La imagen del salvaje Oeste cripto empieza a difuminarse. Desde que el MiCA (Reglamento europeo de Mercados de Criptoactivos) entró en vigor en diciembre de 2024, España vive un periodo de transición que expira el 30 de diciembre de 2025.
Durante estos doce meses, todo proveedor de servicios sobre criptoactivos, incluidos bancos, exchanges y nuevos actores de juegos on-chain, debe transformarse de mero inscrito en el registro del Banco de España a titular de una licencia MiCA concedida por la CNMV.
El ajuste no es menor, ya que implica adaptarse a exigencias de solvencia, seguros de custodia y auditorías de ciber-resiliencia (DORA). De momento, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) contabiliza 39 licencias en toda la UE, y solo una en territorio español.
La senda regulatoria: de la inscripción al permiso MiCA
Hasta ahora bastaba con figurar en el registro de proveedores de activos virtuales del Banco de España, un trámite eminentemente preventivo contra el blanqueo. Con MiCA, la autorización pasa a ser prudencial. La CNMV examina capital mínimo, gobierno corporativo y planes de continuidad.
De ahí que incluso un casino de Bitcoin que opere totalmente sobre blockchain deba justificar reservas y controles internos antes de aceptar a un solo jugador español. Según el fichero provisional de ESMA, los supervisores nacionales han otorgado 39 licencias. La CNMV ha firmado únicamente la de BBVA y estudia varias solicitudes más.
Cuatro de entidades financieras y ocho de firmas ya inscritas en el Banco de España. Este ritmo, unido a los costes de adaptación, lleva a expertos a prever que apenas el 20% de las 121 empresas hoy registradas obtendrá finalmente la autorización.
El periodo transitorio español, más corto que el de otros socios comunitarios, obliga a acelerar los planes internos. Quien no presente la documentación antes de fin de año se verá fuera del mercado el 1 de enero de 2026.
Primeras licencias y primeros efectos en la oferta
El estreno lo protagoniza BBVA, que esta misma semana habilitó la compraventa y custodia de Bitcoin y Ether para todos sus clientes en España tras recibir la licencia MiCA en marzo. La entidad replica así su piloto suizo de 2021 e incorpora claves criptográficas propias para la custodia, sin ofrecer, por ahora, asesoramiento sobre criptoactivos.
La banca de escala sigue de cerca el paso. Banco Santander y Caixabank ya han comunicado a sus inversores que ultiman plataformas de intercambio para el segundo semestre, a la espera de la autorización definitiva. Los exchanges Bit2Me y OKX han confirmado que mantienen expedientes abiertos ante la CNMV.
OKX incluso lanzó la campaña “Mild Mild West” con Vincent Cassel para subrayar que el nuevo marco sitúa al mercado donde la ley es la norma. Este desembarco bancario coincide con la evolución de la demanda. Casi un quinto de los usuarios españoles que posee criptomonedas ya las usa para pagar bienes y servicios.
Tal normalización explica el interés de los grandes grupos financieros y presiona a los exchanges medianos a buscar alianzas para compartir costes regulatorios. Pero las exigencias de MiCA ya se dejan sentir. Las plataformas que operan en España han reforzado sus procesos de KYC/AML.
Además, han contratado pólizas de seguro de custodia e introducen avisos de riesgo homologados por la CNMV en toda pieza publicitaria. Desde comienzos de abril, la autoridad ha cursado requerimientos de subsanación a emisores de stablecoins que no presentaban reservas auditadas en euros.
Más claridad sobre comisiones, fondos segregados y mayor cobertura frente a ciberataques gracias a DORA. El sitio provisional de ESMA para el registro de autorizaciones, accesible desde el 30 de junio, permite comprobar de un vistazo si un proveedor está habilitado en cualquier Estado miembro, reduciendo el arbitraje regulatorio que antes imperaba.
En conjunto, MiCA abre la puerta a una nueva fase de profesionalización. Con los bancos ya dentro y las fintech ajustando modelos, el debate gira ahora en torno a cómo encajar la innovación, staking, DeFi, play-to-earn, sin diluir la seguridad que persigue el legislador.
Sin embargo, la factura regulatoria que acompaña a MiCA ya se deja sentir. Fuentes del mercado calculan que adecuar manuales de riesgos, reforzar el consejo con perfiles independientes y desplegar seguros de custodia puede absorber seis cifras holgadas por proveedor, sin contar las pruebas de ciber-resiliencia exigidas por DORA.
En opinión de varios despachos, los trámites y la elevada burocracia harán inviable el modelo de negocio de muchas start-ups cripto que sobrevivían con márgenes ajustados. De ahí que se espere una oleada de fusiones defensivas a lo largo de 2025. Ese diagnóstico se refuerza con los datos del registro provisional de la CNMV.
Más allá de la carga administrativa, varios vacíos técnicos amenazan con doblar el trabajo regulatorio. El último informe de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) alerta de que los proveedores de e-money tokens podrían verse obligados a solicitar, además de la licencia MiCA, una segunda autorización bajo la futura PSD3/PSR si procesan pagos minoristas, duplicando plazos y costes.
El mismo documento sugiere atajar la duplicidad, reforzando MiCA o enmendando PSD3, una opción que la Comisión evalúa para el otoño legislativo. La tensión también llega al banco central, ya que el BCE acaba de pedir en un editorial más restricciones para las stablecoins denominadas en euros, al temer efectos sobre la política monetaria.
