El período medio de pago a proveedores de la Diputación de Cádiz se ha disparado a 143 días en octubre (cerca de cinco meses), “muy por encima” de los 30 establecidos por la ley y que se ha venido manteniendo durante el actual mandato. Y el diputado del área de Servicios Económicos y responsable de Hacienda y Recaudación, Jesús Solís, tiene justificación: esta situación especial se debe al impago de cientos de facturas, por un importe de 1,5 millones, que dejó el anterior equipo de gobierno del PP a empresas proveedoras del servicio provincial de Recaudación y Gestión Tributaria y de otras asistencias técnicas.
“Se nos ha ido en octubre a 143 días, eso nos sitúa a priori en una situación bastante compleja, si bien es cierto que es un dato numérico, que no significa que tardemos cinco meses en pagar las facturas a proveedores”, ha apuntado este diputado del PSOE, quien ha explicado que del año 2011 al 2015 no se pagaron unas facturas de al menos cinco proveedores que asistían al servicio provincial de Recaudación “sencillamente porque se les exigió que bajaran de palabra en un 10% el precio del contrato, sin ningún procedimiento administrativo, ni pasar por el pleno, por lo que se vinieron acumulando facturas por el resto de ese 10% que las empresas iban presentando, puesto que en ningún sitio del contrato de sus servicios hablaba de esa bajada de esos precios, y nos hemos encontrado con dos o tres cajas de facturas ni siquiera conformadas, que acumulan casi 1,5 millones de euros”.
Solís ha reconocido que la Diputación de Cádiz “va a pagar y se buscan soluciones”. “Por la propia sanidad de la Diputación, porque el período medio de pago no es un dato estadístico, es un dato que la propia ley de morosidad nos hace cumplir para cualquier acción que queramos llevar a cabo, como es el caso de la inversión del superávit o remanente de tesorería, que ha permitido una inversión de 16 millones de euros en el plan Invierte 2017; hasta eso hemos podido poner en riesgo al tener que contabilizar estos cientos de facturas”.
El propósito del actual Ejecutivo provincial PSOE-PA es evitar “lo que sería un mayor perjuicio para la hacienda pública de la Diputación y, por lo tanto, a los gaditanos, en el caso de que estas empresas acudan a los juzgados, con las consiguientes costas judiciales e intereses de demora”. “Tampoco me quiero olvidar de los proveedores, que durante años han visto mermados los ingresos, en muchos casos prácticamente únicos de la Diputación, porque eran empresas locales de cada una de las comarcas de la provincia”, ha agregado el diputado de Hacienda y Recaudación. La mayoría de los servicios que prestan las empresas son notificaciones a los contribuyentes.
La situación denunciada por Jesús Solís, se asegura, “contrasta temporalmente” con la situación económica actual de la Diputación. “Un momento bastante bueno, donde la deuda baja de un 100% cuando entró este equipo de Gobierno a menos de un 60%; donde la liquidación de 2016, arroja un superávit de más de 60 millones de euros; donde arroja un remanente de tesorería de 23 millones; donde la liquidez está más que asegurada; donde el servicio provincial de Recaudación ingresó el pasado año 50 millones más que en 2015; y donde los datos de 2017 ya vamos avanzando que van a ser mejores que los de 2016”, ha avanzado.
“NO HAY NI UNA SOLA FACTURA ESCONDIDA”, SEGÚN EL PP
El portavoz del PP en la Diputación y expresidentes, José Loaiza, ya ha salido a la palestra para dar su versión sobre este asunto, interpretando que Solís “trata de confundir y engañar a los ciudadanos intencionadamente”.
“Del pasado mandato no hay ni una sola factura escondida, ni una sola caja con facturas sin consignar, porque no somos el PSOE”, ha asegurado Loaiza, al tiempo que ha recordado que la primera medida que tuvo que tomar al llegar a la presidencia de la institución provincial en 2011 fue poner orden en las cuentas “regularizando millones de euros en facturas metidas en archivadores que iban de despacho en despacho, sin expedientes y que afectaban a decenas de proveedores”, herencia de “los años de gobierno del socialista Francisco González Cabaña”.
Desde la derecha se afirma que el ahora diputado de Hacienda “hace referencia a un caso conocido por los responsables técnicos y políticos de Recaudación, tanto en el anterior mandato como en éste, y se trata de un asunto meramente técnico que debe resolverse en el ámbito administrativo: el ajuste de un contrato y diferencias entre empresas y administración por el coste a la baja del servicio prestado”.
Además, se subraya la “contradicción” de que se achaque el incremento del periodo medio de pago a proveedores “a unas facturas que, según dice, no están conformadas y, por lo tanto, no están reconocidas ni computan en el cálculo del periodo medio de pago”.
