Frente al modelo de “promoción y sobrefinanciación” de la enseñanza privada concertada, Ustea ha vuelto a reclamar “el blindaje de la educación pública”, la recuperación de las unidades escolares suprimidas, un aumento de las plantillas y una bajada de ratio “como alternativas al recorte de la red pública andaluza” en la que profundiza en los últimos tiempos el Gobierno derechista de Moreno Bonilla.
En este sentido, a mediados del pasado diciembre el BOJA confirmaba la “defunción” respecto al curso pasado de 173 aulas en colegios públicos de la provincia de Cádiz, tras los últimos recortes de líneas aprobados por el PP en la Junta, que tanto desde sindicatos como desde la oposición en el Parlamento se venían denunciando.
Cádiz es, tras Sevilla, la segunda provincia más castigada de Andalucía, con 120 grupos menos en el presente curso escolar: concretamente se han creado 53 unidades y se han suprimido 173. “Eso daría esas 120 clases menos, si bien las elevamos a 136 al restar de las creaciones las aulas de educación especial, que no son aulas grupales como tal sino aulas de atención personal y limitada a tiempos y alumnado concreto por especialistas”, precisan desde Ustea en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Y haciendo un repaso por las localidades con más población de la Bahía de Cádiz, “nos encontramos con un panorama desolador”. En la capital se han suprimido 10 aulas públicas y creado apenas una (por lo que en total se han liquidado nueve grupos); en Jerez, han desaparecido 22 líneas y se han creado seis (son 16 menos con respecto al curso 2023/2024); en San Fernando se han cerrado 13 y creado tres (10 menos); en El Puerto, existen 16 menos y se han creado sólo dos (el recorte es de 14 aulas); y en Chiclana, la supresión de grupos llega hasta los 13 y se han abierto cuatro nuevos (en total, nueve menos).
“UN ERTE PÚBLICO ENCUBIERTO”
A nivel andaluz, esta supresión de unidades escolares en colegios públicos reduce en 180 líneas la educación Infantil y en 525 la educación Primaria respecto al curso anterior, con la recurrente excusa de que no hay niños. Desde la llegada a la presidencia de la Junta de Moreno Bonilla en 2019 gracias a Ciudadanos y a la ultraderecha, “la red de centros públicos ha perdido 2.548 clases”, se lamenta
Sin embargo, reiteran desde Ustea, el negocio de la enseñanza privada-concertada “mantiene su oferta casi intacta y el presupuesto en conciertos para 2025 superará los 1.000 millones por segundo año consecutivo, rompiendo todos los récords de inversión al añadir otros 72 millones más al presupuesto anterior”.
Sí, el argumento esgrimido por los responsables de la consejería de Educación (ahora llamada de Desarrollo Educativo y FP) para la eliminación de clases en la red de centros públicos es el descenso de la natalidad, “aunque no se explica que este mismo fenómeno no afecte a los centros concertados que mantienen su oferta intacta desde hace años, a menos que tengan una bola de cristal y sepan que los no nacidos iban a solicitar sólo centros públicos”, se subraya. Así, para este sindicato el cierre de clases públicas “es una apuesta política por un determinado modelo de educación que supone la extensión de los conciertos educativos”.
Además, desde Ustea Cádiz inciden en que no se cansarán de poner el foco en estas supresiones “como un ERTE público encubierto que afecta al personal interino de manera directa, e indirectamente a los funcionarios de carrera que reducen sus posibilidades de movilidad, curso tras curso, e incluso ya se genera una tendencia al alza preocupante de docentes desplazados de sus centros de destino definitivo”.
De la misma manera, estos días desde el PSOE gaditano se ha denunciado “la apisonadora de derechos en que el PP ha convertido al Gobierno andaluz”. Para los socialistas, “este ataque sin precedentes a la igualdad y el acceso a la educación independientemente de los recursos y posibilidades de las familias forma parte de la estrategia de privatización de los servicios públicos que viene implantando Moreno Bonilla y su Ejecutivo en Andalucía, primero con la sanidad y ahora con la educación, pues mientras se producen esos recortes de líneas educativas en los colegios públicos, los concertados se mantienen intactos cuando la bajada de natalidad debería de afectarlos por igual”.
MÁS AULAS ESPECÍFICAS
En el lado opuesto, Ustea sí se alegra del aumento de aulas específicas y aulas de educación básica especial de apoyo a la integración: hasta 13 más en la provincia gaditana, donde “era una necesidad acuciante por la sobrerratio preexistente”.
“Aquí vuelve a darse la paradoja que todas estas aulas se han creado en centros públicos, los cuales están encantados de recibir y atender al alumnado con necesidades educativas específicas (NEE). Parece ser que en la escuela concertada la consejería no quiere a este alumnado pues aunque hay contadas peticiones por parte de estos centros, no se les ha concedido ninguna aula”, se sentencia.
