El nuevo programa de garantía alimentaria de la Junta de Andalucía calcula que va a cubrir las “necesidades básicas” de 3.294 familias en la provincia de Cádiz, mediante un sistema de tarjetas monedero, muy cuestionado, también es verdad.
Para ello, la administración autonómica ha concedido una subvención excepcional de 17 millones de euros a Cruz Roja, entidad encargada de desarrollar este programa en coordinación con los servicios sociales comunitarios de los municipios de toda Andalucía.
El delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Cádiz, Miguel Andréu, ha detallado este jueves la medida en la sede de la Cruz Roja de la capital, junto con su presidenta provincial, Rosario García.
Andréu (colocado por Cs) ha agradecido la colaboración de la entidad en un proyecto al que García se ha referido como “nueva herramienta que da respuesta a las personas más vulnerables, cuyo número es apabullante en la provincia de Cádiz: más de 30.000 familias han sido atendidas por Cruz Roja desde el comienzo de la pandemia, y ahora con las tarjetas monedero seguiremos aportando dignidad y no estigmatización de las mismas”.
El delegado territorial, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, ha apuntado por su lado que “desde el primer momento, la prioridad de la consejería ha sido atender a las necesidades de la población más duramente afectada por la crisis, con la mayor anticipación y celeridad posibles”. Y ha repasado toda una serie de actuaciones para dar una “solución inmediata y ágil”, que “se puede denominar” como ‘primer plan de emergencia social frente a Covid-19’, el cual “supone una movilización de 72 millones en ayudas sociales, de los cuales, más de 10,4 millones están destinados a la provincia de Cádiz”. En este total se suma el dinero aportado por el Gobierno central en su Fondo Social, y este mismo programa de tarjeta monedero (que para Cádiz supone 2,1 millones de euros).
ENTRE 250 Y 150 EUROS AL MES PARA LA COMPRA
Dicha tarjeta monedero (toda la información, AQUÍ) tendrá una vigencia de cuatro meses con posibilidad de ampliarse si la crisis persiste. Con ella, se podrá adquirir productos básicos de alimentación, higiene y limpieza en supermercados y tiendas de proximidad.
Puede solicitarla aquella persona o familia que se encuentre en situación de necesidad como consecuencia de la crisis del coronavirus, en concreto: personas incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que hayan visto disminuidos ostensiblemente sus ingresos, que hayan sufrido el despido de su puesto de trabajo durante la pandemia y carezcan de prestaciones por desempleo, población gitana dedicada al comercio ambulante, personas andaluzas retornadas, familias monoparentales con menores a cargo, unipersonales y, en general, todas aquellas personas o familias que por su situación de necesidad precisen de esta ayuda y así sea acreditada por profesionales del trabajo social. Hay que pedirla en las sedes de Cruz Roja o en los servicios sociales comunitarios.
Su cuantía va desde 150 euros en el caso de una persona solicitante; 200 euros para familias de dos y tres personas; y 250 euros en el caso de cuatro o más personas.
Su importe se recarga mensualmente y es compatible con otras ayudas en los casos del Ingreso Mínimo Vital que acaba de aprobar el Gobierno de España de PSOE y Unidas Podemos, Pensión no contributiva, Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, ayuda económica familiar y de emergencia y becas de alimentación del plan Syga
“LA MARCA DE LA POBREZA”
Esta medida ha sido duramente cuestionada desde que se lanzaba semanas atrás por parte del Gobierno andaluz de PP y Cs, con el aliento de la ultraderecha. Así, el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz secundó en su momento al Consejo Andaluz de Trabajo Social, manifestando su “más enérgica protesta” al vincularse la atención social durante la pandemia a la entrega a las familias de una tarjeta monedero “financiada con fondos públicos, pero gestionada por entidades ajenas a la administración pública”.
Trabajadores sociales, sin éxito, pedían que se revertiera este programa, y que los recursos del mismo derivados a las organizaciones no gubernamentales (en este caso, a Cruz Roja), “se destinen a las prestaciones de emergencia social que ya se gestionan en servicios sociales desde los ayuntamientos”.
“El derivar a entidades privadas fondos que se niegan al sistema público –reflexionaba el Consejo Andaluz de Trabajo Social-, sería tan incomprensible como privar a los hospitales y sus profesionales sanitarios de medicación y respiradores para que ONGs atendidas en su mayor parte por personas voluntarias, prescribieran a qué enfermos se les proporciona; lo que sería un disparate en el sistema sanitario, lo es también en el de servicios sociales”.
Igualmente, este colectivo entiende que “es estigmatizante la entrega de una tarjeta ‘de pobreza’ para poder alimentarse, cuando ya hay recursos normalizados como las prestaciones económicas gestionadas desde las administraciones locales, o la propia Renta Mínima de Andalucía”.
De este modo, el Consejo Andaluz que representa a la profesión de Trabajo Social, rechaza la pretensión de cambiar por la vía de los hechos el sistema de protección ya consagrado en la Ley de Servicio Sociales de Andalucía, “donde se reconoce que son los servicios sociales comunitarios los que tienen que garantizar la atención en situaciones de emergencia o urgencia social”; reclama “el derecho a una protección social pública y normalizadora, alejada de voluntarismo y sin garantías”.
En el mismo sentido, partidos como Adelante Andalucía (Podemos e IU), la propia Diputación de Cádiz (con gobierno socialista) y ayuntamientos como los de Cádiz y Chiclana se han sumado públicamente durante los últimos días a cuestionar esta medida (que algunos tildan ya de “la marca de la pobreza”) articulada por Cruz Roja pero que “lógicamente tendrá que pedir ayuda a los servicios sociales de los ayuntamientos”, y a pedir una reformulación del proyecto de la Junta para que utilice “la puerta de entrada única de los servicios sociales para la adecuada cobertura de las necesidades sociales, sin menoscabar los derechos, la dignidad y la privacidad de las personas”.
