Tras encontrar silencio y excusas durante meses por parte del Gobierno local del PP en el Ayuntamiento de El Puerto, Izquierda Unida ha optado por acudir a la Fiscalía para que investigue la presunta construcción ilegal de una nave en una parcela de la calle Francisco Cossi Ochoa, junto al histórico molino de mareas.
En dicho espacio, calificado como zona verde de especial protección del litoral y propiedad del Ayuntamiento, se habría levantado una nave industrial de nueva planta, sin contar con licencia de obras, ni procedimiento administrativo reglado, ni autorización para ocupar un bien público.
“Nuestro compromiso es claro: no vamos a permitir que el patrimonio público sea tratado como un cortijo privado. Hemos hecho nuestro trabajo con responsabilidad, y gracias a esa labor hoy este caso está en manos de la Fiscalía”, señala el portavoz municipal izquierdista, José Luis Bueno.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, esta formación de la oposición recuerda que lleva meses reclamando información a la propia administración municipal, “pidiendo expedientes y alertando de lo que presuntamente estaba ocurriendo en esta parcela pública”.
“Nos hemos dirigido a todas las áreas con responsabilidad en la materia: Medio Ambiente, Urbanismo, Patrimonio e incluso al propio alcalde Germán Beardo. Y lo único que hemos encontrado -se lamenta- ha sido silencio, excusas y que cada concejalía se tirase piedras sobre su propio tejado para no asumir responsabilidades”.
Esta falta de respuesta, unida a los hechos constatados, ha “obligado” a IU a dar un paso más: “hemos llevado el asunto a la Fiscalía para que se investigue y corrobore nuestro planteamiento. Cumplimos con nuestro deber y nuestra tarea de fiscalización y con la defensa del patrimonio de todos los portuenses. Ahora corresponde a la justicia esclarecer si estamos ante presuntos delitos urbanísticos, de usurpación de bien público o incluso de prevaricación administrativa o no”.
“PRESUNTA CONNIVENCIA Y DEJACIÓN DE FUNCIONES DEL PP”
Este partido de la oposición denuncia que la derecha en el Gobierno portuense, en lugar de velar por el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), “que establece claramente el carácter protegido de la zona (donde se ha levantado la nave) y la obligación de mantenerla como espacio libre”, habría permitido que “una entidad privada construya, con fines presuntamente lucrativos, sobre un suelo que debería destinarse exclusivamente a zona verde”.
A juicio de IU, este proceder muestra una actitud de “presunta connivencia y dejación de funciones por parte de quienes deberían haber defendido el interés general”.
“Este caso refleja a la perfección la forma de gobernar de Beardo y su equipo: se protege el interés de unos pocos a costa del patrimonio de toda la ciudadanía, se intentan disfrazar las presuntas irregularidades con informes extemporáneos y se utiliza dinero público de la Diputación para justificar lo injustificable. Mientras tanto, los portuenses pierden un espacio que debía ser verde y protegido, y el Ayuntamiento mira hacia otro lado”, denuncian desde la coalición izquierdista.
Y se advierte: “seguiremos trabajando para que se respete la legalidad y se devuelva a la ciudadanía lo que es suyo”.
