El nuevo Gobierno de derechas de la Junta de Andalucía (de PP y Cs, con el aliento de Vox) ha subrayado su compromiso de aplicar para el curso 2020/2021 la elección libre de centro educativo. Así se lo ha trasladado la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, al presidente provincial de Escuelas Católicas, Manuel Holgado.
“Ya se está trabajando sobre el nuevo modelo para la elección de centros que permita a los padres de los alumnos tomar la decisión y no depender de criterios estrictamente geográficos como ocurría hasta el anterior gobierno. Un sistema que se consensuará con la comunidad educativa”, ha apuntado Mestre en esta reunión.
Igualmente, tanto la política del PP como Holgado han abordado en este encuentro el descenso de la natalidad en la provincia gaditana (que está conllevando principalmente al cierre de líneas en colegios públicos, mientras se mantienen las plazas y conciertos en la privada-concertada, como denuncian sindicatos y colectivos en defensa de la escuela pública). Al respecto, han valorado la necesidad de disminuir los ratios ajustándolos a la demanda actual, equiparar los recursos educativos, además de abogar por “la necesidad de que los dos modelos de educación, el público y concertado, convivan en la sociedad gaditana”.
“Defendemos la educación pública de la misma manera que la concertada –ha insistido Mestre-, pero lo prioritario es dotar a los padres de esa libertad de elegir la educación que ellos consideran más positiva para sus hijos y, paralelamente, trabajar para mejorar aquello que no funcione para tener una educación de calidad en nuestra provincia y en Andalucía”.
EL CIERRE DE UNIDADES PÚBLICAS EN CÁDIZ “DEPENDE DE LOS PADRES”
Días atrás el delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, Miguel Andréu, se veía con representantes de las Federaciones Locales de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Flampa) de Cádiz, Jerez y San Fernando para tratar entre otros asuntos, la escolarización en dichos municipios.
En concreto, Andréu trasladaba la intención de la consejería de habilitar las “unidades necesarias” en los colegios públicos, en el caso de que la demanda fuera suficiente. Respondía así a la incertidumbre trasladada por estos padres, indicando que “debido a la baja natalidad de este año con respecto al anterior, 6.000 niños menos, se han cerrado algunas unidades en la educación pública, pero el reparto que se ha realizado desde Planificación es solo provisional”.
“Una vez que acaba el período de escolarización en abril, se decide en función de las solicitudes que hayan tenido los centros, si alguno recupera una línea y si la pierde otro; o incluso si la recupera un centro, sin que ningún otro pierda”, defendía el representante de la Junta en este encuentro.
De esta manera, “la última palabra la tienen los padres, en función de qué centro elijan para sus hijos. Pueden ser diferentes casuísticas las que modifiquen la previsión: como por ejemplo, el traslado o movimiento de muchos padres de un barrio a otro, porque se construya una barriada nueva, y esto lleve a que se demanden más unidades en otro centro al que de forma provisional le habían concedido menos y, en cambio, le afecte esta nueva situación a otro centro que contaba inicialmente con más líneas”, apuntaba Miguel Andréu.
SUBE EL PRECIO-PLAZA A CORTO PLAZO EN LAS GUARDERÍAS
Por otra parte, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la delegada del Gobierno andaluz ha valorado las actuaciones para la tramitación del anteproyecto de Ley de medidas de apoyo en materia educativa, un marco legal que tiene como objetivo reunir todo el catálogo de acciones destinadas a conceder ayudas a las familias en este ámbito y que contempla avanzar de forma progresiva hacia la gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) antes del final de la presente legislatura, es decir, para el curso 2023/2024.
Aunque lo que no resalta Mestre es que PP y Ciudadanos han planteado una subida del precio-plaza por alumno en las guarderías, congelado desde hace una década; y una limitación de la gratuidad “a un tramo de seis horas”, dos horas menos del máximo legal de permanencia de un niño en el centro. Al respecto, el PSOE ya ha denunciado “los primeros recortes sociales a las familias más necesitadas, mientras se exime de pagar el impuesto de sucesiones y donaciones a los más ricos”.
De este modo, en el primer semestre de 2020 estarán ya en marcha lo que el Gobierno liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla llama “medidas encaminadas a mejorar la financiación de las escuelas infantiles adheridas al convenio, para evitar así la destrucción de empleo en este sector”, subiendo el precio-plaza por alumno, congelado hasta ahora en 278,88 euros al mes.
Para el curso 2020/2021, se apunta, habrá ya una mejora de las bonificaciones a las familias para la escolarización de 0 a 3 años, que pasará a convertirse en un elemento a tener en cuenta a la hora de la elección de colegio en etapas de escolarización posteriores. Se asegura que estas bonificaciones “fueron reducidas al implantarse el Decreto-Ley 1/2017 de 28 de marzo, que provocó que en el curso 2017/2018 muchas familias tuvieran que pagar un precio mayor por el servicio sin que se hubiesen modificado sus circunstancias económicas, y sacó también del sistema de bonificaciones a otras”.
Este decreto fue aprobado con urgencia y sin contar con el necesario consenso. La prometida gratuidad en las escuelas infantiles cubrirá un tramo de seis horas, en franjas horarias “establecidas por consenso con el sector”, mientras que el resto de tramos se considerarán servicios complementarios, con gratuidad o bonificaciones en función de la renta familiar.
