Siete de las ocho mociones políticas debatidas en el pleno de mayo de la Diputación de Cádiz han prosperado. Las infraestructuras y servicios públicos han acaparado la mayoría de puntos, con protagonismo de diferentes aspectos relacionados con la sanidad y la salud. Y como es habitual, unos instando al Gobierno central y otros instando a la Junta de Andalucía.
En materia de infraestructuras han salido adelante tres propuestas. Por un lado, el PP ha exigido al Gobierno de España de PSOE y Sumar “que deje de castigar a nuestra provincia”, y que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, reconsidere la decisión de dejar al Puerto de Cádiz fuera del Corredor Atlántico, uno de los nueve que componen la Red Transeuropea de Transportes.
Igualmente, la derecha ha lamentado la “dejadez” de Adif y Renfe con las infraestructuras ferroviarias en la provincia y los servicios que se ofrecen. En su moción se reclama la puesta en marcha de un plan de acción en apeaderos y estaciones, la ampliación de trenes de mantenimiento, más trenes de Cercanías, y que el mapa ferroviario de la provincia conecte todas sus comarcas.
Y por otro lado, también se ha dado luz verde a la moción del PSOE (con abstención de los populares) reclamando al Gobierno andaluz del PP la mejora integral del tramo Almoraima-San Pablo de Buceite de la carretera A-405. Su alta siniestralidad y su mal estado motivan la petición de licitar de urgencia mejoras en esta carretera, una de las vertebradoras de la comarca del Campo de Gibraltar, y que se acometa un proyecto integral entre La Almoraima y El Corchado.
En este punto, el portavoz del grupo socialista, Javier Pizarro, ha lamentado los insultos que su compañera Ana Ruiz ha tenido que soportar del diputado derechista Javier Bello: “un espectáculo bochornoso más a los que nos tiene acostumbrado, con pataletas infantiles por no aceptar que pleno tras pleno su grupo cada vez está más solo y es incapaz de ver que fallan las inversiones de la Junta, de apoyar las cuestiones de interés para la provincia a las que siempre dan la espalda”.
OTRAS MOCIONES
En este pleno mensual, según el relato de la Diputación trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, también se ha aprobado pese al voto en contra de la derecha, otra proposición socialista pidiendo la incorporación de la especialidad de Geriatría en la cartera del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ante el evidente envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas.
A su vez, Izquierda Unida ha visto cómo se aprobaba (con la abstención del PP) su propuesta sobre los centros de atención infantil temprana. En la provincia hay 28, que atienden a unos 69.000 niños. La propuesta se hace eco de denuncias de profesionales del sector que hablan de problemas que comprometen la calidad y la sostenibilidad de este servicio, e insta a la Junta a mejorar la financiación del servicio y establecer medidas para garantizar su viabilidad.
E igualmente con los populares lavándose las manos, ha prosperado la segunda moción izquierdista relativa a la realización de la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social entre los años 1967 y 2024, “de cara a asegurar el sistema español de pensiones”. Se aboga por instar al Gobierno central y al Congreso a realizar esta auditoría que permita cuantificar qué parte de los fondos reservados al pago de jubilaciones se han destinado a otros “fines impropios”, diagnosticar la situación global de esta “hucha de las pensiones” y a adoptar medidas para garantizar su pervivencia.
La unanimidad sí ha llegado en la tercera propuesta del PP, sobre pesca. En ella se insta al Ministerio de Agricultura a atender las reivindicaciones laborales de los inspectores de pesca para “evitar que se siga poniendo en riesgo la campaña de la almadraba y el resto de actividades pesqueras” y expresa su apoyo a este colectivo en huelga desde principios de marzo.
La única moción que no ha salido adelante como tal la presentaba el PSOE, instando a la Junta a coordinar las políticas y actuaciones orientadas a la prevención y contención de la transmisión del Virus del Nilo Occidental en la provincia (con 16 localidades catalogadas como de alto riesgo). Frente a ello, la derecha defiende que ya existe una “acción coordinada” entre Junta y Diputación, y que en este mismo pleno se han sacado adelante una serie de modificaciones presupuestarias por vía de urgencia, entre ellas un aumento de la dotación para esta cuestión, superándose así los 600.000 euros.
SUPERÁVIT DE 67 MILLONES, PERO “DESVIACIONES”
También en esta sesión plenaria se ha conocido que el último presupuesto de la Diputación, el de 2024, se ha cerrado con un resultado positivo de unos 67 millones. Junto a este superávit destacan otros índices como el remanente de tesorería para gastos generales, que se cifra en 115,5 millones, así como la capacidad de financiación que alcanza los casi 39 millones.
Para el vicepresidente primero de la Diputación, Juan José Ortiz, con estos números se ratifica “la situación saneada y la solvencia” de la institución provincial.
Este cierre presupuestario confirma el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y deuda pública, pero a la vez el incumplimiento de la regla de gasto; esta última circunstancia, “coyuntural y la tercera en los últimos 15 años”, según este político del PP, se reconducirá con la adopción de un plan económico-financiero. Y por supuesto, hecha la culpa de esta “desviación” al anterior gobierno provincial liderado por el PSOE, y a gastos extraordinarios.
En concreto, en el año 2024 el límite de la regla de gasto se cifraba en 294 millones, mientras que el gasto computable consolidado de dicho ejercicio alcanzó los casi 340 millones de euros.
En cuanto al Periodo Medio de Pago (PMP) del último trimestre de 2024 se ha elevado a los más de 49 días y por lo tanto se incumple también la ley que obliga a las administraciones públicas a pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días.
