El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ya saludó en su reciente investidura a la nueva presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, también del PP y jerezana, ha vuelto este miércoles al Palacio Provincial para una primera reunión protocolaria, pero “sobre todo de trabajo”.
La rehabilitación y conversión del edificio Valcárcel en la capital gaditana en Facultad de Ciencias de la Educación (proyecto demorado y obstaculizado hasta ahora por el Gobierno andaluz de derechas), la colaboración en el desarrollo de infraestructuras sanitarias o la lucha contra la sequía, y la creación de nuevas sedes de la red Vuela Guadalinfo, han sido algunos de los asuntos sobre la mesa.
Martínez del Junco ha insistido en la disposición de una actitud “colaboradora y leal” con el objetivo de “dar soluciones a los desafíos de la provincia de Cádiz”. Una voluntad refrendada por su compañero de partido, quien ahora que la Diputación vuelve a estar escorada a la derecha, confía en que sea “un motor de desarrollo económico y social” y que, en cambio, “huya de enfrentamientos y polémicas”.
En ese marco de “normalización institucional”, según se precisa en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, han mostrado su disposición para acabar con las “discrepancias” suscitadas en el anterior mandato en relación a la sede de la Audiencia Provincial.
El pasado marzo, la Diputación (con gobierno liderado por el PSOE todavía) y tras su aprobación en pleno, cursaba demanda contra la consejería de Justicia por la ‘okupación’ de este edificio en la Cuesta de las Calesas de la capital. Con este paso, se buscaba acabar con los perjuicios que causa una “permuta fallida”; la que hace más de dos décadas se acordó entre este edificio ocupado por la Audiencia y el solar comprendido entre las calles Brunete, Granja San Ildefonso y Tolosa Latour (donde inicialmente la Junta iba a levantar la prometida Ciudad de la Justicia). En la práctica, la administración autonómica mantiene de facto los dos bienes citados e impide que la Diputación perciba una renta por el uso de la Audiencia.
Con esa “normalización institucional” decidida entre compañeros del PP, la Diputación dejará de reclamarle a la Junta el inmueble y también el pago de un arrendamiento por el uso (cuantificado en 280.000 euros de renta anual).
OTROS ASUNTOS
En cuanto a Valcárcel, también ha habido “sintonía” entre los dos políticos jerezanos; una iniciativa definida por el consejero como “un proyecto de ciudad y de provincia”. Al respecto, y según Sanz, se aguarda el proyecto de ejecución que debe trasladar la Universidad de Cádiz para proceder a la firma del convenio que vincule a Diputación, Junta, Ayuntamiento de Cádiz y UCA. Y ha confirmado su predisposición a que se apliquen, en el presente 2023, los 2 millones de euros que la Junta ha consignado en los presupuestos en vigor. Aunque parece evidente que acabará el año sin que se haya movido un ladrillo.
Diputación y Junta también comparten el desarrollo de la red Vuela Guadalinfo. Una plataforma que ha supuesto una evolución de los antiguos centros Guadalinfo hacia “nuevas sedes de servicios tecnológicos avanzados”, y en las que se propicia la resolución de trámites ante las administraciones, servicios de telemedicina, programación avanzada, proyectos de innovación o estancias para captar a los denominados nómadas digitales. El objetivo anunciado por Antonio Sanz es disponer de 37 puntos Vuela Guadalinfo en la provincia antes de final de 2023.
La cooperación en nuevas infraestructuras sanitarias, el desarrollo de medios para combatir la sequía, o la inclusión de la Diputación en la futura sociedad Lógica (sucesora del Consorcio Las Aletas) han sido otros de los asuntos desplegados en la agenda común repasada por la flamante presidenta de la institución provincial gaditana y el consejero de Presidencia.
