La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha llevado a cabo la operación Pandora, que ha destapado un fraude de alrededor de 27,5 millones de euros, con actuaciones en diferentes provincias del Estado español, entre ellas la de Cádiz, y además en Alicante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Córdoba, Girona, Guipúzcoa, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid y Zamora. Hay un total de 33 personas detenidas y 40 investigadas por delitos que afectan de manera directa o indirecta a la Seguridad Social.
Las investigaciones, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, comenzaron a finales de 2017, cuando la Tesorería y sus diferentes organismos remitieron distintos escritos-denuncia a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional.
Durante la operación se han revisado y analizado 22 expedientes que afectaban a estas 17 provincias de 11 comunidades autónomas, culminando con la implicación de los investigados en delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo organizado. Los responsables del delito han resultado ser principalmente los responsables de hecho de las empresas, pero también sus testaferros (que eran algunos trabajadores que figuraban en connivencia) y familiares de los primeros.
En la mayoría de los casos se han realizado informes patrimoniales de las personas implicadas para que la Tesorería pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere pertinente o, en su caso, que el juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades generadas.
Con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Seguridad Social, es habitual entre las personas defraudadoras ahora detenidas e investigadas poner en práctica conductas como: la creación de entramados empresariales en los que la actividad societaria aparece en una u otra mercantil, según convenga, transfiriendo la actividad que venía desarrollando la deudora así como los elementos patrimoniales a la no deudora con el fin de continuar la actividad de manera normal; la ocultación de bienes, normalmente a través de sucesivas transmisiones en la titularidad que pasan de una empresa a otra, o bien a familiares o personas de confianza de la trama, con el fin de entorpecer la labor recaudatoria de los diferentes organismos de la TGSS; la rotura de precintos de bienes embargados; denuncias falsas relacionadas con robos de los bienes embargados; la desaparición “fortuita” de esos bienes embargados; la venta “en negro” de los bienes embargados a terceros de buena fe; o la falsificación de certificados de estar al corriente de la obligaciones con la Seguridad Social de empresas con el fin de figurar limpias de deuda ante terceras y poder continuar con la actividad laboral mediante subcontrataciones, así como para acceder al cobro de prestaciones públicas u obtener bonificaciones en la cuota de autónomos o en las cotizaciones de trabajadores.
Los casos más llamativos de esta operación Pandora se han dado en Maspalomas (Las Palmas), en la provincia de Huelva, Zamora y Alicante.
