El debate sobre qué hacer con el dinero que genera el juego ya no es una cuestión técnica, es todo un tema político de primera línea.
La decisión del Ayuntamiento de Santander de destinar 500.000 euros de remanentes municipales a sanear la deuda del Gran Casino del Sardinero, a través de una ampliación de capital de la sociedad gestora, participada por el propio Consistorio y el Gobierno de Cantabria, ha encendido las alarmas de parte de la oposición.
Ellos denuncian que se está tapando agujeros de un modelo de negocio fracasado con dinero de todos. El caso cántabro llega, además, en un momento en el que el juego online bate récords de actividad en España y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prepara nuevas obligaciones para las casas de apuestas en internet.
Entre la financiación de casinos emblemáticos, la expansión del juego digital y las nuevas normas de protección al consumidor, España discute, en realidad, qué modelo de ocio quiere y cómo debería reinvertir los fondos que deja el juego.
Medio millón para el Gran Casino del Sardinero
El Gran Casino del Sardinero no es un edificio cualquiera. Inaugurado a comienzos del siglo XX y situado en uno de los enclaves más turísticos de Santander, el inmueble está catalogado como de alto valor histórico y ha sido durante décadas uno de los símbolos de la ciudad.
Hoy, sin embargo, su actividad se concentra en mesas de juego y hostelería, con una sociedad anónima participada por el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria que arrastra problemas financieros desde hace años.
En octubre de 2025, el equipo de Gobierno municipal del PP sacó adelante una modificación presupuestaria para aportar 500.000 euros a la ampliación de capital de la gestora del casino, con el apoyo de Vox y el rechazo de PSOE, PRC e IU.
La alcaldesa, Gema Igual, defendió la operación como una forma de acabar con una deuda y garantizar la viabilidad de la sociedad, mientras la oposición sostuvo que se estaba utilizando el remanente como si fuera una cuenta infinita para salvar un modelo de negocio cuestionado.
El debate local se superpone a un contexto mucho más amplio. Mientras Santander discute si debe destinar recursos a rescatar un casino presencial, una parte cada vez más grande de los jugadores se mueve hacia el entorno digital y compara la experiencia de acudir a un establecimiento físico con opciones online.
Los mejores casinos sin KYC están conquistando usuarios al quitar los procesos de verificación largos, permitiendo abrir una cuenta y jugar en pocos minutos. Que es uno de los inconvenientes de los casinos online frente a los físicos.
La paradoja es evidente, en realidad. Mientras el juego online regulado se orienta hacia más controles y más información al consumidor, una parte de la oferta internacional compite precisamente por lo contrario.
El caso del Sardinero, con fondos públicos sobre la mesa, obliga a preguntarse si la apuesta institucional debe ir dirigida a sostener espacios de juego tradicionales, a reforzar el patrimonio cultural o a impulsar entornos de ocio menos ligados al azar.
¿De dónde sale el dinero del juego? Gasto récord y recaudación pública
Más allá del caso cántabro, la discusión sobre el destino de los fondos exige mirar el volumen real de dinero que mueve el sector. Según datos de la patronal CeJuego, el gasto global en juego en España alcanzó los 10.945 millones de euros, una cifra récord que consolida la recuperación tras la pandemia.
Y que también refleja el peso del ocio asociado a casinos, salones, bingo y apuestas en la economía del país. El juego privado aporta, entre tasas especiales e impuestos, más de 1.700 millones de euros anuales a las arcas públicas, superando con holgura la recaudación del juego público (Loterías y ONCE).
A esa cifra se suman los ingresos que las comunidades autónomas obtienen por gravar la actividad de casinos y casas de apuestas en su territorio, y la fiscalidad específica del juego online estatal.
La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) sitúa el margen bruto de juego online (GGR) de 2024 en 1.454,59 millones de euros, un 17,61% más que el año anterior, con casi dos millones de jugadores activos registrados.
En 2025, los primeros datos apuntan a que la tendencia al alza se mantiene. Entre enero y marzo, el juego online estatal registró un GGR de 398,11 millones de euros, un 13,7% más que en el mismo periodo de 2024. La Comunidad de Madrid calcula ingresar 27 millones de euros por el impuesto sobre actividades del juego en 2025, un 22,7% más que en 2024.
Con estas cifras sobre la mesa, el debate ya no es solo si se deben salvar o no casinos concretos, sino qué se hace con el dinero que genera el juego. Si se reinvierte en el propio ecosistema de ocio, si se orienta a políticas culturales y deportivas, o si debería vincularse de forma más directa a sanidad y educación.
Castilla y León, por ejemplo, cifra en torno a 60-69 millones de euros anuales la aportación del sector en tasas e impuestos autonómicos destinados a financiar servicios como sanidad, educación y atención social.
