Las tres derechas en el Ayuntamiento de El Puerto han logrado retomar la ordenanza de convivencia, que se derogaba el pasado mandato. El bipartito de PP y Ciudadanos ha contado con el único apoyo de la ultraderecha, y el rechazo del resto de la oposición, para aprobar de forma inicial en el pleno ordinario de marzo la ahora llamada ordenanza para la garantía de la convivencia ciudadana y la protección del espacio público.
Según viene defendiendo el actual equipo de Gobierno liderado por Germán Beardo, esta norma (que se viene anunciando desde finales de 2020) “cubrirá un vacío legal que atajará ciertas conductas o comportamientos lesivos” que al haberse derogado la ordenanza anterior (también promovida por el PP) “no pueden en este momento ser abordados desde las competencias municipales”. Caía en el pasado mandato con Gobierno de PSOE e IU y a petición de Levantemos (y, curiosamente, con el apoyo de la franquicia naranja, que ahora vota a favor); ordenanza que abordaba y multaba el ejercicio de la prostitución en la vía pública, la práctica del botellón, los actos de vandalismo o la contaminación acústica.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la concejala de Seguridad, Marina Peris, hace hincapié en que sin esta ordenanza “no es posible forjar una sociedad justa e igualitaria y que tienda a procurar el bienestar a sus ciudadanos, si el valor de la convivencia está ausente y no se dispone de medios eficaces para restaurarla, por lo que se hace necesario dotar de los instrumentos idóneos a los garantes de la protección de los derechos, libertades y seguridad ciudadana”. Además, las derechas sostienen que se responde a una demanda de la propia ciudadanía y, en especial, del movimiento vecinal.
“Dicha norma municipal aportará tranquilidad y seguridad a los vecinos y también permitirá al Ayuntamiento actuar sobre acciones que muchas veces, aun sabiendo que no son correctas, no puede sancionar debido a que no hay una normativa que lo permita”, se repite.
En la teoría, el objetivo principal de esta controvertida ordenanza es “el de preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas, que enriquecen nuestra ciudad”.
Parte, para ello, de un principio de garantía de los derechos y libertades individuales “y ajusta las medidas punitivas al principio de intervención mínima”. De esta manera, las conductas individuales “sólo se tipifican como infracciones en la medida en que afectan o impiden el libre ejercicio de las demás personas” y para su sanción “se tienen en cuenta los principios de lesividad y mínima trascendencia”.
En paralelo, la misma normativa, que todavía debe ser ratificada de forma definitiva, subraya que se es consciente de que, para el logro de sus objetivos, “no basta con el ejercicio, por parte de la autoridad municipal, de la potestad sancionadora, que en ocasiones también es necesario, sino que es preciso, también, que el Ayuntamiento lleve a cabo las correspondientes actividades de fomento y de prestación social necesarias para promover los valores de convivencia y el civismo y para atender convenientemente a las personas que lo puedan necesitar”.
Hace ya un año, durante el periodo de exposición pública de la futurible ordenanza de convivencia, PSOE e IU, y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) coincidían en rechazar la totalidad del documento que “no contempla una intervención social, tan sólo una acción represiva y recaudatoria”, al tiempo que insistían en que “ya se cuentan con instrumentos legales suficientes para dar respuesta a conductas irresponsables”. La Apdha añadía por su parte que “es un claro instrumento de criminalización de la pobreza y la exclusión social; vuelve a poner de manifiesto la aporofobia del Gobierno municipal portuense”.
RECHAZO AL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE LA LIMPIEZA
Igualmente con la comunión de las tres derechas, en este mismo pleno no ha salido adelante la propuesta del PSOE que instaba a constituir un comité o grupo de seguimiento y control del cumplimiento del contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de basura por parte de la empresa, explotado por FCC en prórrogas forzosas.
El exalcalde y secretario local socialista, David de la Encina, ha lamentado al respecto que “PP, Cs y Vox han rechazado aportar luz y taquígrafo al servicio municipal de limpieza, el contrato de mayor cuantía que tiene la ciudad con un coste anual de 13 millones de euros”.
El principal partido de la oposición dice no entender la postura adoptada por estos grupos, ya que, “en el conflicto que ha desencadenado una huelga de 11 días, ha quedado en evidencia que ha habido una notable falta de seguimiento del contrato y nuestra propuesta tiene como objetivo una mejor fiscalización haciendo, además, lo que ya hacíamos en el mandato anterior”.
Los socialistas recuerdan además que el actual contrato expiró en noviembre de 2021, “y aún no han presentado el borrador del pliego; mientras, seguimos pagando el servicio con un coste de más de 1 millón de euros al mes”.
