Seis personas han sido detenidas y hay otras dos personas investigadas en la provincia de Cádiz (entre ellos, varios empresarios de Sanlúcar) por la presunta participación en los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, asociación ilícita, estafa y falsedad documental.
Los dos principales ‘cabecillas’ son un matrimonio, profesores de la Universidad de Cádiz: se valieron de su cargo como responsables de las correspondientes aéreas, donde gestionaron en su beneficio ayudas económicas asignadas a proyectos y trabajos de investigación que finalmente iban desviadas a fines ajenos, para beneficio propio y el de terceros.
La investigación realizada por la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional se inició en octubre de 2017 a requerimiento del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, tras la denuncia presentada por la propia Universidad, tras detectar que un grupo de empresarios estaba incrementado “de forma inusual” su volumen de facturación como proveedores de servicios aparentemente prestados a la UCA y a la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (Fueca).
Las primeras pesquisas realizadas permitieron determinar que las cantidades desviadas de fondos públicos habrían ido a parar a la financiación de la construcción de una lujosa vivienda particular situada en la exclusiva urbanización de Vistahermosa, en El Puerto de Santa María.
Los principales investigados, relatan desde la Policía Nacional en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, resultaron ser dos profesores de la UCA que contaron con la ayuda de empresarios dedicados, en su mayoría al ámbito de la construcción y equipamiento de hogar, quienes habrían facturado directamente una parte de los trabajos realizados en la construcción del chalet a la Universidad y a la Fueca, indistintamente, “modificándose convenientemente los conceptos de éstas para aparentar servicios relacionados con los proyectos de investigación para lo que se habían destinado las ayudas públicas”.
La institución académica, en su papel fiscalizador haciendo de intermediaria de los fondos, habría estado autorizando el abono de dichos pagos en la creencia de que se abonaban para ejecutar servicios, trabajos, actividades, e investigaciones relacionadas con el ámbito universitario “que nunca llegaron a materializarse, para el cual habían sido concedidas las subvenciones”. Subvenciones públicas y privadas de carácter nacional, europeo e internacional.
MÁS DE 700.000 EUROS “DESVIADOS”
Fruto de las gestiones practicadas y del análisis de los datos obtenidos, los agentes especialistas en delitos contra el patrimonio y el orden socio-económico han podido determinar que el dinero desviado del erario público supondría una cantidad superior a los 730.000 euros: casi 700.000 fueron defraudados a través de la UCA y la Fueca, y más de 30.000 euros a través de la Universidad de Jaén.
Asimismo se han practicado sendos registros domiciliarios en dos inmuebles de El Puerto, incautándose numerosa documentación, así como equipos informáticos relacionados con la causa investigada. Por parte de la autoridad judicial se ha ordenado la anotación preventiva de embargo de dichos inmuebles, como medida cautelar y garantía de la posible responsabilidad pecuniaria de los principales encartados.
De este modo, en el marco de la operación se han practicado ya un total de seis detenciones y dos investigados no detenidos, entre los que se cuentan además del matrimonio de funcionarios públicos de la UCA, un conocido constructor y un empresario de fontanería de Sanlúcar de Barrameda, entre otros empresarios de esa misma localidad, por su presunta participación en los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, asociación ilícita, estafa y falsedad documental. Algunos de los encartados ya tenían antecedentes policiales y judiciales por delitos similares.
La investigación aún continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que parece probable que el fraude haya podido alcanzar a otras partidas presupuestarias de fondos públicos, que también podrían haber sido desviadas con fines particulares, “por lo que el importe final podría incluso superar el millón de euros”.
La Universidad de Cádiz está con la investigación participando en un equipo multidisciplinar dirigido por la Udef perteneciente a la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Cádiz.
