El responsable del área de Servicios Económicos de la Diputación de Cádiz, Jesús Solís, convocaba este jueves una rueda de prensa urgente, después de que haya transcendido que el Ministerio de Hacienda ha vuelto a amenazar a diferentes entidades locales morosas –entre ellas la propia Diputación y los ayuntamientos de Jerez, El Puerto, Chiclana y Algeciras- por incumplir de forma holgada el plazo medio de pago a proveedores.
Solís ha confirmado que en marzo se abonaron facturas por un importe de 1,5 millones de euros –por servicios prestados hace más de tres años- que el anterior Gobierno provincial del PP “dejó sin conformar”. El pleno de febrero autorizó esta transferencia.
El citado importe se contabilizó en septiembre de 2017 y “alteró” los periodos medios de pago (PMP) que, hasta entonces, la institución provincial resolvía por debajo del límite legal de 30 días; según ha precisado este diputado del PSOE, en enero de 2017 este índice era de 29 días, el mismo promedio que en febrero (29 días), en marzo se mejoró alcanzando los 16 días, en abril 23 días… “pero todo se distorsionó en septiembre, aunque desde el primer momento advertimos que se trataba de un problema puntual”, que no amenaza la estabilidad y solvencia económica de la Diputación, se repite en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Ante la advertencia de Montoro, igualando los incumplimientos de diferentes entidades locales de todo el Estado además de atribuirles una delicada situación financiera, con la situación de la Diputación, Solís ha reprochado los datos “sesgados” que se han empleado así como la “reiterada deslealtad” del Ministerio. Lamenta que con esta actitud “hacen daño a la institución y a la provincia de Cádiz, además de provocar preocupación a los proveedores”.
El responsable económico de la institución provincial ha relatado que se desplazó hace tres semanas a Madrid para comunicar el pago de la deuda generada en enero de 2015 por el anterior Ejecutivo de Loaiza, y advertir que, una vez saldada, se apreciaría “una sensible reducción” del periodo medio de pago.
Sin embargo, hace dos días se recibió en el registro de entrada de la Diputación una carta del Ministerio de Hacienda –la misma misiva que se ha difundido públicamente- en la que se insta a informar al órgano que tiene atribuida la tutela financiera, en este caso la Junta de Andalucía, para la adopción de medidas que conduzcan al cumplimiento del plazo legal. En la información divulgada se indica la posibilidad de que el Ministerio pueda retener la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) que corresponden a la Diputación, para que sea el organismo estatal quien pague directamente a los proveedores. “Una medida innecesaria porque los proveedores están cobrando con normalidad”, según aclara Solís.
El periodo medio de pago por el que está alarmado Cristóbal Montoro es de 125 días, “si bien va a bajar drásticamente cuando se contabilicen las facturas pagadas en marzo”, recuperando el nivel del primer semestre de 2017, se insiste. El promedio es “fruto de una distorsión, al incluirse facturas que se emitieron hace más de tres años. De hecho, al margen de ese problema puntual, los proveedores están cobrando dentro del plazo legal”.
Por otro lado, este representante del Gobierno provincial de PSOE-PA señala los “datos erróneos” que se han publicado en relación a la capacidad económica de Diputación gaditana: “no es cierto que haya incumplimientos sistemáticos y prolongados en el tiempo. De hecho hasta septiembre de 2017 hemos cumplido con creces con el periodo medio de pago a proveedores. Tampoco se ha adoptado un plan de ajuste, ni se va a hacer porque no es necesario. Estamos 50 puntos por debajo del límite legal de endeudamiento (se sitúa en el 60%, sensiblemente mejor que el 100% de junio de 2015); con un superávit de 30 millones de euros y un remanente de tesorería positivo de 20 millones. Además, imputamos al plan de tesorería el total de la deuda de proveedores de cada mes, y que se sitúa en el orden de unos 6 millones”.
Y EL PP EXIGE EL “CESE INMEDIATO” DE SOLÍS
Mientras, el PP obvia su responsabilidad en esta incidencia, y ya ha solicitado a la presidenta de la Diputación, Irene García, que “aparte de manera inmediata” a Jesús Solís de sus funciones como responsable económico “ante el ultimátum del Ministerio de Hacienda por el desorden en las cuentas de la institución provincial”.
El portavoz conservador en la Diputación y expresidente, José Loaiza, considera que “Solís ha cometido dos faltas imperdonables que lo inhabilitan al frente de su cargo”. Por una parte, “miente públicamente al achacar los problemas económicos y contables a facturas sin consignar heredadas (del propio Loaiza)”; y, por otra, “ha tratado de ocultar a los gaditanos la deuda millonaria generada por el PSOE y que Diputación debe a los proveedores, con 8,5 millones de euros pendientes en enero”.
“Además, el desaguisado económico de la Diputación puede ser más grave de lo que está dispuesto a asumir el Gobierno de Irene García, según ha podido conocer el grupo popular”, alarman desde la derecha sin dar ningún dato más; aunque piden “valentía y honestidad al Gobierno socialista para despejar todas las dudas en torno a la gestión económica”.
Así, Loaiza solo dice esperar el cese de Solís porque “ha desconectado de la realidad entre el jet lag y el síndrome de la moqueta”.
