El Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz ha replicado al representante del Ayuntamiento de Puerto Real en su Junta General, Juan Antonio Pontones, que ha alertado de que Ferrovial, la nueva adjudicataria del servicio telefónico privatizado de emergencias 085 “ha comenzado ya a despedir a personas de la plantilla”, como ya vaticinó meses atrás el mismo Pontones. En concreto, a una trabajadora. En su defensa de esta plantilla que sufre condiciones precarias, incluso este edil de Sí se puede ha llegado a advertir de que su Consistorio se estaría pensando abandonar el Consorcio.
Ante ello, el presidente del Consorcio de Bomberos, Francisco Vaca, defiende que la empresa adjudicataria del servicio “ha subrogado al 100% del personal de plantilla del servicio con arreglo a la legislación vigente”. El convenio al que se encuentran adscritos los trabajadores –telemarketing, pese a que realizan un servicio público-, en su artículo 18 contempla, en el supuesto de cambio de empresa, una subrogación del 90% de la plantilla “lo que supone un incremento del porcentaje que establece el convenio del sector”, agrega.
En febrero de este año, la dirección técnica del Consorcio redactó el informe para la nueva contratación de este servicio del 085. A la licitación acudieron seis empresas que, tras la valoración final encabeza UTE Abante EPO y Factudata XII seguida de Ferrovial Servicios. La mesa de contratación, el 20 de julio propuso la primera oferta, pero meses después, en octubre, dicha UTE renunció a formalizar el contrato adjudicado por “las discrepancias interpretativas en la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, referente a la sucesión de empresas y la consecuente subrogación del personal”, y “con el fin de evitar mayores problemas a ambas partes” es entonces cuando se adjudica el servicio a segunda empresa más valorada, Ferrovial, se explica en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
“ASUMIR AL PERSONAL DEL 085 ES INVIABLE”
Por otro lado, Vaca insiste en que este ente público –participado por la Diputación y la mayoría de ayuntamientos gaditanos-, “respondiendo al compromiso adquirido con estos trabajadores en su solicitud de ser absorbidos por la entidad”, ha llevado a cabo “un estudio riguroso de la petición”. Así, asevera que los departamentos legales y administrativos “han determinado que no es viable”. Estos informes han estado a disposición de los miembros de la Junta General del Consorcio, “y sus representantes en cada ayuntamiento han estado informados en todo momento”.
Y en cuanto a la situación concreta del Ayuntamiento puertorrealeño en el Consorcio de Bomberos, se subraya que mantiene una deuda pendiente de casi 330.000 euros “que debería haber sido abonado a 31 de diciembre del 2016”.
Al respecto, se remitía el 25 de enero al alcalde, Antonio Romero, “con quien se mantiene una buena relación”, notificación de dicha deuda y el deseo de poder estudiar conjuntamente un plan de pago. Y se volvía a remitir dicho deseo en una segunda notificación el 11 de mayo. En estos momentos y tras respuesta del Consistorio el 19 de mayo, “ambas administraciones están en contacto de cara a consensuar el abono de la deuda”. “El trato entre ambas instituciones es cordial y no castigador”, se entiende, aunque Pontones señalaba el lunes en este sentido que el Consorcio “ha revocado el derecho a votar al Ayuntamiento aduciendo el impago de una deuda”, aunque en realidad “se trata de un castigo por insistir en la defensa de los trabajadores”.
Finalmente, Francisco Vaca ha mostrado su “estupor” por las manifestaciones de este representante de Puerto Real, apuntando sobre que los consejeros que parece que van a la Junta General “a pasar el rato”. “Quiero pensar que las palabras hacia sus compañeros, son un lapsus”, ha dicho. Para Vaca esta afirmación es una falta de consideración y de respeto para con el resto de consejeros que “hacen su esfuerzo de implicarse y comprometerse” con la gestión del servicio de bomberos.
