“Los recortes de Isabel Paredes en la provincia de Cádiz no tienen fin en la provincia gaditana”. Lo denuncian desde la Marea Verde, lamentando el “escandaloso recorte en los segundos bachilleratos” de cara al próximo curso, del que hacen responsable a la señalada delegada territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía. Días atrás, la Junta de Personal Docente no Universitario de Cádiz ya valoraba negativamente su gestión y exigía el cese de esta política colocada por el PP.
El colectivo en defensa de la educación pública y de calidad denuncia ahora el “recorte generalizado” de grupos de segundo de Bachillerato de los centros públicos gaditanos, “curso vital para conseguir una buena nota para acceder a los grados universitarios”.
“Hemos recibido múltiples quejas de equipos directivos, en los últimos días, en relación al cupo de profesores que les corresponde para el curso 2024/2025, tras la certificación de matrículas del alumbrado, ya que la carga horaria de más de 50 centros de la provincia debía haber supuesto la asignación de más profesorado y más grupo en estos centros educativos públicos”, relata la Marea Verde en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Según la normativa vigente, el número máximo de alumnos a considerar por unidad escolar en Educación Secundaria es de 30. Pero, apunta el colectivo denunciante, “según nos comunican los equipos directivos, la delegación territorial que preside la ínclita Isabel Paredes, aprovechando la baja de la jefa de Planificación, Silvia Luque, gran profesional y mejor persona, solo da un segundo grupo cuando el número de alumnos es de 34”, en base a uno de los puntos de esa normativa que señala que se podrá autorizar un incremento de hasta un 10% del número máximo por clase para atender necesidades extraordinarias de escolarización (incorporación tardía, traslado de la unidad familiar…)
“De acuerdo con este punto -precisa Marea Verde-, ese incremento del 10% se debe hacer en el periodo extraordinario, no en el ordinario como estamos ahora; es decir y de acuerdo a lo que tantas veces se nos ha comunicado por parte de la Inspección Educativa, en situación sobrevenida, no aplicar lo que sería un incremento de alumnos en un proceso extraordinaria en un proceso ordinario, convirtiendo la excepción en la norma”.
Esta situación, se señala, “todavía resulta más sangrante el caso de los bachilleratos, especialmente los segundos de Bachillerato”. Aquí la normativa establece que la ratio máxima es de 35 chicos por aula, “pero de nuevo se aplica el 10% más de manera irregular y contraviniendo la normativa vigente”. Es más, para este colectivo, “parece una política planificada para devaluar los resultados del alumnado de los centros públicos, para que consigan entrar en los grados universitarios más demandados el alumnado de los centros privados concertados”.
POR LA EXCELENCIA EDUCATIVA EN LA PÚBLICA
Marea Verde Cádiz considera que “es fundamental el cumplimiento de la ley y el aumento de grupos en estos momentos, ya que es la mejor forma posible de poder organizar todos los grupos y profesores y no tener que esperar al mes de septiembre para poder hacerlo”. Ese aumento de grupos “supondría un aumento de 100 profesores y 50 tutorías con los que los centros educativos públicos de Cádiz podrían ofertar una educación de más calidad, personalizada, inclusiva y con más optativas”, se sostiene.
Pero además, se lamenta que hasta la fecha, los centros educativos de la provincia de Cádiz que han trasladado su queja por esta situación “no han recibido contestación alguna de la delegación territorial competente”. “Si los centros como administración tenemos obligación de dar respuesta y contestar cuantas consultas nos realicen al nivel centro, no es de recibo que la administración a la que representan los directores y directoras no tengan los mismos derechos que cualquier ciudadano a tener una respuesta a sus solicitudes y preguntas”, se remarca.
