Ecologistas en Acción ha resaltado lo que llama “fenómeno inexplicable” en El Puerto de Santa María: “se ha demolido un edificio ilegal a los 19 años de su construcción en suelo especialmente protegido”.
La construcción de este edificio en la finca Los Pinos, en la carretera de Fuentebravía, data de 1998, cuando Construcciones Chiclana 2000 adquiere estos terrenos declarados por entonces no urbanizable por su interés forestal, ya que en su mayoría estaban cubiertos por un bosque de pinos y un denso matorral conformado por sabinas, lentiscos o sanguinos.
Sin embargo, los responsables de la empresa procedieron a desbrozar todo el matorral, dejando el bosque “muy deteriorado”, y levantaron un gran edificio, junto a la casa señorial que perteneció a la familia Terry, de dos plantas y 654 metros cuadrados. Ecologistas denunció estos hechos ante el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.
La administración regional sancionó a la empresa con 10 millones de las antiguas pesetas (unos 60.000 euros). Pero el Consistorio “no sólo se negó a abrir el correspondiente expediente sancionador, sino que firmó en 2003 un convenio -con el apoyo de Independientes Portuenses y PSOE- con la propietaria para construir 326 viviendas, un hotel y un centro comercial”.
Las denuncias y alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la movilización popular contra estos convenios urbanísticos, consiguieron que la Junta desestimara esta actuación urbanística y prescribiera en la Declaración de Impacto Ambiental que todo el pinar quedara como suelo de especial protección como Sistema General de Espacios Libres (SGEL).
El Ayuntamiento, relata este colectivo verde en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, “se vio también obligado a incoar los correspondientes expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad”, aunque “de tan malas ganas, que todo el proceso ha sido, adrede, una inmensa chapuza que ha llevado a que varias veces caducara el expediente por negligencia en las actuaciones e, incluso, a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara la primera orden de demolición por haber sido firmada por la entonces concejala de Urbanismo Patricia Ybarra, sin tener competencia para ello, ya que tenía que haberla firmado el alcalde Hernán Díaz, y no lo hizo”.
La última vez que se dejó caducar el expediente fue en junio de 2014, y de nuevo fue a instancia de Ecologistas en Acción que se volvió a reabrir. Entonces se dirigió al alcalde, Alfonso Candón, exigiendo se procediera de forma inmediata a la apertura de nuevo expediente de protección de la legalidad sobre las obras denunciadas. También se solicitó al anterior primer edil del PP que se exigieran las responsabilidades correspondientes por permitirse la caducidad del expediente, “lo que nunca se hizo”.
El expediente se reabrió, y en marzo de 2015 la entonces concejala de Urbanismo, Leocadia Benavente, ordenó a la empresa Construcciones Chiclana 2000 la demolición de las obras. Se dio un plazo de dos meses, pasado los cuales se procedería a la ejecución subsidiaria.
“Se ha tardado más de dos años en que se cumpla esta orden de demolición, lo que no deja de ser un fenómeno insólito en un municipio en el que se han construido más de 5.000 viviendas ilegales con el total consentimiento, cuando no expreso apoyo, de los distintos gobiernos municipales”, se queja Ecologistas, que añade que “los que tanto invocan que hay que cumplir las leyes y las sentencias judiciales, cuando se trata de edificaciones ilegales, ni aplican las leyes y normas urbanísticas, ni cumplen las sentencias judiciales”.
Termina reflexionando la asociación denunciante que “a lo mejor hemos entrado en una nueva era, en la que las leyes y normas urbanísticas se cumplen. O se está propagando una epidemia de ‘cumpliditis’ de sentencias judiciales. A ver si es verdad; para ello habría que ordenar la demolición de las miles de edificaciones ilegales existentes”.
