno del año se ha dado cuenta del nuevo Plan de Adecuación y Mejora de Instalaciones y Espacios Deportivos para municipios menores de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas (ELAs), a través del diputado del área, Jaime Armario, que ha explicado que con este plan se trata de dar respuesta a las peticiones de los municipios, que han detectado deficiencias o mejoras necesarias para ejecutar en sus equipamientos deportivos. Por otra parte, Armario ha aclarado al portavoz izquierdista, Antonio Alba, que no se descarta en un futuro según se observen necesidades en municipios de hasta 50.000 habitantes, poder aplicar este programa a este grupo de municipios. Por su parte, Encarnación Niño ha explicado los términos del convenio del Centro Hospitalario de Alta Resolución de La Janda.

Entre las contadas mociones que no han prosperado, por el ‘veto’ de la mayoría del Gobierno provincial de PSOE y su muleta, el PA, está la impulsada por Sí se puede que pedía instar a la consejería de Educación a que se cubra de manera urgente todas las horas solicitadas por los equipos de orientación educativa de los centros escolares gaditanos con monitores cualificados; así como que estos puestos sean cubiertos mediante convocatoria pública y con garantía del requisito de una formación específica (Profesionales Técnicos de Integración Social) en lugar de externalizar el servicio a empresas privadas.

Tags: Diputación de Cádizprovincia de Cádiz
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