Los chiringuitos de Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María, siguen dando qué hablar. Pero más allá de por el ruido y las molestias, por la presunta ilegalidad de estos.
En este sentido, Ecologistas en Acción ha alertado al alcalde, Germán Beardo, de que puede cometer un delito de prevaricación si no actúa contra estas “concesiones ilegales”. Y le ha trasladado un escrito “demostrando con numerosos datos y elementos de juicio”, los “graves y reiterados” incumplimientos de los establecimientos PhiPhi, Margarita y Blue, con el beneplácito de este político del PP.
Dichos establecimientos han conseguido esta temporada, como en años anteriores, licencia para desarrollar actividad de ocio con música, “la cual no les corresponde por el carácter no desmontable de sus instalaciones”, concreta la asociación denunciante.
Y detalla que en los Decretos firmados a principios de abril por el propio Beardo, “este les otorga el carácter de quioscos-bares, por lo que explícitamente están obligados a desmontarlos cada año y a no utilizar elementos fijos en estructuras de ningún tipo”. Además, se explicita que sólo pueden usar música pregrabada y en pequeño formato para amenizar a los clientes, y que no pueden usar otros equipos musicales mayores.
“Sin embargo, la realidad es muy diferente”, lamentan desde Ecologistas en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Estos locales de Puerto Sherry emplean abundantes elementos fijos desde baños, barras de mampostería, a otros prohibidos expresamente como escenarios y torres de sonido no desmontables. Por otra parte, las actividades que desarrollan incluyen conciertos y actuaciones de DJs que no se ajustan a la concesión con la instalación para estos eventos de equipos de mayor potencia a los permitidos.
“Resulta de gran importancia el hecho de que el carácter no desmontable de los tres locales les impide ocupar el suelo destinado a viario que ocupan, según el Plan Especial del Puerto. Y construir estructuras fijas en suelos destinado a viario es constitutivo de un presunto delito urbanístico, tipificado en el artículo 319 del Código Penal. Y no perseguir e impedir este presunto delito es constitutivo, asimismo, de otro delito urbanístico, tipificado en el artículo 320 del mismo Código”, sostienen los ecologistas.
SE PIDEN LA ANULACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES Y MULTAS
A partir de la constatación de estos hechos, se ha entregado al alcalde portuense “un extenso y pormenorizado escrito” demostrando con pruebas el reiterado incumplimiento normativo de los tres establecimientos, “y exigiéndole tomar acción inmediata”.
Por un lado, se pide al Ayuntamiento que anule las autorizaciones dadas para supuestas instalaciones provisionales, “por ser de naturaleza falsa”. Lo que implica, además, que “no se pueden otorgar autorizaciones excepcionales para uso ocasional de música de pequeño formato y pregrabada”. Y de la misma manera se pide la anulación de las autorizaciones para actividad de local de hostelería sin música, “por basarse en infracciones graves del ordenamiento urbanístico, al no poder ser considerados locales provisionales y temporales, dedicados a uso ocasional, y con construcciones desmontables”.
Por su puesto, Ecologistas demanda la apertura de expediente disciplinario a los tres bares implicados; imponer multas según dicta la Ley sobre espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía; y que se investigue las causas de la “inacción” de la Policía Local y de las inspecciones municipales de Urbanismo y Medio Ambiente ante estos reiterados hechos, y se sancione a sus responsables.
“EL ALCALDE TIENE LA OBLIGACIÓN DE PROTEGER LA LEGALIDAD”
A juicio de este colectivo, la situación en la que se haya el alcalde derechista “es especialmente delicada por haber firmado personalmente los Decretos que permiten esta actividad ilegal en los supuestos bares-quiosco de Puerto Sherry”.
“Las infracciones demostradas -se le advierte a Beardo- pueden suponer delitos urbanísticos y de prevaricación administrativa ya que tiene la obligación de proteger la legalidad ante la infracción denunciada. La omisión administrativa de no protección de la legalidad es un acto no ajustado a Derecho, con carácter de actuación injusta a sabiendas, con posible responsabilidad penal por la comisión de un delito de prevaricación tipificado en artículo 404 y 420 del Código Penal”.
“EN EL PUERTO NADIE CONTROLA EL EXCESO DE RUIDO”
En paralelo, el PSOE local ha denunciado que actualmente nadie controla el “exceso de ruido” en El Puerto: “Beardo debe solucionar ya esta situación y garantizar el descanso a los portuenses. Ahora en verano estamos en una época más propicia para las salidas y las fiestas, y no podemos vivir como si fuéramos una ciudad sin ley”.
Al menos así se desprende de los escritos que tanto el área de Policía Local como Medio Ambiente del Ayuntamiento han trasladado al principal partido de la oposición en respuesta a las solicitudes de información registradas por éstos, tratando de conocer quién se encarga de hacer las mediciones acústicas. Ambas concejalías responden que no tienen la competencia.
“¿Quién tiene las competencias en materia de ruido? ¿Qué está pasando en El Puerto? ¿Nadie va a controlar el exceso de ruido? ¿Nadie va a dar respuesta a nuestros vecinos cuando se atente contra su derecho al descanso?”, se quejan los socialistas.
