El Gobierno de la Diputación de Cádiz (de PP y La Línea 100×100) ha rechazado la última denuncia de UGT, lamentando la situación “injusta, discriminatoria y anticonstitucional” que se arrastra desde hace unos años en el Servicio Provincial de Recaudación, dejando caer incluso “un posible caso de nepotismo y trato de favor”, relacionado con la hermana del expresidente de la institución entre 2011 y 2015, José Loaiza.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, el portavoz del equipo de Gobierno provincial, Juan José Ortiz, califica de “mentiras” las afirmaciones de este sindicado sobre el cumplimiento de varias sentencias judiciales por un caso de cesión ilegal de 13 trabajadores al Servicio de Recaudación en el año 2019.
“Se están utilizando las siglas de un sindicato para un tema que es estrictamente personal, no sindical”, señala Ortiz, al tiempo que advierte que “no vamos a asumir la doctrina Arauz, entrar por la puerta de atrás para trabajar en la Diputación y usar el chantaje político para obtener más derechos que los otorgados en sentencia”.
De este modo, niega “con rotundidad” el contenido de los hechos denunciados y, recalca, con el “respaldo técnico y político” del Área de Función Pública, que “se ha cumplido escrupulosamente con la legalidad”. Así, rechaza el “nepotismo”, “trato de favor” o discriminación” que atribuye UGT, a quien pide una rectificación.
En esta línea, el portavoz del Ejecutivo liderado por Almudena Martínez ha expresado el respeto máximo de la institución provincial hacia la Justicia, y ha insistido en que “lo que se ha hecho es dar cumplimiento escrupuloso a dos sentencias en los términos en los que estas han sido dictaminadas”. En este escenario, señala que UGT o cualquier interesado “podría haberla recurrido y no lo hizo”.
“TODOS LOS TRABAJADORES ESTÁN READMITIDOS E INDEMNIZADOS”
También detalla que tanto el diputado del área de Función Pública como el director técnico del área se han sentado varias veces con el sindicato para abordar el asunto e informar a la presidenta, y que, tras las consultas legales preceptivas, “se le trasladó al sindicato la imposibilidad de acceder a algo distinto a lo que la sentencia judicial establece, como pedían”.
De la misma manera, Juan José Ortiz niega de plano “calvario judicial” alguno porque a todos los trabajadores afectados se les readmitió e indemnizó de inmediato conforme a lo dispuesto en la sentencia. También recuerda que el propio sindicato ha participado en el proceso de estabilización laboral y que “absolutamente nadie ha sacado a nadie del proceso de estabilización y, mucho menos, se les ha impedido presentarse”.
Sobre la fecha de la sentencia, explica que se usa para el cálculo de la indemnización y que la Diputación siempre ha utilizado las fechas de la sentencia para las personas que han entrado a trabajar por sentencia judicial “no siendo procedente emplear otra fecha de más antigüedad, como reclama el sindicato”.
Por último, el portavoz del Gobierno provincial abunda en que el cumplimiento de la ley “está por encima de todo” y “prevalece frente al interés particular de una o varias personas”.
