El Juzgado ha admitido la denuncia de la Fiscalía y ha citado a declarar en calidad de imputados al exgerente de Apemsa y a cuatro exconsejeros de la empresa municipal, entre ellos, el exalcalde de El Puerto, Enrique Moresco, por una supuesta prevaricación en la prórroga de contratos en 2010 con la empresa Aqualia, curiosamente la misma que ha adquirido hace unos meses el 49% de Apemsa. El actual regidor Alfonso Candón se salva de esta imputación por su condición de aforado, al ser también diputado en el Congreso.
El Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto de Santa María ha admitido la denuncia de la Fiscalía y ha citado a declarar en calidad de imputados al exgerente de la empresa municipal de aguas (Apemsa) Juan Campos, y a cuatro exconsejeros de la compañía, entre ellos, el exalcalde del PP ahora recolocado como cargo de confianza en la Diputación, Enrique Moresco, por una supuesta prevaricación en la prórroga de contratos con la empresa privada Aqualia.
El actual alcalde, también popular, Alfonso Candón, que fue incluido en la denuncia de la Fiscalía, se ha librado de la imputación por su condición de aforado al ser diputado en el Congreso. En su momento, como consejero de Apemsa, aprobó la prórroga de los contratos para Aqualia.
La Fiscalía de Cádiz, a raíz de la denuncia presentada meses atrás por la plataforma ciudadana Apemsa no se vende, había solicitado al juez la imputación de seis personas relacionadas con la empresa municipal de aguas y la prórroga de dos contratos de prestación de servicios a Aqualia en 2010. Curiosamente, PP-PA en solitario terminaron aprobando hace unos meses la polémica venta del 49% de las acciones de la empresa municipal de aguas también a Aqualia.
El informe del fiscal aprecia indicios de un delito de prevaricación, sin descartar otro posible delito de malversación de caudales públicos, en los actos administrativos realizados por parte de Apemsa para prorrogar dos contratos con Aqualia sin que hubiera concurso público alguno.
Los contratos bajo sospecha son los de limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado, estaciones de bombeo y estaciones depuradoras, suscrito en 1989; y el de explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), firmado en 1991. Ambos estaban adjudicados a Aqualia, del grupo FCC –curiosamente la única empresa que mostró interés en hacerse hace unos meses con el 49% de las acciones de Apemsa durante 25 años a cambio de 20 millones, polémica privatización que suscitó las protestas ciudadanas y la aparición de la plataforma denunciante-.
La Fiscalía entiende que no es ilegal que las partes pacten prórrogas, pero lo que censura es que estas “se va modificando o alterando el contenido de los contratos”, por lo que observa que se pudiera estar encubriendo en realidad un contrato distinto, de forma que se debería haber iniciado el proceso de tramitación para la contratación de tales servicios u obras, dando la oportunidad a otras empresas conforme a los principios de publicidad y transparencia.
Apemsa no se vende calcula que como resultado de estas renovaciones de contratos, Aqualia se habría embolsado más de 30 millones de euros. Además, también denunció en su momento a esta concesionaria por infracciones de vertidos de aguas residuales superando ampliamente los límites de contaminación legalmente establecidos “con claro incumplimiento del contrato de prestación de servicios”, y hasta “facturar un 20% de más en relación con el agua realmente tratada”.
El fiscal reclamó la apertura de diligencias para la toma de declaración “en calidad de imputados” a los responsables de la empresa de aguas y los seis miembros del consejo de administración que apoyaron las prórrogas, en las reuniones celebradas en agosto y diciembre de 2010.
“CON EL RESPALDO DE LOS PERTINENTES INFORMES”
Tras la denuncia presentada por Fiscalía, desde el Ayuntamiento se intentó aclarar que “la prórroga de los contratos de Aqualia, contó en todo momento con el respaldo de los pertinentes informes técnicos, jurídicos y económicos”.
“Teniendo en cuenta que la prevaricación es un delito que consiste en que la autoridad o funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha decisión es injusta”, y que uno de sus principales requisitos es que “la persona que realiza la prevaricación debe ser una autoridad o funcionario”, se entiende que “no sería aplicable a los miembros de un Consejo de Administración de una sociedad anónima”. De hecho, “si hubiera habido irregularidad alguna sería administrativa y no prevaricación y menos aún malversación de fondos de públicos, que siempre implica el ánimo de lucro”, interpretaban desde el PP en el Ejecutivo local.
Asimismo, al Consistorio le resultaba “extraño” una imputación por este concepto a “una parte” de los miembros del Consejo de Administración “y no a la totalidad”, máxime cuando el resto de los consejeros, es decir, María Gómez García, representante de IP (ahora CP), Matilde Roselló del Castillo, de IU y José Manuel Jiménez Lavi, del PSOE, “se abstuvieron y no se opusieron a la decisión tomada, ni plantearon en ningún momento irregularidad alguna en la tramitación”. Los señalados son del PP y del PA, al votar explícitamente a favor de las prórrogas.
IU ESPERA “RAPIDEZ” DE LA JUSTICIA
El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Antonio Fernández, tras las últimas noticias espera que la investigación sobre las presuntas irregularidades en la prórroga de los contratos entre Apemsa y Aqualia “llegue hasta el final”.
Para Fernández “es necesario que la justicia actúe con la mayor rapidez posible para que se puedan depurar responsabilidades y aclarar todo cuanto antes” y asegura que su formación actuará con el “debido respeto que merecen las actuaciones judiciales que puedan desembocar en la resolución de este asunto” por ello espera que el proceso “no se demore en el tiempo como ha ocurrido con el caso de la Casa de las Cadenas cuya sentencia llega 10 años después de haberse cometido los delitos denunciados por Izquierda Unida”.
El también candidato izquierdista a la Alcaldía portuense indica que “vamos a estar muy atentos a los futuros acontecimientos, sin precipitarnos en hacer juicios paralelos”, al tiempo que ha asegurado que, en su opinión, “ningún inculpado debería permanecer en órganos de gobierno municipales”.
Fernández se muestra contrariado porque “ni El Puerto ni los portuenses nos merecemos estar constantemente en los medios de comunicación por culpa de las conductas poco ejemplares de nuestros gobernantes” y lamenta “que desde 1991 todos los alcaldes que ha tenido nuestra ciudad hayan acabado siendo imputados por sus labores al frente de gobiernos municipales en los que han estado implicados todos los partidos representados en el pleno salvo Izquierda Unida”.
El edil de IU tampoco olvida que el actual alcalde, Alfonso Candón, no se encuentra entre los imputados “dada su condición de Diputado y por tanto aforado, teniendo que ser llamado a declarar por el Tribunal Supremo en una pieza separada de este caso”.
Finalmente, ha expresado su apoyo a la “ejemplar labor de control ciudadano” desarrollada por la plataforma Apemsa no se vende por “su constancia y esfuerzo en defensa de un bien común como el agua”.
