La vivienda se ha convertido en un gran eje de vulnerabilidad en la provincia de Cádiz. Lo confirma, también, el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía presentado semanas atrás por Cáritas de Cádiz, Cáritas de Asidonia-Jerez y la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA).
Dicho estudio revela que Cádiz afronta una situación de exclusión social “especialmente intensa y marcada por tres grandes factores”: la inestabilidad laboral, el empeoramiento de las condiciones de salud de los hogares con menos recursos, y el acceso cada vez más difícil a una casa.
La evolución del precio del alquiler (cada día con menor oferta asociada a la turistificación, y mayor avaricia por parte de propietarios y especuladores) y los gastos asociados empujan a miles de familias a situaciones de pobreza severa.
“Más de 140.000 personas en Cádiz caen por debajo del umbral de la pobreza una vez pagados los gastos de la vivienda, lo que convierte esta dimensión en un auténtico generador de exclusión”, recalcó en la presentación del trabajo el coordinador del Informe FOESSA de Andalucía, Raúl Flores: “la vivienda es hoy un ‘derecho fake’, mientras no existan políticas estables que la garanticen, la recuperación económica no se traducirá en integración social”, apostilló.
EMPLEO Y SALUD
La fragilidad del empleo es el segundo núcleo de exclusión en la provincia. De este modo, se ha cuantificado que alrededor de 120.000 personas en Cádiz (con 1,2 millones de habitantes) viven en hogares donde “el sustentador principal ha sufrido en el último año una inestabilidad laboral grave, encadenando períodos de desempleo, múltiples contratos o pasando por varias empresas”.
“El empleo reduce el riesgo, pero ya no evita la exclusión. Muchas personas trabajan y aun así no logran sostener una vida digna”, evidenció Flores.
Y el tercer ámbito crítico detectado por Cáritas es la salud. Cerca de 200.000 personas en la provincia gaditana han tenido que dejar seguir tratamientos médicos, dietas o comprar medicamentos por falta de recursos, “una renuncia que profundiza la desigualdad sanitaria y agrava la fragilidad de quienes ya viven en situaciones de exclusión”.
“Cuando poder cuidarse depende del dinero que se tiene, la exclusión se vuelve más profunda y persistente”, denuncian los promotores de este estudio, trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz.
De este modo, los resultados de este último informe muestran que Cádiz refleja con especial intensidad una tendencia andaluza sostenida: un modelo social que no consigue integrar a quienes viven con más fragilidad, incluso en fases de crecimiento económico.
Ante este escenario, Cáritas y la Fundación FOESSA insisten en la necesidad de un nuevo pacto social que sitúe la vivienda, la salud, la protección social y el empleo digno como pilares esenciales de cohesión y justicia social.
“NECESITAMOS COMPRENDER LA REALIDAD PARA NO DEJAR NADIE ATRÁS”
A colación, el director de Cáritas Diocesana de Cádiz, Vicente Pablo Ortells, ha recordado que el Informe FOESSA es una herramienta esencial para comprender la realidad social que Cáritas (vinculada a la Iglesia Católica) acompaña cada día: “nuestra misión es clara: acompañar, defender y promover la dignidad de las personas en situación de exclusión. Pero para hacerlo bien necesitamos comprender la realidad en profundidad”.
“Sus resultados -añade- nos hablan de desafíos serios, pero también de oportunidades. Nos invitan a reforzar estructuras, a innovar en políticas públicas, a trabajar en red, a no dejar nadie atrás”.
Por su lado, el director de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, Eugenio Sánchez, remarca que “ante ello, nuestro mayor interés es lograr que esta tarea investigadora de FOEESA sirva a las personas que viven en el lado oscuro de nuestra realidad, de todos esos descartados a los que Cáritas sitúa siempre en el centro de sus acciones”.
Los resultados del IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España se basan en la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA), realizada en el primer semestre de 2024 a 12.289 hogares en todo el Estado español, casi 600 de ellos en Andalucía.
Un estudio que sentencia que “las sociedades no cambian por decreto ni por inercia: cambian cuando confluyen el análisis riguroso de la realidad, la voluntad política de transformación y la movilización social hacia horizontes de justicia”.
