El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha expresado su preocupación por lo que consideran “colapso” de la justicia social en la provincia gaditana, tras tener constancia de que los señalamientos de juicios “se están demorando cuatro años”, hasta el mes de octubre de 2022.
“A la falta de medios materiales de instalaciones judiciales dignas”, se suma “la carencia de personal, tanto jueces y magistrados como técnicos y administrativos”, que provocan “esta situación de bloqueo, debido a la acumulación de casos pendientes”, se advierte en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Al respecto, el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, José Blas Fernández, reclama “un plan de choque” para corregir esta situación “que desborda el vaso de la paciencia de todos los operadores jurídicos y actores, y muy especialmente de los justiciables”.
“La justicia social aborda cuestiones de gran importancia para los ciudadanos: hablamos de temas muy sensibles, pensiones de viudedad, reclamaciones de cantidades, despidos, situaciones de invalidez, que no pueden demorarse eternamente en los juzgados. Cuatro años de espera para un señalamiento judicial es una situación que nos tiene que llevar a una reflexión sobre la poca eficiencia del sistema y su impacto en la sociedad”, añade Fernández.
La solución pasa, en criterio de quien también es veterano concejal del PP en el Ayuntamiento gaditano, “no solo por más medios materiales y de personal, sino por la verdadera especialización de jueces, que puedan resolver con la esperada diligencia en tiempo y calidad de sentencias”.
Los retrasos de años en señalamientos, apostilla el presidente de estos operadores jurídicos, producen situaciones “difíciles de comprender por quienes son los administrados finales de la justicia social y toda la cadena de valor del sistema, incluidos no solo los operadores jurídicos, sino también peritos y otros actores implicados en los procedimientos judiciales”.
