“En las actuales circunstancias de emergencia sanitaria también está en juego el respeto a la autonomía de las entidades locales, las más cercanas a la sociedad, y que por lo tanto tienen que ser decisivas para determinar el alcance y la cuantía de la intervención pública”. Estas reflexiones, reiteradas por la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, se han planteado como demandas concretas en el seno de la plataforma que se mantiene por videoconferencia con otras diputaciones andaluzas y que asumen las federaciones andaluza y española de municipios y provincias, la FAMP y la FEMP.
En lo que respecta a la Diputación gaditana, García insiste en la necesidad de “poder disponer libremente de todo el superávit presupuestario y no únicamente del 20% del mismo”, tal como estableció el Gobierno de España en el Real Decreto Ley 11/2020 del 31 de marzo, “así como de los depósitos bancarios”. Este planteamiento ya se ha cursado al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos desde la FEMP, y se contiene en un documento con 19 medidas concretas para combatir los efectos socio-económicos del coronavirus desde las administraciones locales.
La FEMP cifra en 3.839 millones de euros el superávit agrupado de los ayuntamientos españoles al cierre del ejercicio 2019. “Se nos pidió rigor y lo hemos cumplido a tenor de los resultados; ahora, en justa correspondencia, pedimos que se fíen de nuestro rigor para poder emplear libremente estos fondos”, defiende la presidenta socialista de la Diputación de Cádiz. Esta demanda de las entidades locales obliga a flexibilizar la regla de gasto, que es uno de los soportes de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, más conocida como Ley Montoro.
La demanda de “mayor respeto” a la autonomía local también se dirige a la Junta de Andalucía, con Gobierno de PP y Cs, con el aliento de la ultraderecha, “que sigue sin aclarar si los ayuntamientos podrán disponer libremente del fondo social de emergencia que les corresponde”. El Gobierno central ha confirmado que, en concepto de emergencia social, librará más de 51 millones de euros a la comunidad autónoma andaluza; de ese montante más de 30 millones deben destinarse a corporaciones locales.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, García reitera que los fondos que correspondan a la provincia de Cádiz “deben transferirse directamente a los ayuntamientos para que desde cada entidad municipal, sabedora de los problemas de su población y de los vecinos en situación de vulnerabilidad, decidan las actuaciones que necesitan sus respectivos municipios”.
Por otro lado, la presidenta de Diputación gaditana ha vuelto trasladar a la delegada del Gobierno de la Junta andaluz, Ana Mestre, la reclamación de los ayuntamientos “que siguen manifestando escasez de recursos higiénico-sanitarios”, además de recordarle la “incongruencia de enviar una instrucción a los municipios para advertir que es la administración autonómica la que tiene la competencia en esos suministros y, en el mismo documento, endosarle la misma facultad a los ayuntamientos”.
Al respecto, la misma Mestre ha afirmado en su última recepción, con foto incluida, de mascarillas para destinarlas a trabajadores de ayuda a domicilio de la provincia, que confía en que “la misma diligencia que está teniendo el Gobierno andaluz a la hora de suministrar material sanitario, la tenga el Gobierno de España con ese material ya que actualmente, sólo el 5% lo ha aportado el Estado, mientras que el 86% lo ha hecho la Junta y el 9% restante Inditex” (sí, se refiere a Amancio Ortega). “En apenas dos semanas, la Junta ya ha entregado a la administración provincial un total de 18.550 mascarillas”, ha subrayado.
En otro sentido, Irene García también ha planteado a la representante del Ejecutivo autonómico, otra vez, “la necesidad de aportar información precisa sobre el alcance de la pandemia en cada municipio”. Desde la salvaguarda de derechos como el de protección de datos o la intimidad personal, “los ayuntamientos necesitan conocer las situaciones concretas que les conciernen –como por ejemplo las zonas del municipio donde se han confirmado casos positivos- para procurar una mayor eficacia de servicios públicos como la limpieza viaria o la recogida de residuos”.
