La Diputación de Cádiz ha celebrado su pleno mensual de septiembre, en formato telemático, en el que, entre otros temas, se han abordado la privatización de Los Toruños, la situación de los centros educativos frente a la pandemia, la petición de más medios policiales para el Campo de Gibraltar, los okupas o el uso del glifosato.
Antes de pasar al debate de las mociones presentadas por los partidos, ha salido adelante el límite de gasto establecido para el año 2020: 197 millones de euros. Esta cifra se alcanza tras conocer el gasto computable alcanzado en el ejercicio anterior (2019), al que se añade la tasa de referencia del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española.
El dato se incluye en el plan económico-financiero aprobado en su momento y que se aplicará en los años 2020 y 2021. El citado plan se adopta tras confirmarse que en el ejercicio pasado la institución provincial se excedió la regla de gasto: hace dos años este límite se situaba en 187,5 millones de euros, si bien el gasto efectivo se elevó a los 191,4.
El nuevo instrumento se ha validado con los votos a favor del PSOE, La Línea 100×100 y AxSí, y la abstención del resto de la oposición (PP, Adelante Cádiz, IU y Ciudadanos).
En el debate plenario, el responsable del área de Servicios Económicos, Juan Carlos Ruiz Boix, ha remarcado la incongruencia de una ley (la de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, impuesta por el PP en 2012) cuya aplicación, en el caso concreto de la Diputación, obliga a formular y aplicar un plan económico-financiero “que reduce el volumen de gasto por debajo de nuestra capacidad real, pese a acreditar nuestra solvencia económica y con superávit presupuestario”.
MOCIONES
Según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, este pleno mensual ha aprobado dos propuestas (de los socialistas y del representante andalucista) con varias reclamaciones a la Junta para que sea la administración autonómica la que asuma y costee la aplicación de medidas para afianzar la seguridad sanitaria, en las nuevas circunstancias de pandemia, en los centros educativos de la provincia. La propuesta del PSOE incorporó una enmienda de adición de IU.
La limpieza y las campañas de higiene extraordinarias, contrataciones de profesorado que redunden en una bajada de ratios en las aulas, provisión de recursos telemáticos, la aceleración de las obras que requieren los centros así como la incorporación de personal sanitario en centros de educación especial son algunas de las solicitudes concretas dirigidas a la Junta, con Gobierno de derechas. La propuesta de AxSí fue secundada por todos los grupos salvo el PP, que se opuso; mientras que la planteada por el PSOE fue respaldada por la mayoría de los grupos, salvo, como no, PP y Cs.
Para los socialistas, ambas formaciones de derecha “han vuelto a perder la oportunidad de defender los intereses de los gaditanos en una materia tan fundamental y vital para la sociedad como es la defensa de la educación pública y sus recursos. Es inadmisible que, una vez más, los grupos políticos que ostentan el Gobierno de la Junta se dobleguen en la Diputación a sus intereses partidistas pasando por encima de las necesidades de la provincia”.
Por otro lado, la diputada izquierdista Carmen Álvarez defendió una propuesta, que salía adelante, para que se deje sin efecto la licitación, convocada por la Junta, para adjudicar a una empresa externa la gestión integral del Parque Metropolitano Marismas de Los Toruños y Marismas de La Algaida, en El Puerto y Puerto Real. Como se preveía, el PP ha vuelto a defender que “no es una privatización de nada”, sino que antes se hacía una gestión parcial y ahora es integral.
Asimismo, se ha dado luz verde a una propuesta del PP en la que solicita que la comarca del Campo de Gibraltar sea declarada Zona de Especial Singularidad, con incentivos económicos y laborales que reconozcan la labor policial. En la misma moción se demandan más medios materiales y tecnológicos en la lucha contra el narcotráfico, la creación de una nueva Comisaría en La Línea así como la implementación de nuevas estaciones del Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE), entre otros requerimientos. La iniciativa sólo contó con los peros, las abstenciones, de Adelante y AxSí.
Según el portavoz del principal partido de la oposición, José Loaiza, “es de justicia que se reconozca y atiendan las demandas que vienen haciendo los miembros de los cuerpos de seguridad”, al tiempo que ha mostrado su preocupación por los incidentes que se están repitiendo en las últimas semanas “y que dejan claro las carencias con las que deben afrontarse en su trabajo diario”.
Y entre otros puntos aprobados, está la adhesión de la Diputación a la declaración institucional formulada por la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental ante la cercanía del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental; y el cese de la participación de la institución provincial en la Sociedad para el Desarrollo de la Ruta Bético-Romana SL, entidad que “ha perdido actividad y apenas desarrolla promoción”.
Por otro lado, una de las propuestas que no ha prosperado es la promovida por Adelante Cádiz, instando a eliminar el uso del glifosato de todas las carreteras de la provincia y para que se investigue la contaminación por este herbicida denunciada por Ecologistas en Acción en las aguas del Parque Natural Sierra de Grazalema. PP, PSOE, Cs y Juan Franco, el alcalde de La Línea (uno de los dos diputados de La Línea 100×100), se han opuesto.
El representante de Adelante Antonio Romero considera “decepcionante” que al PSOE se le olvide que “en 2016 votó a favor de una moción similar aludiendo que ya se ha hecho el trabajo cuando las organizaciones ecologistas han demostrado lo contrario”. En cuanto a la argumentación del diputado popular Antonio Saldaña sobre la “batalla de la extrema izquierda contra el glifosato” y su mínima incidencia en la salud frente al café, por ejemplo, el exalcalde de Puerto Real le ha recomendado “tomarse de vez en cuando un vasito de glifosato a ver cómo le sienta; yo seguiré tomando café”. En todo caso, el diputado provincial ha puesto encima de la mesa “el principio de precaución” que “va más allá de que esté permitido legalmente o no el uso de este herbicida”.
Tampoco han tenido recorrido sendas iniciativas de la franquicia naranja y de los populares alrededor de la “ocupación ilegal” y “usurpación” de viviendas en la provincia, continuando con la campaña del miedo nacional frente a los okupas que ciertos partidos y medios están promoviendo desde hace semanas.
