El Consejo para el Desarrollo Económico y Social (CES) de la provincia de Cádiz se reunió en la tarde del martes en La Línea de la Concepción. Las repercusiones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea para La línea y el Campo de Gibraltar, la situación de las inversiones presupuestarias en la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla incluida en el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte y la situación del frustrado proyecto de Las Aletas, han estado sobre la mesa en esta reunión presidida por la presidenta de la Diputación, Irene García, y la presencia del alcalde linense, Juan Franco.
Este Consejo reúne a representantes de las administraciones provincial, autonómica y estatal, de los sindicatos y de distintas organizaciones empresariales. Una cita que en las horas previas ya servía para el habitual y cansino rifirrafe entre PP y PSOE: el delegado del Gobierno en Andalucía, que también es presidente popular en la provincia, Antonio Sanz, reclamaba que este CEC “no se politice y se utilice como arma arrojadiza” contra Rajoy. A lo que el vicepresidente primero de la Diputación, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, le invitaba a asistir a la reunión y a “liderar la representación del Gobierno central”. El jerezano no acudió. Sí estuvo el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz.
Según se ha trasladado desde la institución provincial a DIARIO Bahía de Cádiz, este CEC “ha mostrado una posición unánime consensuada de preocupación por las repercusiones negativas del Brexit y en la necesidad de instar al Gobierno de España para una declaración de una nueva situación fiscal, en virtud de la cual se lleven a cabo iniciativas de todas las administraciones”. Se ha planteado asimismo la necesidad de poner en marcha otro tipo de medidas en virtud de un estudio que “viene realizando la Junta de Andalucía por parte de distintas consejerías, que permitan trasladar una hoja de ruta conjunta ante la salida del Reino Unido de la UE”.
Irene García ha subrayado “la posición contundente y clara de todos los agentes económicos y sociales sobre el papel fundamental que debe tomar el Gobierno de España”
En relación a la infraestructura ferroviaria en la provincia de la Red Transeuropea de Transporte, este Consejo Económico y Social se ha adherido al acuerdo de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, pidiendo aumentar en los ejercicios presupuestarios 2018, 2019 y 2020 la asignación de la línea Algeciras-Bobadilla y otras inversiones para infraestructuras. “Hay preocupación por la parálisis de esta obra, que puede llevar a un posible incumplimiento en relación a los acuerdos adoptados por la Unión Europea, por el cual estas infraestructuras tendrían que estar construidas en 2020”, recuerda la presidenta.
UNA “GRAN ZONA FRANCA” EN LA BAHÍA DE CÁDIZ
Y el proyecto de macropolígono de Las Aletas en suelo de Puerto Real –tumbado meses atrás por segunda vez por el Tribunal Supremo- también ha sido tema de análisis en este consejo provincial: se ha instado al Consorcio público que promueve el mismo –en el que participan principalmente el Estado y la Junta- a que se reúna urgentemente para debatir sobre su futuro y para que adopte decisiones que garanticen que sus recursos económicos se pongan al servicio de la actividad empresarial y la creación de empleo en la provincia.
En este punto, también se reclama un “mayor protagonismo” de la Zona Franca de Cádiz y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, para promover la creación de una “gran zona franca” en la Bahía, que agrupe los terrenos industriales existentes desde el bajo de La Cabezuela hasta los afectados del planteado parque de Las Aletas. “Se perseguiría con ello atraer industrias y crear empleo, como estrategia complementaria al desarrollo del puerto de Cádiz y de la nueva terminal de contenedores”, se presume. Del proyecto alternativo planteado desde el Ayuntamiento puertorrealeño, ni una palabra.
