La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha intervenido este lunes en la localidad onubense de Punta Umbría en el encuentro de presidentes de diputaciones andaluzas (sólo las seis que tienen gobiernos del PSOE: Huelva, Córdoba, Jaén, Granada y Sevilla, además de la gaditana) erigiéndose en portavoz de una de las grandes reivindicaciones de las administraciones locales, que pasa porque el Gobierno central elimine la regla de gasto “que asfixia a ayuntamientos y diputaciones”.
Precisamente, como ha recordado García, en el reciente pleno de este mes de enero en la Diputación gaditana ya se aprobó una moción a través de la que se insta al Ejecutivo de Rajoy a suprimir la regla de gasto.
Según los datos que se han expuesto en la reunión, en torno al 70% de las corporaciones locales andaluzas tienen un superávit que suma casi 1.500 millones de euros (y 7.000 millones a nivel nacional), pero se ven obligadas a tenerlo en los depósitos bancarios “porque se impide que se destine a crecimiento económico o mantenimiento de los servicios públicos, en lugar de destinarlos a las actuaciones que cada entidad considere más beneficiosas para sus vecinos y vecinas”. En ese sentido, la socialista Irene García ha hecho una defensa de la autonomía municipal a la hora de fijar libremente el destino de los respectivos remanentes positivos de tesorería.
“Creemos que no es normal que aquellas administraciones que hacen bien su gestión no podamos reinvertir ese dinero para impulsar prioritariamente inversiones y planes de empleo. Y ya que hemos cumplido, soportando parte del desequilibrio de las cuentas estatales, ahora toca eliminar la regla de gasto”, ha insistido la presidenta de la Diputación gaditana, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz.
También en esta línea, ha lamentado “que el Gobierno haya ligado el uso de esos remanentes positivos a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, cuando sabemos que sólo es necesario un acuerdo del Consejo de Ministros para hacer posible que el cambio que reivindicamos sea efectivo”. El objetivo de esta reclamación no es otro que “generar empleo, que es nuestra prioridad en el Gobierno de la Diputación de Cádiz, como demuestra el hecho de que en sólo tres años hayamos puesto en marcha planes específicos -refiriéndose a las cuatro ediciones del Plan de Cooperación Local y las dos del Plan Invierte- que han puesto en circulación más de 40 millones de euros en toda la provincia para crear empleo (temporal) y mejorar las infraestructuras y servicios de nuestros municipios”. “Esta cifra –ha añadido- hubiese sido aún mayor si no hubiésemos tenidos las restricciones impuestas por el Gobierno a la hora de usar nuestro superávit”.
OTROS ASUNTOS
Este asunto ha sido uno de los principales de cuantos se han tratado en el foro en el que han participado los responsables de las diputaciones de Cádiz, Huelva, Córdoba, Jaén, Granada y Sevilla, reunidos en la Casa Museo de los Ingleses de Punta Umbría, dentro de los encuentros periódicos que mantienen para abordar cuestiones de interés común. Las diputaciones andaluzas ‘del PP’, las de Málaga y Almería, siguen quedando al margen.
El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha señalado que la elección del lugar “significa sumarnos a la conmemoración del 75 aniversario de la historia de William Martin, que ha sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público por el Gobierno y con la que Punta Umbría reivindica y recuerda su legado inglés”.
Por otro lado, el frente común de estas seis diputaciones andaluzas también exigirá al Gobierno de Rajoy que compense a los ayuntamientos por las pérdidas de ingresos en la recaudación de la plusvalía y que promueva a la mayor brevedad posible una iniciativa legislativa de reforma de este impuesto teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional.
La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha expuesto algunos datos que demuestran la importancia de este impuesto para los ayuntamientos de la provincia. Sólo en el año 2017 se recaudaron en la provincia 6,4 millones con el impuesto de plusvalía, lo que supone un 1,5% del total recaudado en los municipios que gestiona el Servicio Provincial de Recaudación (todos a excepción de Cádiz, Jerez y Rota). Los perjuicios económicos para los municipios en caso de dejar de cobrar las plusvalías, o más aún, si hubiera que devolver cantidades ya cobradas, serían graves. En municipios como Puerto Real, el cobro de este impuesto supuso el pasado ejercicio el 6,33% de la recaudación total. Otros porcentajes significativos son los de Chiclana, donde supuso el 3,74%, o La Línea, con un 2,85% del total.
Ante esta “injusticia” -avalada por el Tribunal Constitucional, que declara la inconstitucionalidad y nulidad de varios artículos del RD Legislativo 2/2004- las diputaciones exigen al Gobierno central la compensación a los ayuntamientos del cien por cien de las devoluciones que tengan que realizar por resolución judicial ante las reclamaciones de propietarios a los que se le cobró el impuesto de forma indebida. Asimismo y hasta que se publique la nueva normativa, piden que el Ministerio de Hacienda envíe una nota aclaratoria sobre el procedimiento de actuación que debe seguirse hasta la aprobación de la nueva ley.
Otro de los asuntos que se han abordado es la fuga de los bancos de las zonas rurales, donde en los últimos años se ha reducido más de un 30% el número de oficinas “y donde se prevé que el ajuste más duro aún está por llegar”. Los representantes de las diputaciones consideran que “además de destrucción de empleo este ajuste va a suponer importantes efectos directos e indirectos sobre el bienestar de los vecinos”. Por eso han expresado a los bancos que operan en las provincias representadas la oposición ante la anunciada reducción del número de oficinas, por los efectos perversos de la llamada “exclusión financiera” y piden al Gobierno de España a que legisle garantizando la bancarización de los entornos rurales, contribuyendo así, a la cohesión social y territorial de las provincias y a la defensa del mundo rural.
En este encuentro, los presidentes de estas seis diputaciones andaluzas también han abordado las nuevas ayudas de la Junta a la mejora de los caminos rurales de titularidad pública, destacando “el importante impulso del Gobierno andaluz y de las diputaciones provinciales a la cohesión territorial y agrícola a través de estas ayudas”.
