Una vez que el sistema de ayuda directa enfocado a personas en situación de vulnerabilidad (gestionado en gran parte por los Bancos de Alimentos) ha sido reemplazado por otro de ayuda indirecta, el de las tarjetas monedero, a cargo del Ministerio de Derechos Sociales, siguen surgiendo voces que alertan de que se quedan fuera de esta asistencia básica de víveres muchas personas que la necesitan.
Entre ellos, el PP provincial ha subrayado la “incongruencia” de dejar fuera de las ayudas “a casi 49.000 gaditanos en situación de vulnerabilidad”, pero para más inri, en muchos de los municipios las familias que puedan acceder a dicha tarjeta “no va a poder comprar alimentos ya que no cuentan con los establecimientos adheridos al programa”.
En este sentido, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz la diputada en el Congreso del PP por la provincia, Macarena Lorente, exige al Gobierno central de PSOE y Sumar “una rectificación urgente” de este programa de tarjetas monedero; al tiempo que afea que el presidente Pedro Sánchez “siga ignorando las graves consecuencias que va a tener el modelo impuesto para el acceso a alimentos básicos a pesar que desde el PP llevamos meses alertando de lo injusto y carencias del programa estatal”.
Al limitarse esas tarjetas monedero exclusivamente a familias con menores a su cargo que se encuentren por debajo del umbral de pobreza severa, “se está negando alimentos básicos a muchas personas vulnerables”, mayores con pensiones muy bajas, familias con hijos mayores de edad, personas sin hogar, migrantes o mujeres víctimas de la violencia de género que, con el sistema que hasta ahora se venía aplicando si tenían derecho a estas ayudas (en especie).
“ESTOS PROBLEMAS SE CONOCÍAN DESDE UN PRINCIPIO”
En concreto, de los más de 57.000 beneficiarios del reparto de la cesta de alimentos en la provincia de Cádiz, “con el nuevo programa de tarjetas monedero sólo 8.600 van a tener derecho a seguir recibiendo ayudas, lo que significa que el 85% de las personas vulnerables en la provincia van a quedar sin acceso a alimentos básicos”, repite Lorente.
Asimismo, una vez que se han conocido los supermercados donde quienes se beneficien de dicha tarjeta (con una ‘carga’ mensual que oscila entre los 130 y los 220 euros) podrán comprar víveres y productos de higiene, se confirma igualmente la denuncia de que muchas familias no van a poder comprar en su ciudad o pueblo con este sistema, “y se les obliga a desplazarse a otras localidades lo que supone un problema añadido para personas en situación de necesidad”.
En Cádiz, en más de la mitad de sus municipios (en 24 de 45) no existen las cadenas adheridas al programa del Ministerio de Derechos Sociales (Carrefour, Alcampo, Eroski-Caprabo, Spar Gran Canaria, Más y Más, Alimerka y Dinosol), lo que perjudica especialmente a la comarca de la Sierra en donde en 14 de los 19 municipios no se podrán usar las tarjetas monedero o en la Janda en donde ocurre lo mismo en cinco de sus ocho localidades.
Desde la derecha se lamenta que el Gobierno de España no haya dado respuesta a estos problemas “que se conocían desde un principio” y que, por el contrario, “siga empeñado en imponer un sistema que dejará desatendido a muchos gaditanos necesitados”.
Frente a ello, el PP señala a la propuesta hecha por ‘su’ Junta de Andalucía: la apuesta por el mantenimiento del modelo dual de las tarjetas y que las entidades de carácter social y bancos de alimentos puedan seguir sirviendo alimentos a quienes lo necesitan, “unos servicios que son compatibles y permiten llegar a mayor población sin excluir a nadie que lo necesite”.
