El PP en el Ayuntamiento de El Puerto ha advertido de que “la política de hechos consumados” que conforman las decisiones tomadas por el tripartito sobre la controvertida zona naranja “son más que cuestionables desde el punto de vista jurídico”. La derecha entiende que en la supresión “a toda prisa” de esta medida de cara al pasado verano, el nuevo Ejecutivo “adoptó dos actos administrativos que plantean bastantes dudas sobre su conformidad a derecho”. E insiste en que todavía no se conocen las consecuencias económicas del rescate del servicio.
El PP en el Ayuntamiento de El Puerto ha advertido de que “la política de hechos consumados” que conforman las decisiones tomadas por PSOE, Levantemos e IU sobre la controvertida zona naranja “son más que cuestionables desde el punto de vista jurídico. No descartamos por tanto impugnarlas en sede judicial”.
En este sentido, la derecha, que impuso junto al PA esta medida de pagar por aparcar en zonas de la costa portuense en verano, ordenanza rechazada por muchos vecinos y visitantes –incluso se creó una plataforma que llegó a sumar más de 13.000 firmas exigiendo su retirada- y suprimida por el nuevo equipo de Gobierno, sostiene que “el tripartito en su afán de realizar política de hechos consumados, sin contar con los funcionarios ni dar participación a la ciudadanía, adoptó nada más llegar al poder dos actos administrativos que plantean bastantes dudas sobre su conformidad a derecho”.
Recuerda el portavoz popular y exalcalde, Alfonso Candón que en la Junta de Gobierno Local del 29 de junio se propuso la suspensión esta zona naranja en las bolsas de aparcamiento y diversas calles adyacentes a las playas de Valdelagrana, las Redes y el Ancla. Dicha suspensión que votaron por unanimidad los miembros del Gobierno municipal “se hizo como es habitual en el tripartito, por política de hechos consumados, sin informe de Secretaria General ni de Intervención”, insiste.
Por ello, desde el ahora principal partido de la oposición entienden que “se podrían estar saltando el procedimiento administrativo, ya que, la suspensión se hizo con la propuesta del concejal sin que ningún informe le diera base legal ni económica”. Dicho texto justificaba la suspensión en una “causa extraordinaria”, que se concretaba en que el “tripartito llevaba poco tiempo y tenía que tomar decisiones rápidas”.
Añade el exalcalde en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que el nuevo Ejecutivo “no contento con acordar esta suspensión a toda prisa”, un día antes de que el servicio público entrara en vigor durante el pasado verano, “sin garantías económicas sobre el alcance real de su coste”, se llevó a pleno y se aprobó la derogación Inicial de la ordenanza número 40 que regula la zona naranja.
El PP repite que “la propuesta del Gobierno carecía de informe de Intervención que determinara cuánto va a costarle a los portuenses que no haya zona naranja, cuánto va a tener el Ayuntamiento que pagar a Impulsa, cuáles son las consecuencias económicas del rescate del servicio en el plan de ajuste y cuáles son las consecuencias económicas para la viabilidad de Impulsa”.
“No sólo eso, sino que ni siquiera después de estos tres meses han procedido a contestar las alegaciones realizadas por los vecinos afectados. Estamos por tanto esperando a que incluyan en el orden del día del pleno la derogación definitiva de la ordenanza 40”. Una derogación que, a decir de Candón, la propia empresa municipal Impulsa “sitúa en 1,5 millones de euros de perjuicio económico e indemnización total del rescate del servicio concesionado a la sociedad municipal”.
Además de todo ello, este concejal popular interpreta que la supresión de la zona naranja este verano “ha causado un grave perjuicio a la ordenación del tráfico de Valdelagrana y Costa Oeste, convirtiéndose en territorio frecuentado por gorrillas y coches ventosa que acaparaban los estacionamientos impidiendo la rotación en las zonas de aparcamiento frente a los comercios”. Unos barrios “especialmente afectados por la llegada masiva de veraneantes y que, sobre todo Valdelagrana, han sufrido el abandono del nuevo Gobierno municipal con un verano caótico en el tráfico, en el suministro de luz y de recortes en actividades como la Feria de Valdelagrana”.
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