UGT ha apelado de nuevo a la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, para que ponga fin a una situación “injusta, discriminatoria y anticonstitucional” que se arrastra desde hace unos años en el Servicio Provincial de Recaudación, y que “vulnera los derechos fundamentales de personas que realizan el mismo trabajo y están en la misma situación que la hermana del expresidente Loaiza”.
En 2019 la Inspección de Trabajo Provincial sancionó por cesión ilegal de 13 trabajadores a la Diputación. “Estas personas llevan sufriendo un calvario judicial desde entonces, tras determinar distintos Juzgados de lo Social en Cádiz y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que eran empleados de la institución provincial”, expone este sindicato en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Sin embargo, tras dichas sentencias firmes dictadas por el TSJA, la Diputación a través de su Asesoría Jurídica y el Área de Función Pública, “con el conocimiento” de los diputados provinciales del PP Juan José Ortiz y Jacinto Muñoz, “han estado recurriendo y dilatando una situación supuestamente con la intención de que estas personas afiliadas a UGT no estabilicen laboralmente e incluso, les han sacado de un proceso de estabilización obviando las firmezas de sus sentencias y vulnerando las garantías que les brinda la tutela judicial efectiva y sus derechos fundamentales”.
Pero es que, paradójicamente, en el mismo procedimiento de cesión ilegal de trabajadores estaba incluida la hermana del exalcalde de San Fernando y expresidente de la Diputación entre 2011 y 2015, José Loaiza (también del PP, y ahora recolocado en Sevilla dentro de la consejería de Justicia de la Junta de Andalucía), “a la cual, en primera instancia la Diputación siquiera le han recurrido por ser supuestamente la hermana de Loaiza e incluso, le han incluido en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación como personal laboral fijo hace ya varios meses”, se denuncia.
“MARTÍNEZ DEL JUNCO, CALLA”
UGT asegura que ha intentado ya varias veces reunirse con la presidenta Almudena Martínez para tratar este tema, pero de momento “ha dado la callada por respuesta”.
En definitiva, este sindicato reclama que a todos los trabajadores afectados del Servicio Provincial de Recaudación “se les trate de igual forma y se apliquen los mismos criterios, para no caer en un posible caso de nepotismo y trato de favor que lógicamente tendría que ponerse en conocimiento de la Justicia”.
