La estigmatizada barriada José Antonio, en El Puerto de Santa María, comienza a desaparecer esta semana. Desde este lunes día 10, está previsto la demolición de los primeros bloques. En concreto, esta primera fase se centra en uno de los cuatro edificios que componen la barriada: los portales 2, 3 y 4 de la plaza de la Esperanza, con 24 viviendas.
Detrás de esta demandada operación está la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que ha adjudicado estos trabajos a Derribos Sur por unos 40.000 euros.
A este primer derribo se llega una vez que se ha conseguido salvar una serie de inconvenientes técnicos originados por un tendido eléctrico que discurría a lo largo de la fachada de los inmuebles que van a ser demolidos. La colaboración entre Junta, Ayuntamiento y Endesa ha permitido el desvío de dicha línea y el inicio de los trabajos, que se prolongarán durante dos meses.
El bloque objeto de la demolición se encuentra totalmente desalojado, mientras que en los tres edificios restantes de la barriada, situados en las calles Pasteur, Doctor Fleming y Cervantes, aún quedan viviendas ocupadas por sus titulares y por familias que residen de forma ilegal en las mismas, al no ser las adjudicatarias, con quienes la consejería continúa conversaciones para que los propietarios cedan sus títulos y los que la ocupan las casas ilegalmente las abandonen de forma voluntaria, ello a fin de posibilitar la demolición del resto de la promoción, que en su totalidad está compuesta por 96 viviendas.
Con la demolición total de las viviendas de José Antonio (aún sin fecha) desaparecerá una barriada construida en 1957, que a lo largo de los años ha venido soportando un fuerte deterioro de las viviendas y serios problemas de convivencia entre el vecindario, en gran parte a consecuencia del desarrollo de actividades ilícitas (venta y consumo de drogas, principalmente) en su entorno.
LA INTERVENCIÓN ESTÁ CONVENIADA DESDE PRINCIPIOS DE SIGLO
La operación de derribo que se inicia ahora supone un paso más dentro de las actuaciones previstas en el acuerdo que firmaron en 2002 la Junta y el Ayuntamiento para intervenir en la zona con un plan especial de reforma interior, que contemplaba la construcción de 125 viviendas por parte de la administración regional y otras 65 por el Consistorio en el ámbito conocido como Santa Clara, colindante con la barriada de José Antonio. También se preveía la reurbanización y reordenación viaria de la zona.
La promoción levantada por la Junta está ya ocupada por familias que residían en esta problemática barriada y que eran propietarias de los inmuebles, junto a otras seleccionadas por el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, según una serie de requisitos acordados por una comisión constituida por representantes de la Junta, el Ayuntamiento, vecinos y dirigentes de movimientos sociales. La administración local también construyó años atrás sus 65 viviendas comprometidas en el acuerdo.
“UN MENSAJE DE ILUSIÓN Y ESPERANZA PARA LA ZONA”
Aprovechando los primeros trabajos de derribo, desde el PSOE local se señala que supone “un paso esencial de cara a la recuperación y dignificación de esta importante zona de la ciudad, tal y como se comprometió nuestro alcalde, David de la Encina”.
La socialista María Eugenia Lara, actual concejala de Urbanismos, hace hincapié en que desde su formación “hemos estado trabajando para dar cumplimiento a nuestro compromiso de que esta barriada dejara de ser un problema de convivencia social y poder dar a sus vecinos una mejor calidad de vida”; y añade que “hoy, con este primer derribo, debemos congratularnos y lanzar un mensaje de ilusión y esperanza para la zona”.
El PSOE portuense también pone en valor la implicación de la Junta, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), en el objetivo de iniciar “la recuperación y dignificación del barrio”.
“A esta actuación debemos sumar la importante obra realizada por el Ayuntamiento en la zona del cementerio, con la construcción de dos glorietas que han permitido mayor fluidez en el tráfico, además de aportar estéticamente una mejor imagen a esta zona de la ciudad”, sentencia Lara.
LEVANTEMOS RECUERDA QUE QUEDAN TRES BLOQUES Y LA INTERVENCIÓN SOCIAL
Mientras, Levantemos El Puerto dice alegrarse del derribo de un bloque de Jose Antonio, pero se pregunta: “los otros tres ¿para cuándo?”.
La agrupación de electores considera que, al respecto, es necesario poner en cuestión varios asuntos. “En primer lugar, analizar el momento elegido para derribar el primero de los bloques, justo a las puertas de dos elecciones, cuanto menos curioso”. Además, para el comienzo de las obras “se podían observar en las inmediaciones a prácticamente todos los concejales del Gobierno queriéndola inaugurar, haría falta recordarles que hay mucho que hacer aun en la ciudad como para que se vayan todos y todas a observar como tiran el bloque”.
En segundo lugar, Levantemos recuerda a los responsables de la Junta y al equipo de Gobierno municipal de PSOE-IU que el derribo de este bloque “no se lo deben atribuir como un éxito, ya que aun quedan tres bloques más en pie y a todas luces en iguales o peores condiciones que el que están derribando”.
También, en tercer lugar, se señala que en los pisos nuevos que construyó la Junta de Andalucía “hay más de 2.000 metros cuadrados de galerías comerciales en los bajos de los edificios que llevan años cerradas”. Y, en cuarto lugar, se hace hincapié en el también anunciado plan de intervención social con las familias de la zona denominada ‘Barrio de la Esperanza’, “del que por ahora no se sabe nada pese a tener un partida presupuestaria de 100.000 euros disponible en el presupuesto desde 2016”.
“Debemos evitar –termina reflexionando este partido de la oposición- que se vuelva a repetir las mismas causas que durante varias décadas ha provocado el sufrimiento de tantas personas e implementar medidas preventivas que den respuestas a los graves problemas socioeconómicos que padecen numerosas familias; una muestra de esta realidad es que en estos días más de 20 familias del edificio nuevo han recibido notificaciones judiciales por impagos que podrían terminar en desahucios si la Junta los lleva hasta sus últimas consecuencias”.
