En un momento del verano en el que los fuegos en muchos puntos del Estado español abren los telediarios, y siguiendo las movilizaciones que se están sucediendo por todas las provincias andaluzas bajo el lema ‘Infoca no se vende, se lucha y se defiende’, bomberos forestales de la provincia de Cádiz se han concentrado este miércoles en la capital gaditana ante la sede del Gobierno de la Junta de Andalucía, en la plaza de España, para denunciar la precariedad laboral del colectivo.
Algo que el Ejecutivo de Moreno Bonilla (a quien se le ha visto en la Feria de Málaga, tras unos días de veraneo desaparecido) “niega categóricamente”, ya que interpreta que en estos años “se han realizado mejoras tanto en las condiciones de su personal como de los recursos materiales”.
Convocada por CCOO, CGT, UGT, Sibfi (Sindicato Independiente de bomberos forestales del Infoca) y el Movimiento Infoca, la protesta ha reunido a decenas de efectivos que exigen “unas condiciones laborales dignas” para quienes se juegan la vida apagando fuegos, empezando por una estabilidad (que el dispositivo esté al cien por cien y no haya épocas del año en la que no está activo), equipos adecuados y traslados dignos, reconocimiento del trabajo y respeto a la antigüedad.
Frente al relato propagandístico e idealista de la Junta de derechas, los convocantes sostienen que la plantilla del Plan Infoca se encuentra en mínimos históricos y no se han cubierto las vacantes necesarias para garantizar la operatividad de los retenes. Además, se denuncian “salarios míseros” e incumplimiento de acuerdos salariales como el abono de la antigüedad, y retrasos en los concursos de traslado y promoción. A ello se une que, según los sindicatos, manejan equipos de protección individual caducados o deteriorados, y vehículos que no son aptos para el terreno forestal.
Todo ello no solo mina la moral de quienes forman parte de este dispositivo, sino que pone en peligro la eficacia de la respuesta frente a los incendios forestales en Andalucía. Se tiene claro que no se trata de una reivindicación meramente laboral, sino de una alerta sobre el deterioro de un servicio esencial.
En esta protesta la plantilla gaditana del Infoca ha estado arropada por representantes del PSOE, Adelante Andalucía, Podemos y Sumar. Y ya se prevé una gran movilización en septiembre en Sevilla si la Junta no atiende sus reivindicaciones.
JUNTA: “HEMOS CUMPLIDO REIVINDICACIONES HISTÓRICAS”
Un Gobierno andaluz del PP que no ha tardado en replicar a los sindicatos con un comunicado salpicado de números y cifras. Así, se rechaza “categóricamente” que el Plan Infoca esté en situación de precariedad. Al contrario, asegura que “se han realizado mejoras tanto en las condiciones laborales de su personal como en los recursos materiales” disponibles.
Es más, entiende que se están cumpliendo “reivindicaciones históricas” de los trabajadores, como la incorporación en la recién creada Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) “que permite que los efectivos trabajen todo el año”, y que se sigue negociando el reconocimiento de la antigüedad.
A juicio de la Junta de Andalucía, al contrario de lo que denuncian los bomberos forestales, este año el operativo cuenta con “los mejores medios y tecnología de la historia”, destacando la renovación de toda la flota de transporte de personal y el 75% de las autobombas. En este punto, el PP se queja de que en 2019, cuando llegó al Gobierno autonómico gracias a Ciudadanos y a la ultraderecha, se encontró en el Infoca “una flota muy envejecida, obsoleta y con escasos sistemas de seguridad”.
En esta nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz también se recalca que el presupuesto del Infoca en 2025 asciende a 257 millones de euros, “un 6% más que el año anterior, lo que supone el mayor presupuesto de su historia”: 111 millones están destinados en la teoría a extinción y 146 a prevención. En total, el dispositivo suma 4.700 profesionales en toda Andalucía.
Y en relación con diferentes quejas de la plantilla, la Junta niega que el dispositivo esté incompleto y asegura que se cubren bajas y excedencias mediante la bolsa de trabajo; afirma que las movilidades de personal se tramitan de forma continuada conforme llegan las solicitudes; defiende que sí se ha convocado concurso de traslado y promoción; rechaza la falta de equipos y materiales (y precisa que los cascos de seguridad “no caducan con el paso del tiempo”); y sobre los vehículos, indica que las furgonetas han sido sometidas a pesajes certificados por la ITV y que, aunque están homologadas para nueve personas, “se usan con un máximo de siete, con un protocolo operativo específico para garantizar seguridad en desplazamientos y carga”.
