CGT ha hecho un llamamiento “a la rebeldía” de todas las personas que trabajan en administraciones o empresas del sector público (a nivel estatal, andaluz y local) “para organizarse, romper con los sindicatos que traicionan a la clase trabajadora y defendernos unidos de este nuevo ataque directo a la línea de flotación de las economías familiares” por parte de “quienes son monstruos con piel de cordero y solo defienden prebendas en modo de subvenciones, locales, financiación a través de cursos de formación o liberados graciables”.
El sindicato anarcosindicalista a nivel Andalucía, Ceuta y Melilla señala directamente a UGT, CCOO y CSIF, tras acordar semanas atrás con el Gobierno de España (de PSOE y Sumar) la subida salarial de los funcionarios entre este 2025 y 2028, acatando la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años.
Dicho pacto pone fin a la congelación salarial que han padecido este año los empleados públicos, que verán reflejados en sus nóminas una subida del 2,5%, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2025.
Este acuerdo plurianual contempla además una subida para 2026 de un 1,5% (que puede llegar al 2%), y en global un incremento acumulado fijo de algo más del 11% hasta 2028, con la mayor subida en 2027 de hasta el 5%.
“PACTAN UN NUEVO RETROCESO PARA LOS FUNCIONARIOS”
Sin embargo, para CGT, los trabajadores del sector público “vuelven a ser víctimas de las maniobras orquestales de CCOO, UGT y CSIF para globalizar el marco de las relaciones laborales en nuestro país junto al autodenominado Gobierno más progresista de la historia, como ya hicieran alargando la edad legal de jubilación sin preguntar”.
“Ahora dan un golpe letal al derecho a la negociación colectiva pactando un nuevo retroceso en las condiciones económicas de estos empleados, con una pérdida de poder adquisitivo a 30 de noviembre 2025, y desde 2021, del 8,2% en relación a los IPC oficiales”, que “como todo el mundo conocen son manoseados y adaptados según los intereses del gobierno de turno”, se añade.
Así, este sindicato repasa la inflación desde hace cinco años y en paralelo las subidas salariales en el sector público. En este quinquenio, el IPC ha subido un 21,1% (un 6,5% en 2021; 5,7% en 2022; 3,1% en 2023; 2,8% en 2024; y un 3% en el vigente 2025, hasta noviembre). Sin embargo, los sueldos de funcionarios por ley han aumentado en este mismo periodo un 12,9% (un 0,9% en 2021; 3,5% en 2022; 3,5% en 2023; 2,5% en 2024; y otro 2,5% para este 2025, recién acordado).
“El nuevo atropello salarial -se remarca- se pretende enmascarar con el abono de los atrasos de 2025 en algunas administraciones y empresas públicas en la nómina de diciembre para intentar endulzar la amargura de hacernos más pobres año a año”. Pero “mientras los precios de la vivienda, consumos básicos o productos de primera necesidad se disparan, nuestros salarios siguen adelgazando”.
En este punto, en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, CGT cree que “es el momento de poner fin a la pasividad y conformismo imbuido por las gestorías sindicales y plantar cara a un sistema demoledor del estado de bienestar que coloca a la mayoría de la población en los umbrales de la pobreza”.
“SE DEBEN 61 MILLONES A MÁS DE 80.000 TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO EN CÁDIZ”
Entretanto, CSIF (sindicato más representativo en las administraciones públicas) ha reclamado premura al Gobierno central, la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos y la Diputación para que abonen cuanto antes la deuda generada con los empleados públicos de la provincia por la subida salarial pendiente de 2025.
“Las empleadas y empleados públicos no pueden esperar ni un minuto más para que sus condiciones empiecen a mejorar. En la provincia hay más de 80.000 personas sosteniendo los servicios públicos y merecen trabajar con dignidad”, ha subrayado la presidenta de CSIF Cádiz, Mercedes Amézaga.
Este sindicato calcula que las administraciones adeudan hoy día unos 61,4 millones de euros a los trabajadores públicos de la provincia por la subida pendiente de 2025: “es una cantidad aproximada calculada con la media de 62 euros mensuales que se deben a cada profesional y que varía en función de su categoría profesional o conceptos como los trienios o sexenios acumulados”.
Para CSIF, lo pactado con el Ministerio de Función Pública, “es el mejor acuerdo posible si tenemos en cuenta la situación del país por la evidente inestabilidad política a nivel nacional e internacional”.
“El acuerdo debe ser la senda para avanzar en nuevos derechos y garantías”, para CCOO, que ha señalado que redoblará su exigencia al Gobierno central para que cumpla los compromisos de materias pendientes del acuerdo marco firmado en 2022 y los contenidos atrasados que aún no se han visto satisfechos en la negociación.
Y UGT ha celebrado que lo negociado en noviembre, más allá de la subida salarial hasta 2028 de más del 11%, “elimina la tasa de reposición y agiliza los procesos selectivos para completarlos en un año”. Además, “incluye medidas para reforzar la igualdad, la salud laboral, la formación digital y la atención presencial a la ciudadanía, además de crear nuevos mecanismos de seguimiento y desarrollo del empleo público”.
