La propuesta de PSOE y Ciudadanos, en el marco de un acuerdo de investidura y de gobierno, sobre suprimir las diputaciones provinciales resulta para CSIF en Cádiz “inadecuada”, ya que “no ha sido negociada de antemano con todos los grupos parlamentarios ni ha contado con los representantes legales de los trabajadores, quienes se verían directamente afectados”. Recuerda que en la Diputación gaditana trabajan 1.600 personas y muchos municipios pequeños reciben de ella “servicios esenciales”.
La propuesta pactada por PSOE y Ciudadanos, en el marco de un acuerdo de investidura y de gobierno, sobre suprimir las diputaciones provinciales resulta para CSIF en Cádiz “inadecuada”, ya que “no ha sido negociada de antemano con todos los grupos parlamentarios ni ha contado con los representantes legales de los trabajadores, quienes se verían directamente afectados”.
En Cádiz –donde la misma presidenta de la institución provincial, la socialista Irene García, ya ha rechazado públicamente ese punto del pacto entre su partido y la formación naranja-, la plantilla de la Diputación cuenta hoy día con unas 1.600 personas y ofrece servicios esenciales a municipios de menos de 20.000 habitantes. De esta manera, en caso de que se suprimieran estos organismos provinciales, además del problema de saber en qué situación quedarían los 1.600 trabajadores, “habría 29 municipios que se quedarían sin servicios como la gestión de la recaudación, obras o mantenimiento de carreteras, además de los planes de empleo patrocinados por la Diputación”, evidencia este sindicato en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
CSIF dice defender un modelo de administración “moderna, eficiente y cercana a los ciudadanos, con una gestión transparente y rigurosa”. Así, esta gestión incluye una correcta planificación de los puestos de trabajo, reforzando aquellos ámbitos donde sea necesario, porque, como apunta el responsable de Administración Local de CSIF-Cádiz, Francisco Silvestre, “no sobran trabajadores, vistos los problemas en la prestación de servicios que han provocado los recortes; quizás lo que sobran son cargos políticos y de confianza, como asesores”.
Por tanto, se insiste en que las decisiones que se adopten “deben de negociarse y no pueden perjudicar ni a los trabajadores (dado que las plantillas ya han sido suficientemente mermadas durante esta crisis), ni por supuesto a la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos”.
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