Ciudadanos en el Ayuntamiento de El Puerto se ha preguntado para qué sirve la Oficina de Intermediación sobre Desahucios abierta por el Consistorio en el presente mandato, ya que entiende que no aporta soluciones. Desde la PAH se pide una rectificación y se aclara que la OID “es un servicio serio y profesional que sólo en los tres meses de 2017 ha atendido ya a más 100 familias porque la demanda va aumentando”. Al tiempo, subraya que más allá de su labor “es imprescindible la actuación política”.
Ciudadanos en el Ayuntamiento de El Puerto se ha preguntado estos días para qué sirve la Oficina de Intermediación sobre Desahucios (OID) abierta por el Consistorio en el presente mandato, ya que entiende que no aporta soluciones a los afectados. Son impresiones de la portavoz municipal de la franquicia del partido de Albert Rivera, Silvia Gómez, a raíz de que tres ediles del equipo de Gobierno viajaran a Sevilla para negociar con Adif la solución para un inminente desalojo en la barriada de La Vid.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de El Puerto, que colabora con esta oficina municipal, no han tardado en responder a dicho partido de la oposición, heredero de Independientes Portuenses, lamentando profundamente unas declaraciones que “se centran en lanzar injurias de forma intencionada, más propias de argumentos mediocres que de un comunicado serio de una agrupación política”. Ya se ha solicitado una reunión con Gómez para exigirle una rectificación pública de las “calumnias” vertidas.
Desde la PAH se recuerda en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que la Oficina de Intermediación sobre Desahucios está formada por dos profesionales cualificadas para prestar asesoramiento de forma técnica y jurídica sobre reclamaciones de cláusulas suelos, ejecuciones hipotecarias, desahucios por alquiler, ocupaciones de viviendas, etc. Así como para intermediar y negociar de forma permanente, tanto con la administración pública como con las entidades financieras y bancarias, para evitar cualquier desalojo o desahucio.
“Llama la atención que la edil Silvia Gómez, teniendo tanto interés sobre la función de la OID, no acudiera a la presentación pública de la memoria, a la que fue invitado su grupo municipal, para exponer e informar de todo el trabajo realizado y los casos solucionados durante el año 2016”, se apostilla. La OID, se insiste, “es un servicio serio y profesional que sólo en los tres meses de 2017 ha atendido ya a más 100 familias porque la demanda de este servicio va aumentando”.
“ES IMPRESCINDIBLE LA ACTUACIÓN POLÍTICA CUANDO NO QUEDA OTRA SALIDA”
En cuanto al caso de desahucio abortado días atrás con la mediación directa del bipartito, la PAH además de mostrar su alegría por el hecho de que la joven Nazaret y su familia finalmente pueda permanecer en la vivienda que ocupa y Adif haya cedido a negociar un alquiler, dice no entender que se haya hecho sufrir de esta manera a esta familia hasta última hora “cuando esta situación se había puesto en conocimiento muchos meses antes”.
Al respecto, desde la OID se estuvo atendiendo este caso desde septiembre de 2016, asesorando jurídicamente y acompañando a la afectada al juicio que tuvo por la denuncia que Adif interpuso contra ella. “Establecimos negociación con Adif, así como con la concejalía de Vivienda, reafirmándonos en todo momento la negativa a negociar con ‘ocupas’”. Las trabajadoras de la Oficina incluso mantuvieron una reunión con la concejala de Vivienda, Matilde Roselló, ya a finales de octubre para tratar el desahucio de esta familia y la posibilidad de establecer convenio con Adif para la cesión de viviendas vacías.
No obstante, se lamenta, “la voluntad política estuvo adormecida entonces hasta que el caso salió en los medios de comunicación. Esto muestra que el equipo de Gobierno sólo parece interesarse por los desahucios que salen en prensa para sumarse a un rédito político sin haberse implicado en los más de 300 casos de familias que se han atendido ya en la OID desde que empezó a funcionar”.
La PAH reconoce que la Oficina de Intermediación sobre Desahucios, “como todos los servicios sociales, tiene unos límites legales y de actuación por lo que es imprescindible la actuación política y la voluntad del equipo de Gobierno cuando no queda otra salida”. Y por ello espera “seriedad y voluntad política” para el resto de casos “con los que trabajamos todos los días”.
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