La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Puerto daba luz verde de forma definitiva en febrero de 2020 al polémico proyecto de urbanización de Rancho Linares, que “permitirá que comiencen los trabajos de construcción tras muchos años de trámites administrativos”, se afirmaba en su momento. Un año después, la misma Junta de Gobierno Local recula y ha anulado ese acto “a fin de que el promotor subsane, como así se le ha requerido, el trámite medioambiental necesario para su culminación”.
A este punto se llega después de que Ecologistas en Acción y otras entidades se hayan opuesto frontalmente a esta iniciativa que planta en uno de los bosques de mayor biodiversidad y valor ecológico de la Bahía de Cádiz más de 1.200 viviendas.
Esta asociación verde ya alertaba el pasado diciembre al actual Ejecutivo portuense de PP y Cs “no le queda otra” que revisar ese acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se aprobó “de forma irregular” el proyecto de urbanización: “de seguir tramitándolo, ya hemos advertido que podrían incurrir en un presunto delito de prevaricación”. De hecho, se anula ahora al estimar el recurso de Ecologistas.
Con todo, el Gobierno local liderado por Germán Beardo da por hecho que todo avanza, y que ese trámite pendiente consiste en la Autorización Ambiental Unificada (AAU), que “el promotor (el Grupo Q) está tramitando con la Junta de Andalucía”, se afirma; actuando conforme a la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). “Se espera que esta diligencia se realice con agilidad ya que toda la documentación necesaria para esta autorización ambiental estaba ya contenida en los documentos que componen el proyecto de urbanización que ha tramitado el Ayuntamiento hasta ahora. De hecho, es una cuestión más formal que de contenido”, se aprecia en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
El primer edil popular ha repetido en los últimos meses que este desarrollo urbanístico en la Zona Norte con hasta 1.260 nuevas viviendas, el 70% VPOs, “será un revulsivo importante para una zona en pleno crecimiento que tiene muchas posibilidades y potencial todavía, con una ubicación estratégica al localizarse en la salida de El Puerto hacia Jerez”.
Dicho desarrollo tiene previsto su ejecución en cinco fases de dos años cada una, “por tanto, es un desarrollo que se plantea a lo largo de 10 años, en los que previsiblemente la demanda del mercado irá absorbiendo de forma paulatina la edificabilidad prevista”: 1.200 viviendas, “siempre que el mercado y el crecimiento de la ciudad así lo aconsejen, ya que la realización del citado número de viviendas es una posibilidad, no una obligación”. Además, el promotor “pasará a ceder el 80% de sus terrenos a la ciudad, en los que se incluye la ya famosa pinaleta, además de equipamientos docentes, deportivos, sanitarios, etcétera”.
Y se vuelve a argumentar desde el equipo de Gobierno de derechas que “actualmente, mientras no se desarrolle, se trata de una finca particular de 241.000 metros cuadrados que contiene un pinar de 82.000 m2” y que si el propietario quisiera “podría vallarlo para uso y disfrute particular”. No obstante, “como consecuencia del desarrollo ordenado y legal, se cederá a la ciudad el pinar completo, más 117.000 m2 de suelos para equipamientos (docentes, sanitarios, deportivos…) y viales”. Además, “aportará a la ciudad 5 millones de euros en concepto de sistemas generales, que serán un indudable beneficio para todos”.
“UN PASO DECISIVO PARA ENTERRAR UN PROYECTO ESPECULATIVO”
Por su lado, para Ecologistas en Acción, la anulación del proyecto de urbanización del Rancho Linares, “supone un varapalo a la política seguida por el equipo de Gobierno, y es un paso decisivo para enterrar definitivamente este proyecto especulativo y salvaguardar este magnífico bosque”. E incide en que PP y Cs “han intentado saltarse, aplicando la política de hechos consumado; pero han fracasado”.
Además, este colectivo reitera que el Gobierno de Beardo “vuelve a justificar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada en 2011 para declarar el Rancho Linares suelo residencial y permitir la construcción de 1.260 viviendas”. Esta modificación, sin embargo, “se aprobó sin haberse sometido a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que era obligatoria para todos los planes aprobados a partir del 21 de julio de 2006”, por lo que “esta modificación del PGOU es manifiestamente nula, y no se entiende que se pretenda justificar y darle validez”.
“Y sigue sorprendiendo que, tras haber demostrado una ignorancia supina de los procedimientos de tramitación de planes y proyectos urbanísticos, este equipo de Gobierno asegure que la Evaluación de Impacto Ambiental, es un mero trámite administrativo que ya se está cumplimentando para poder ‘culminar el proyecto’. Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido de que la evaluación ambiental de un plan o proyecto es un requisito obligatorio y vinculante para decidir sobre su viabilidad; si se prescinde, como es el caso, del trámite esencial de la EIA, la aprobación de un plan o proyecto habrá de considerarse nula de pleno derecho. Y así ha sucedido con multitud de planes y proyectos urbanísticos en los que -como en el PGOU o en el Rancho Linares-, los ayuntamientos han pretendido soslayar este procedimiento esencial”, se subraya.
De este modo, se asegura que ahora la promotora y el Consistorio “deberán comenzar desde el principio”, sometiendo el proyecto a una auténtica EIA donde se debe demostrar la necesidad de esas 1.260 viviendas, analizar las alternativas de ubicación y que no provoca impactos ambientales. “Muy difícil, por no decir imposible, será demostrar que esta ubicación es mejor que, por ejemplo, en La Florida, o que urbanizar el bosque con mayor biodiversidad del municipio no provoca impactos ambientales”, se deja caer. Además, es obligatorio contar con la participación pública en la toma de decisiones: “nada de esto se ha hecho con este proyecto de urbanización, que ha pretendido ejecutarse por las bravas”.
Así, Ecologistas no duda de que este proyecto “está condenado al fracaso”, y “mejor sería que el equipo de Gobierno así lo reconociera –el pleno ya se pronunció en contra de esta urbanización el pasado mes de diciembre-, para no hacer perder más el tiempo a los técnicos del ayuntamiento y de la Junta, y evitar hacérnoslo perder también a los ciudadanos que hemos tenido que actuar para evitar este despropósito”.
Finalmente, esta asociación agradece a las entidades y ciudadanos que han participado en las numerosas acciones en defensa de este bosque, “y que son también protagonistas de este éxito que, sin duda, culminará cuando se proteja legalmente el Rancho Linares y se conjure definitivamente cualquier amenaza de urbanizarlo”.
Y se exigen responsabilidades a los responsables de esta “lamentable trama” para urbanizar este espacio natural del término municipal: a la concejala de Urbanismo “que ha estado defendiendo reiteradamente la legalidad del proyecto de urbanización, y descalificando las advertencias de Ecologistas”; al concejal de de Medio Ambiente, “por su silencio y por aprobar un proyecto de alto impacto ambiental sin haberse sometido a EIA”; al Jefe de Servicio de esta área, “por informar favorablemente un proyecto sin EIA”; y al alcalde, “por mantener un silencio cómplice, como si el Rancho Linares no estuviera en El Puerto, pero aprobando todos los trámites ilegales para su urbanización”.
El Rancho Linares en un bosque con una superficie de 25 hectáreas, en el que existe una variada gama de ecosistemas de alto valor ecológico, como pinares, retamares, acebuchales y pastizales, y una rica biodiversidad, habiéndose inventariado más de 200 especies de plantas, algunas catalogadas y protegidas. Además, da cobijo a un gran número de especies de aves y a una población de camaleones, especie protegida por la ley.
