El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó hace unas semanas el Proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía cocinado por el PP, cuyo principal objetivo es “facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a los andaluces”. Para ello, la futura ley (tiene que superar todavía el trámite parlamentario) “promoverá la construcción de viviendas a precio asequible, tanto en venta como en alquiler”.
Una vez releído este documento defendido por el Gobierno derechista de Moreno Bonilla (tras “un importante proceso de diálogo y participación con el sector y con agentes sociales y económicos”), el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz concluye que “no resuelve los problemas actuales de vivienda”. Junto a este mismo colectivo en Sevilla, se lamenta que esta futura ley autonómica, “no solo es ineficaz para bajar los alquileres, sino que directamente beneficia a la especulación inmobiliaria y las promotoras privadas”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, las organizaciones en defensa de los derechos de los inquilinos ven que esta normativa “parte de un diagnóstico erróneo del problema”: la premisa de que “la crisis de vivienda en Andalucía depende única y exclusivamente de la falta de vivienda”. Por lo tanto, la solución que pretende aportar “reside en construir más, justificando todo tipo de transferencias de dinero público a manos privadas, incumpliendo normativas ambientales y urbanísticas”.
En contraposición, se remarca que “como se ha demostrado históricamente y en estudios relativos al mercado de la vivienda, construir más no implica una bajada en los precios de venta y de alquiler; sin un control de precios efectivo, real, y que baje los precios por ley, la rueda de la especulación seguirá girando porque la vivienda se utiliza como activo inmobiliario”.
“LOS INQUILINOS NO APARECEN NI UNA SOLA VEZ EN TODA LA LEY”
Además, “no es casualidad que los inquilinos no sean mencionados ni una sola vez en toda la ley y que sin embargo, se legitime, se institucionalice y se faciliten recursos y medios a inmobiliarias, intermediarios y promotoras”, se remarca desde el Sindicato de Inquilinas de Cádiz y de Sevilla.
Por otro lado, se pone el foco en lo que esta futura ley del PP llama ‘zonas prioritarias de vivienda’ (zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso y en las que se concentrarán los recursos públicos en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación), que según los Sindicatos de Inquilinos “se podrían haber llamado zonas prioritarias de beneficio inmobiliario, ya que no responden a los intereses de quienes sufren diariamente los precios de la vivienda”.
Se critica también la introducción de la figura de ‘vivienda asequible’, pasando a un segundo plano el concepto de ‘vivienda protegida’, “permitiendo de alguna manera que las viviendas públicas que se oferten no vayan dirigidas a las personas más vulnerables y se convierta así en otra inyección de dinero público a manos de promotoras privadas”.
El Sindicato de Inquilinas añade que esta futura ley andaluza pretende también desviar el foco y eximir de responsabilidad a las viviendas turísticas, que se cifran en más de 150.000 en toda la comunidad autónoma. “Asegurando su función social, junto con las más de 640.000 viviendas vacías contabilizadas hasta la fecha, se podría aliviar a miles de familias trabajadoras con alquileres más asequibles o mayor cantidad de vivienda públicas”, se sostiene.
“SE CRIMINALIZA A LOS MÁS VULNERABLES”
Y lejos de garantizar el acceso a una vivienda digna, “se criminaliza en lugar de ofrecer soluciones” a quienes más sufren la consecuencia de la crisis habitacional castigando de esta manera la pobreza al incluir medidas como la prohibición de acceder a vivienda pública durante cinco años a aquellas personas que hayan ocupado una casa por necesidad, “aplicando un doble castigo a los sectores más vulnerables”. De hecho, la norma establece lo que llama “mecanismos para el asesoramiento e información en materia de desahucios y ocupación, dentro del marco de sus competencias”.
El único elemento que podría ser positivo de toda la ley para el Sindicato de Inquilinas de Cádiz (y el de Sevilla) es la calificación de protección permanente de la vivienda protegida; sin embargo, se es “cauteloso” ante este articulado pues en otro apartado la norma se abre la posibilidad a que se permita su venta y descalificación de manera excepcional, “por lo que no nos fiamos, sería una forma de hacer una trampa con su propia ley a la hora de materializarla”.
En definitiva, para el Sindicato de Inquilinas se trata de un proyecto de ley que “no resuelve los problemas actuales de vivienda, no se mete en la bajada de precios por ley del alquiler a pesar de ser la mayor dificultad actual a la hora de acceder a un domicilio e ignora el problemón que hay con la crecida de viviendas turísticas que están vaciando de vecinos barrios enteros de grandes ciudades”.
