Nueva protesta en El Puerto de Santa María frente al “turismo de borrachera”, y más en concreto ante la impunidad de los chiringuitos-discoteca en la zona de Puerto Sherry y La Calita que funcionan “incumpliendo la ley y degradando el entorno natural”. La plataforma El Puerto para Vivir ha convocado una concentración ciudadana para este lunes a las 20.30 horas en el templete del paseo de La Puntilla (encima del parking de La Calita).
Este colectivo, básicamente, denuncia que este modelo turístico que se sufre en los últimos años con “total permisividad” el Gobierno local liderado por Germán Beardo, “expulsa a la población local, degrada el pinar y rompe el equilibrio entre ocio y convivencia. No se puede permitir que unos pocos se beneficien mientras miles de vecinos pierden su derecho al descanso y a disfrutar de su ciudad”.
Por ello, como ya ha reclamado (y denunciado) días atrás Ecologistas en Acción, se exige la revocación de licencias ilegales a estos chiringuitos (“estructuras temporales convertidas en discotecas permanentes que infringen la ley urbanística, ambiental y de espectáculos públicos”), la apertura de expedientes sancionadores; el cierre de estos locales (Phi Phi Beach, Playa Canalla, Margarita Beach Club y Blue) que “desde hace años ocupan nuestro litoral con música a gran escala, ruido nocturno, basura y destrucción del entorno”; e impulsar un modelo turístico alternativo, “compatible con el entorno, la legalidad y el derecho a la ciudad”.
“Lo que sucede en Puerto Sherry no es una anécdota ni un problema estacional, sino un síntoma de un modelo de ciudad que prioriza los intereses de unos pocos por encima del bien común. El turismo de borrachera, el uso intensivo del litoral para el ocio nocturno, la mercantilización de los espacios naturales y la conversión de playas en pistas de baile privadas expulsan a la población local del disfrute del verano y degradan el patrimonio ambiental”, reitera El Puerto para Vivir.
“SI ESTAMOS ASÍ EN JULIO, ¿QUÉ VA A SUCEDER EN AGOSTO?”
En paralelo, estos días la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave Sol y Mar) ha lanzado un comunicado lamentando la gestión e “inacción” del Gobierno municipal del PP en pleno verano: “no nos oponemos a cualquier tipo de turismo de calidad que muestre respeto y deje beneficios para todos, pero estamos en contra del turismo que se está permitiendo en la ciudad, que no deja rédito más que para unos cuantos y supone destrozos, suciedad y problemas para la mayoría”.
En este punto, estos representantes vecinales se preguntan “qué va a suceder en agosto en una localidad que está centrada en el turismo y en el que se suceden eventos casi continuos, especialmente si continúa la dejadez mostrada hasta el momento; si en julio no han podido salvar la situación y mantener la ciudad acorde a las necesidades de los barrios, en agosto se hace inimaginable”.
En los barrios se echa en falta la presencia policial, especialmente los fines de semana. Pero las quejas van dirigidas a las respuestas que ofrece la Policía Local cuando se les requiere, “y es que hay otras prioridades que atender, por lo que los barrios se sienten totalmente indefensos”.
Por otro lado, la Flave considera que no es de recibo tener que aguantar ruidos, orines, destrozos en el mobiliario urbano e incluso en el patrimonio local, del turismo que está copando El Puerto estos meses, “un turismo incívico que no respeta la ciudad y contra el que no se toman medidas, por lo que campa a sus anchas”.
También se denuncia que haya calles cortadas en el centro “para beneficio de algunos comerciantes y en perjuicio de los ciudadanos, que son los que se encuentran itinerarios cortados por los que no se puede circular”; que el servicio de taxis “no es suficiente, debido a la masificación que hay en la ciudad”; y hasta las urgencias médicas, aunque no sea competencia municipal: “hay verdadera desesperación, tenemos que esperar hasta ocho y nueve horas para ser atendidos, debido a la falta de personal”, y al cierre por la tarde de dos centros de salud, Ángel Salvatierra y Casa del Mar, gracias a la política de recortes de la Junta de Moreno Bonilla.
