Ecologistas en Acción ha remitido a la delegación territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Cádiz un “completo y argumentado” documento con hasta 250 sugerencias para que sean tenidas en cuenta en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de El Puerto de Santa María (una de las dos patas del futuro Plan General, junto al Plan de Ordenación Urbana, POU). Actualmente la localidad se rige urbanísticamente por el caduco Plan de 1992.
Con sus aportaciones, este colectivo persigue garantizar la “sostenibilidad” del futurible PGOM, la mejora de la habitabilidad del ámbito urbano, la preservación de los bosques, paisajes y biodiversidad del municipio, el cumplimiento del derecho constitucional de acceso a una vivienda digna, la reducción de la demanda de recursos naturales y contribuir a la lucha contra el cambio climático.
Al respecto, Ecologistas se queja de que no fue tenida en cuenta en la fase de consultas efectuadas por la administración andaluza para confeccionar el Estudio Ambiental Estratégico (EAE) del PGOM (contratado a la UTE Ordenación Urbanística El Puerto de Santa María, donde se integra la habitual firma Territorio y Ciudad, de Fustegueras), “lo que es obligatorio como parte interesada en este procedimiento”. Por ello presentó una reclamación, aceptada, dándole un plazo de 45 días para presentar estas sugerencias, “lo que ha retrasado su tramitación”.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, esta asociación reclama además a la Junta que reconsidere su metodología de evaluación de los planes urbanísticos, “dejando de justificar todo tipo de proyectos especulativos sin justificación social ni ambiental”, y “apostando por un nuevo modelo basado en la sostenibilidad territorial, ambiental y social, para dejar atrás el modelo de la burbuja inmobiliaria que nos llevó a una destrucción del territorio sin parangón, a un desorbitado aumento del precio de la vivienda y a la ruina del país, contraviniendo el mandato constitucional de regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
“SE PREVÉ UN CRECIMIENTO POBLACIONAL SIN NINGUNA BASE”
Entre las sugerencias se propone acabar con el mantra del crecimiento urbanístico ilimitado. Y es que para Ecologistas, estos planes “no pueden valorarse en función de los crecimientos previstos, sino de la mejora de la ciudad y de la calidad de vida de sus habitantes”.
Así, el PGOU de 2012, tumbado por la Justicia, preveía ya la construcción de más de 21.400 nuevas viviendas, con unas previsiones de llegar a los 150.000 habitantes en 2024. Unos cálculos desmesurados que “sólo pretendían justificar la construcción de viviendas destinadas a segundas residencias, y que se demostraron totalmente falsas”.
De hecho, en los últimos tiempos la población de El Puerto se ha mantenido estabilizada en torno a los 89.000 habitantes (en incluso Chiclana ya le ha superado en empadronados). Y pese a que no existen estudios oficiales que avalen un aumento sustancial de población en la próxima década, el nuevo PGOM en elaboración “prevé la construcción de 10.027 nuevas viviendas, con un aumento de población de 13.000 personas”.
Al respecto, Ecologistas en Acción propone que la prioridad debe ser “la vivienda en alquiler asequible a la totalidad de la población que lo requiera”, para lo que es fundamental fomentar la rehabilitación y repoblación del caso urbano, con posibilidad de adecuar 1.857 viviendas, y la promoción de vivienda pública en La Florida, con una previsión de 3.360 nuevas viviendas.
“Esta oferta sería más que suficiente para garantizar el derecho de acceso de la ciudadanía a una vivienda digna. Por tanto, no hay que prever en el PGOM más suelos para construir”, se apostilla.
BOSQUES, HUERTOS URBANOS, URBANIZACIONES ILEGALES…
Por otro lado, en sus alegaciones propone como otra prioridad la protección de la totalidad de terrenos forestales, “por su valor ecológico y recreativo, y por su contribución a la lucha contra el cambio climático”. Además, se pide desclasificar y proteger terrenos forestales de alto valor ecológico como el Rancho Linares y La China.
También se plantea desestimar el campo de golf de Viña Rango, que sería el tercero del municipio, “cuando no hay agua y tampoco aporta beneficio social alguno a la ciudad”. Y en relación con el siempre polémico Campo de Guía, se apoya la propuesta del Avance del PGOM de que las bodegas deben destinarse a equipamientos universitarios, centros de investigación e innovación, servicios públicos, museos y alojamientos asociados a estos usos, como por ejemplo un albergue municipal: “en ningún caso se deben permitir los usos residenciales”.
Asimismo, Ecologistas cree que los corredores verdes deben considerarse como elementos estructurales de la infraestructura ecológica del municipio, fundamentales para garantizar la conectividad ecológica y la adaptación al cambio climático. Y también se propone que el PGOM incluya una red pública de huertos urbanos accesibles y próxima a los barrios,
En relación con el fenómeno de las urbanizaciones ilegales se insta a que se analicen los impactos significativos que han generado y generan sobre el territorio, los recursos hídricos, la calidad ambiental y la seguridad de la población: “Ayuntamiento y Junta no pueden sucumbir a las presiones y deben negarse a incorporar los asentamientos urbanísticos desgajados del casco urbano, que supondría ampliar más de lo deseable y necesario el suelo urbano”, se considera.
MOVILIDAD SOSTENIBLE, AGUA, SUELOS INUNDABLES…
Añade este colectivo que uno de los retos del nuevo PGOM es diseñar una ciudad que apueste por una movilidad sostenible, con medidas innovadoras que vayan eliminado el uso del vehículo privado, sobre todo de combustión, fomenten el transporte público y la peatonalización del casco urbano y de zonas de las barriadas, y cree vías seguras peatonales y ciclistas.
Y finalmente, se propone un modelo que implique una reducción del consumo de agua y una depuradora que garantice su correcta depuración y posibilite su reutilización para riego; y prohibir cualquier construcción de viviendas, equipamientos, naves o infraestructuras en suelos inundables y preservar como espacios libres los suelos costeros no construidos como prevención ante el riesgo de tsunamis.
En su escrito, Ecologistas en Acción termina recordando a la Junta de Andalucía que la participación pública “no es un mero trámite, sino un elemento sustantivo en el procedimiento de evaluación ambiental de un plan urbanístico”, ya que permite “identificar impactos ambientales no detectados técnicamente, mejorar el análisis territorial a escala local, reforzar la legitimidad y calidad del plan y reducir conflictos ambientales futuros”.
