La presidenta de la Diputación de Cádiz ha lamentado que cinco municipios de la provincia (entre ellos tres de la Bahía) hayan quedado excluidos del reparto de los fondos europeos EDUSI, y confía en que el Ministerio de Hacienda rectifique y atienda “la necesidad que existe de crear empleo y revitalizar la economía” de estas ciudades afectadas. Al tiempo, evidencia que la institución provincial no podía concurrir a estas ayudas, como se demuestra en la resolución de la convocatoria, y afea las críticas al respecto desde la derecha en los últimos tiempos.
La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha lamentado que cinco municipios de la provincia (entre ellos tres de la Bahía: la capital, Chiclana y Rota) hayan quedado excluidos del reparto de fondos europeos para la puesta en marcha de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI).
“Espero que el Ministerio de Hacienda rectifique”, ha señalado García, que ha citado los datos de desempleo y la cohesión territorial como fundamentos que justifican que estos fondos, otorgados por concurrencia competitiva, lleguen a concederse a los proyectos de todos los ayuntamientos gaditanos. “Resulta muy llamativo que se hayan quedado fuera, con la necesidad que existe de crear empleo y revitalizar su economía”, ha considerado, al tiempo que ha mostrado su satisfacción porque a la vez sí se hayan aceptado los proyectos presentados por Jerez, San Fernando, El Puerto, Conil, Algeciras, Sanlúcar y La Línea.
Quien es también líder del PSOE provincial ha hecho mención a las cifras de desempleo, “un dato que de por sí ya debe servir de alarma y de justificación”, para que los proyectos presentados por los consistorios de Cádiz, Chiclana, Rota, Los Barrios y San Roque hubieran sido aceptados por Hacienda.
“LA DIPUTACIÓN NO PODÍA ACCEDER A ESTOS FONDOS”
Entiende García en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que el Ministerio, todavía en manos de Cristóbal Montoro, “ha hecho un uso torticero de estos fondos” ya que no se ha tomado en cuenta a las diputaciones en el reparto de estas ayudas de la UE para que hubieran sido los “baluartes para favorecer la cohesión territorial”; y ha replicado al portavoz del PP en la Diputación, José Loaiza, por criticar que la entidad provincial no hubiera concurrido a solicitar estas ayudas. “La resolución del Boletín Oficial del Estado fue la evidencia de lo que sabíamos que iba a pasar”, afeando que durante un mes Loaiza haya estado “alarmando” cuando se sabía que la Diputación de Cádiz no podía tener acceso a esos fondos. Como prueba, García ha recordado que el propio expresidentes conservador utilizó ejemplos de proyectos de otras diputaciones que ahora en muchos casos ni siquiera han llegado a ser baremados, acreditando lo que el Gobierno provincial de PSOE-PA venía afirmando.
De hecho, la práctica totalidad de las diputaciones del país han sido descartadas en su acceso a estos fondos: Ciudad Real, Albacete, Barcelona, Orense, Guipúzcoa, Sevilla, Almería, Granada, etcétera. En Andalucía, únicamente se ha tenido en cuenta un proyecto impulsado por una diputación, la de Málaga, que respondía a uno de los casos recogidos en la convocatoria y que no existe en la provincia gaditana, como es un proyecto liderado por un municipio mayor de 20.000 habitantes (Antequera) con intereses comunes con otros de menor población aglutinados en torno a un elemento de dinamización socioeconómica.
En el caso concreto de Cádiz, “ha quedado claro y manifiesto que la Diputación no podía acceder a esos fondos”, ha afirmado la presidenta, quien ha recordado que en la provincia no existe caso alguno de conurbación de población superior a 20.000 habitantes constituida por pequeños municipios, que hubiera sido la única fórmula susceptible de concurrir a esta convocatoria.
Finalmente, la socialista ha calificado las acusaciones que se han venido haciendo por parte de la derecha acerca de una supuesta dejación de funciones como “una gran mentira que se evidencia con un documento oficial como el BOE”. Y ha recordado que la hipotética presentación de proyectos que se sabían condenados de antemano al fracaso hubiera conllevado un coste inútil en materia de asistencia y recursos técnicos, como ya se advirtió desde el primer momento por el propio Ministerio de Hacienda, autor de la convocatoria.
(puedes comentar esta información más abajo)
