La CSIF ha denunciado la “competencia desleal” que ejerce la Diputación de Cádiz al contratar por 620.000 euros a una empresa privada, “con recursos limitados”, para la gestión de las notificaciones, principalmente para el Servicio de Recaudación. Este sindicato recuerda que la ley postal deja claro que Correos es el operador público que da fe de la entrega de multas, liquidaciones y resoluciones en vía ejecutiva “y con la garantía del Estado”. Esta adjudicación “perjudica notablemente los intereses de los ciudadanos”, entienden.
La CSIF ha denunciado la “competencia desleal” que ejerce la Diputación de Cádiz al contratar a una empresa privada, “con recursos limitados”, para la gestión de las notificaciones (principalmente para el Servicio de Recaudación). Este sindicato recuerda que según la ley postal, Correos es el operador público encargado del servicio postal universal para la entrega a los ciudadanos de las notificaciones de multas, liquidaciones y resoluciones en vía ejecutiva.
“La falta de rigor, la escasez de recursos y los problemas en la gestión que realizan las empresas privadas que llevan a cabo este servicio perjudican notablemente los intereses de los ciudadanos”, entienden desde CSIF en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz. De hecho, se añade, “en muchas ocasiones, los problemas con el reparto de las notificaciones provocan la indefensión de los ciudadanos, que acuden a Correos a pedir explicaciones y buscar soluciones, cuando deberían reclamar a la empresa privada en cuestión, la cual, finalmente, sale indemne de su mala gestión”. La central sindical interpreta que, “si se sigue así, la imagen y reputación de los carteros de toda la vida (como servidores públicos) se verá injustamente perjudicada”.
Además, se denuncia que, para hacer más competitivas a las notificadoras privadas, los organismos competentes les facilitan locales a coste cero y permiten contrataciones del personal en precario, “perjudicando claramente a una empresa como Correos, que sí cumple con las normas y con los objetivos sociedad”.
Con esta situación, Correos se ve obligada, en base a la bajada de producción, a reducir secciones de reparto y la contratación, destruyendo empleo de calidad (Correos es la mayor empresa de este país en este ámbito, con la mayor infraestructura dentro de su sector económico). CCOO ya alertaba recientemente que si los ministerios de Hacienda y Fomento y la Sepi no actúan, en la provincia hasta 275 carteros, un total de 450 empleados de todas las especialidades (un 40% de la plantilla), podrían verse en la calle.
“BAJA LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO”
La CSIF insiste en que con actuaciones como la de la Diputación, las administraciones públicas “bajan la calidad del servicio prestado a todos sus ciudadanos, por utilizar empresas sin infraestructuras y con contrataciones muy precarias (la plantilla sólo cobra por entrega efectiva) y sin que sus responsables políticos tengan reparos para apoyar, solo de cara a la galería, a la plantilla de Correos”.
La Diputación gaditana, gobernada por el PP con mayoría absoluta, adjudicó sus servicios postales a la empresa Unipost por 620.000 euros, un contrato se formalizó el 29 de abril de 2014, según viene recogido en el BOP del 14 de mayo. CSIF tiene conocimiento de que Correos participó en dicho procedimiento de adjudicación, “aunque no se ha facilitado más detalle sobre los criterios determinantes que han permitido la selección de una empresa privada, con recursos inferiores, en detrimento de la mayor empresa de este país y que además es pública”.
