La Junta ha otorgado la autorización ambiental para la urbanización de Rancho Linares, que iniciaba su tramitación en 2008. Y Ecologistas vuelve a advertir de que si el Ayuntamiento sigue adelante con este proyecto “ilegal” acudirá a los tribunales por “prevaricación y falsedad documental”. Un informe “oculto” de Urbanismo también avisa de la nulidad del proyecto.
Ecologistas en Acción ha vuelto a advertir al alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, y a sus concejales de Urbanismo y de Medio Ambiente, y a los responsables de la Junta de Andalucía, de que si aprueban el controvertido proyecto de urbanización prevista en el Rancho Linares “con pleno conocimiento de su ilegalidad”, la asociación los denunciara ante los tribunales “por presunta prevaricación y falsedad documental”.
“Ya está bien de saltarse las leyes a la torera para justificar lo injustificable, la urbanización de un valioso bosque y el pelotazo urbanístico de una influyente empresa constructora”, expresan desde este colectivo verde tras conocerse a principios de mes que la rebautizada consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha dado luz verde al informe ambiental favorable a construir viviendas en dicho bosque; pero es que además, Ecologistas dice haber tenido acceso al informe realizado por el jefe de Servicio de la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo del propio Ayuntamiento y este “corrobora nuestras advertencias de ilegalidad y plena nulidad del proyecto”.
Desde la Junta se argumenta para autorizar este proyecto de Rancho Linares que ante la caída del último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el de 1992 está plenamente en vigor, “por lo que se debe continuar por parte de la Administración con la tramitación de los proyectos de urbanización que se proyectan en estos suelos”.
Este proyecto urbanístico, promovido por la empresa Marsur TS-21 (del Grupo Q), ha sufrido múltiples avatares desde que inició su tramitación en 2008. El Ayuntamiento procedió en su momento a la modificación del Plan General de 1992 para que estos terrenos forestales pasaran a ser urbanizables, con la previsión de construir 1.200 viviendas.
“se demuestra la sumisión de la Junta a los intereses de los especuladores urbanísticos, y el total desprecio a la legalidad y a la jurisprudencia del Supremo”
En la información recogida por DIARIO Bahía de Cádiz, Ecologistas denuncia públicamente que el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Óscar Curtido, ha firmado el documento con el que se otorga la autorización ambiental al proyecto “en base a un cúmulo de falsedades que demuestra la sumisión de la Junta a los intereses de los especuladores urbanísticos, y el total desprecio a la legalidad y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo”.
“Para nada han servido las numerosas alegaciones presentadas advirtiendo de la inviabilidad ambiental, técnica y legal de este proyecto urbanístico. A la Junta de Andalucía no le ha importado incumplir la legalidad y la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo (TS), para aprobar un proyecto innecesario e injustificado de una influyente empresa constructora. el Grupo Q. Tampoco parece que les haya importado a los técnicos y a los responsables políticos que han apoyado y autorizado este proyecto, nuestras advertencias de que podrían incurrir en delitos de falsedad documental y prevaricación”, insisten desde el colectivo verde.
Y es que se asegura que el contenido de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) por parte de la delegación territorial “deja patente esas posibles responsabilidades penales”. “En la resolución de la AAU, el delegado que supuestamente debe garantizar el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente no escatima en falacias para justificar la aprobación de este proyecto urbanístico en el bosque más biodiverso y valioso de El Puerto”, se reitera.
Por un lado, Curtido asegura que la modificación puntual del PGOU de 2011 cambió la calificación de estos terrenos de industrial a residencial. A decir de Ecologistas, “es falso, estos terrenos estaban, y siguen estando, protegidos por el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC), como Sistema General de Espacios Libres. Este Plan es de rango superior al PGOU”.
Pero además, este delegado territorial del PP sigue manteniendo la legalidad de la modificación del PGOU de 2011, “que se realizó sin la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), por lo que, según la jurisprudencia del TSJA y del TS, ‘adolece de radical nulidad’”.
el mismo servicio jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento ha advertido de la nulidad del proyecto urbanístico, pero su informe no aparece en el expediente
E igualmente, afirma que el expediente de AAU fue remitido al Ayuntamiento, pero que ‘no se ha obtenido respuesta’. Cuando, remarca Ecologistas, “lo cierto es que la administración local remitió a la delegación territorial un informe del servicio jurídico de Urbanismo desfavorable a este proyecto urbanístico, informe que han ocultado”.
Ecologistas en Acción también cuestiona la respuesta desde la Junta a otras de sus alegaciones asegurando que “no es necesario el análisis de alternativas, en contra de lo que obliga la legislación para cualquier plan urbanístico”; o señalando que no existen hábitats de interés comunitario, “cuando hemos presentado planos oficiales de dos con amplia distribución en el Rancho Linares”.
“Para colmo, Óscar Curtido alardea del ‘gran número de medidas preventivas, correctoras y compensatorias’, la mayoría cosméticas y ridículas”, interpreta este colectivo, como: la plantación de árboles como medida para incrementar los sumideros de carbono, “cuando se van a talar cientos de árboles y arbustos”; el mantenimiento del pinar y zonas de vegetación autóctona, “cuando se va a arrasar toda la dehesa de acebuches y parte del pinar”; o la conservación de humedales, “cuando no hay ninguno”.
La única alegación admitida ha sido la protección del acueducto de La Piedad, “que no se va a cumplir porque se autoriza el desmontaje y traslado del registro existente”.
Ecologistas ya ha avanzado que va a recurrir esta Autorización Ambiental Unificada, y, si el Ayuntamiento aprueba el proyecto de urbanización, “también lo recurriremos”. Y en caso de persistir estas administraciones (ambas actualmente con gobiernos de derechas) “en su empeño de construir esta urbanización ilegal, lo recurriremos a los tribunales y exigiremos responsabilidades por este despropósito”, se vuelve a advertir.
