Un día después del balance navideño triunfalista de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, se ha celebrado un breve último pleno ordinario de 2025 de la institución provincial en el que han salido adelante las cuatro mociones presentadas por cada uno de los grupos.
Por un lado, con el PP lavándose las manos (con la excusa de que “la Diputación no tiene competencias en la materia”, aunque tampoco la tiene cada vez que insta al Gobierno de Pedro Sánchez…), se ha aprobado la propuesta de Izquierda Unida apoyando a las precarizadas trabajadoras del servicio de limpieza en los cuatro campus de la Universidad de Cádiz, movilizadas desde el verano en lucha por la dignificación de sus condiciones y un pliego que recoja esas mejoras: el que se tramita es, para el comité, “un ERE encubierto, eliminando las horas equivalentes a 29 puestos de trabajo”.
La propuesta insta a la UCA a mediar en la negociación entre concesionaria del servicio y empleadas “de manera inmediata, con el objetivo de alcanzar un acuerdo justo que ponga fin al conflicto laboral y garantice unas condiciones de trabajo dignas y estables”. Y reclama a la propia Diputación que se comprometa a “realizar un seguimiento de la evolución del conflicto, poniendo a disposición de las partes, si así lo solicitan, sus servicios de mediación u otros organismos competentes para facilitar el diálogo”.
El diputado izquierdista Ramón Galán, que ha lamentado la abstención de la derecha en la votación, dice ser consciente de que la Diputación “no es el órgano competente” para resolver este conflicto, pero sí ha entendido que al tratarse del máximo órgano provincial es el propicio para “ejercer presión” ante una “injusticia tan grande” en una institución tan importante como la Universidad.
AUMENTO EN LAS CUOTAS DE ATÚN ROJO
Por su lado, el PP ha presentado una moción exigiendo al Gobierno central y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que incluyan de manera explícita a las flotas artesanales de Conil, Barbate y La Atunara (La Línea), en el próximo Real Decreto que regule el reparto de las cuotas del atún rojo, “atendiendo a que son las más afectadas por el alga invasora asiática, el cambio climático y la pérdida masiva de caladeros”.
Además, la propuesta demanda una cuota complementaria para Tarifa y Algeciras, puertos en los que sólo se permite pescar 1.600 kilos al año.
Todos los presentes han apoyado la iniciativa salvo un diputado del PSOE, el alcalde de Chiclana José María Román, quien ha propuesto la introducción de un par de enmiendas con el fin de incluir en el reparto a la almadraba de Sancti Petri y ampliar la comunicación de este acuerdo a todas las almadrabas de la provincia, algo que la derecha no ha aceptado porque “esta moción se centra en un sector, el pesquero, que lleva muchísimos años castigado y no en el de las almadrabas.
OTRAS MOCIONES
También ha prosperado la moción a pleno del PSOE, y por unanimidad, recordando la situación de las viviendas de protección oficial de la urbanización La Colada, en Alcalá del Valle. Es una promoción “de más de 30 años”, titularidad de la Junta de Andalucía, que presenta “patologías graves” (humedades, filtraciones, desprendimientos de cornisas, cubierta de fibrocemento…) que incluso “ponen en riesgo a los residentes”. Se ha votado instar a la administración autonómica a que proceda a su rehabilitación.
Y con otra abstención del PP, se ha aprobado la propuesta de su socio, La Línea 100×100, expresando el compromiso de la Diputación con la reactivación y “ejecución efectiva” del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa Noroeste, aprobado en el 2011, instando a la Junta a evaluar el grado de cumplimiento de este instrumento desde su aprobación y solicitando la actualización del mismo, “incorporando los nuevos retos territoriales, climáticos, sociales y económicos” para Chipiona, Rota, Sanlúcar y Trebujena.
CARRETERA DE EL MARQUESADO Y ‘PAGUITAS’ A LA ULTRADERECHA
Entre otras cuestiones, durante la sesión plenaria una portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos Chiclana Norte ha leído un escrito sobre el “estado de abandono” y “falta de seguridad de la carretera de El Marquesado”, de la que es titular la Diputación.
Como respuesta, el diputado de Cooperación, Javier Bello, asumiendo que esta vía “se ha convertido en una carretera dentro del núcleo urbano y tiene unas necesidades especiales que la Ley de Carreteras no contempla”, han planteado “valorar con el alcalde si esa carretera tiene que dejar de estar en el catálogo de la red de carreteras provinciales y pasar a ser una avenida de Chiclana”.
Por otro lado, el portavoz de los socialistas, Javier Pizarro, ha aprovechado para exigir al PP y sus socios de La Línea 100×100 que cesen de inmediato la financiación pública a “agitadores de ultraderecha, xenófobos y racistas”, tras desvelarse días atrás la adjudicación de contratos menores de publicidad al grupo EDA TV donde hace terrorismo informativo un personaje como Vito Quiles.
Durante su intervención, Pizarro ha mostrado su estupor ante la justificación técnica esgrimida por el Gobierno de Almudena Martínez para adjudicar estos contratos a dedo, basándose en la figura del ‘intuitu personae’, que alude a cualidades únicas de talento o confianza. “Decir que se contrata por su talento tiene guasa, y si es por confianza, confirma la deriva extremista de este Gobierno”, ha ironizado el portavoz del PSOE.
“Es una vergüenza que se recurra a este tipo de pseudomedios (ajenos a Cádiz) para la promoción, existiendo empresas profesionales y serias en nuestra provincia”, ha sentenciado.
