El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María va a aprobar en el pleno ordinario de marzo una propuesta del equipo de Gobierno del PP (que tiene mayoría absoluta) que acuerda la suspensión de autorizaciones de nuevas viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad.
“Con esta medida El Puerto ya dispone de herramientas para frenar la expansión de viviendas turísticas. Esto nos permitirá responder con hechos ante un problema generalizado, garantizando que la prioridad es que los portuenses puedan vivir en su ciudad”, asevera el alcalde Germán Beardo, que parece por fin darse cuenta de una situación que se viene denunciando desde hace unos años, incluso con varias manifestaciones y protestas frente a la turistificación y el turismo de borrachera promovido por el actual Ejecutivo de derechas, según los convocantes de las mismas.
En concreto, esta localidad gaditana se quiere acoger al Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado por la Junta de Andalucía y en vigor desde hace nada, el 4 de marzo. Esta norma permite a los ayuntamientos suspender temporalmente, durante un máximo de tres años, el otorgamiento de nuevas licencias para viviendas turísticas, “con el objetivo de garantizar el equilibrio entre el uso residencial y el turístico, favoreciendo el acceso a vivienda habitual y permanente”.
Una vez adoptado este acuerdo, se notificará a la consejería de Turismo para su inscripción en el Registro autonómico de viviendas de uso turístico. “Esta medida nos permite frenar nuevas solicitudes de viviendas turísticas con plena seguridad jurídica, asegurando un desarrollo ordenado y sostenible de la ciudad”, insiste Beardo.
Con esta iniciativa, El Puerto suspenderá la concesión de nuevas autorizaciones mientras se redacta y aprueba el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que articulará la compatibilidad del uso turístico de la VUT con el uso residencial del suelo. En el nuevo PGOM se establecerán medidas que permitan modular la aplicación de la suspensión por zonas o tipologías de edificaciones, en función de la necesidad y proporcionalidad.
“Y EL TEMOR A LA OCUPACIÓN ILEGAL”
Desde 2022 los datos reflejan un crecimiento exponencial de las viviendas turísticas en El Puerto, que cuenta actualmente con 1.870 viviendas autorizadas, que suman 10.814 plazas (otra cosa son las ilegales, no registradas). Esto supone un 3,9% del parque de viviendas de la ciudad, “aún muy por debajo de las cifras de otras ciudades costeras, pero con un crecimiento lo suficientemente rápido como para que el Gobierno municipal decida tomar medidas urgentes”, se señala desde la derecha.
Pero el PP de Beardo añade en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “esta situación, combinada con la actual Ley estatal de Vivienda (que el propio PP boicotea desde la Junta) y el temor a la ocupación ilegal, dificulta cada vez más el acceso a viviendas destinadas a uso residencial”. Ni una palabra sobre la especulación y los alquileres abusivos.
Prohibiendo que se concedan de momento más licencias para VUT, se busca “potenciar la vivienda de uso residencial equilibrándolo con las necesidades del sector turístico”, que actualmente cuenta con 2.937 plazas hoteleras y 360 plazas en apartamentos turísticos.
Y si bien las viviendas turísticas, para el Gobierno local del PP, “complementan la oferta hotelera de la ciudad”, se velará igualmente por el control de la actividad de los pisos turísticos clandestinos con la firma próxima de un convenio con la Junta, el mismo que se ha firmado ya en la Bahía con los ayuntamientos de Cádiz y de Jerez.
De este modo, el Ejecutivo del derechista Beardo presume de su compromiso “con una regulación equilibrada y sostenible del sector turístico, asegurando el derecho a la vivienda y garantizando la convivencia entre residentes y visitantes”.
