El colectivo de monitores de apoyo que realiza su labor en educación especial en colegios de la provincia de Cádiz, más de 170 trabajadores, ha pedido a la Junta que abra el proceso para acreditar a las personas que actualmente se encuentran prestando este servicio externalizado y así acabar con la incertidumbre laboral que están sufriendo. Además, se exige a las adjudicatarias, Eulen y Samu, que cumplan con las condiciones laborales. Según denuncia el PP, sus sueldos oscilan entre los 400 y los 500 euros.
El colectivo de monitores de apoyo que realiza su labor en educación especial en los centros educativos públicos de la provincia de Cádiz, más de 170 trabajadores, ha pedido a la Junta de Andalucía que abra el proceso para acreditar a las personas que actualmente se encuentran prestando este servicio externalizado y así acabar con la incertidumbre laboral que están sufriendo. Además, se exige a las adjudicatarias en la provincia, Eulen y Samu, que cumplan con las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo y a la administración regional que vele por el cumplimiento de estas y del pliego de condiciones.
Las condiciones laborales de estos trabajadores, según palabras del colectivo, “no están en sintonía con la importante labor social y educativa en beneficio de los menores que más lo necesitan”. La Agencia Pública de Educación y Formación (ISE) saca a concurso el servicio cada dos años. Como consecuencia, las empresas, en lo que el colectivo califica de “tráfico ilegal de los trabajadores”, pujan a la baja por el trabajo de los monitores que con cada licitación ven cómo hay una merma de su salario y de sus condiciones laborales (incumplimiento del período obligatorio de contratación, consideración de jornada parcial, menores vacaciones, etc). Además, sufren graves discriminaciones laborales ya que, en función de la empresa en la que trabajen, tienen diferentes bases salariales y diferente categoría profesional.
Según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, las dos reivindicaciones principales del colectivo son, por un lado, la apertura de un proceso de acreditación anterior a la finalización de la actual licitación que termina en 2017 y, por otro, el cumplimiento del XIV convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad por el que se rige su actividad.
PROCESO DE ACREDITACIÓN
Este colectivo de monitores de apoyo está formado por profesionales con una amplia experiencia y formación: desde maestros hasta trabajadores sociales, pasando por auxiliares socio-sanitarios. Sin embargo, en el último pliego del ISE se les exige la titulación de Técnico en Integración Social o una acreditación para la que sólo se sacaron 300 plazas para un colectivo formado por más de 800 personas en toda Andalucía. “La falta de acreditación genera inseguridad laboral y ya se han producido los primeros despidos por no cumplir con este requisito”.
Por eso, la principal reivindicación del colectivo es que se ponga en marcha el proceso de acreditación y que “el número de plazas que se propongan sean lo suficientemente amplias para que en ellas tengan cabida todas las personas que se encuentran actualmente prestando el servicio y las que hayan perdido su relación contractual por causa de la falta de acreditación”.
“5 EUROS LA HORA”
A colación, la diputada andaluza del PP de Cádiz, Teresa Ruiz-Sillero, ha reprochado que la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, evite dar soluciones a estos monitores de apoyo de la provincia, lamentando “su silencio” ante “la injusticia de cobrar 5 euros la hora y la precariedad laboral que sufren”.
Durante su reciente intervención en la Comisión de Educación del Parlamento andaluz, Ruiz-Sillero expuso la precaria situación laboral de los monitores, la mayoría de mujeres, calificándola de “muy preocupante”. “No cobran vacaciones; son fijos-discontinuos; los contratos son sólo de 4 ó 5 horas diarias, lo que conlleva sueldos muy escasos que oscilan entre los 400 y los 500 euros mensuales”. Y además, “ahora les reclaman el título de técnico medio de integración social, cuando muchas de ellas tienen titulaciones superiores, y corren el riesgo de ser despedidas”.
Para la derecha, “es llamativo que De la Calle admita que se adjudica el servicio a la empresa que paga menos sin preocuparse por las condiciones laborales que ofrece a los trabajadores ni de la calidad del servicio educativo”.
Ruiz-Sillero afirma que “no nos conformamos con la actitud de dejadez del Gobierno socialista de la Junta ante la problemática de estas monitoras escolares y seguiremos trabajando, a través de nuestras iniciativas en el Parlamento andaluz, para buscar una solución para ellas”.
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